China: Se mantiene la mano dura

Rafael Cañas

EFE | LA PATRIA | Pekín

La detención y expulsión del partido del antaño poderoso Zhou Yongkang, un antiguo ministro de Seguridad acusado de corrupción, ha simbolizado mejor que cualquier eslogan del Ejecutivo o del Partido Comunista de China (PCCh) la campaña lanzada hace dos años por el presidente, Xi Jinping, para intentar limpiar la administración.

Al lanzar su campaña, Xi aseguró que iría por igual contra "tigres y moscas" y Zhou, también un antiguo miembro del Comité Permanente del Partido, es con mucha diferencia el tigre de mayor calibre que se ha cobrado la cacería.

Su caso supera incluso en relevancia al de Bo Xilai, exdirigente de la rica región de Chongqing que fue condenado a cadena perpetua en 2013 por corrupción y abuso de poder.

También en este año se produjo la caída en desgracia de Xu Caihou, número dos de las Fuerzas Armadas hasta 2012 que fue expulsado del Partido y sigue pendiente de juicio, y de quien un medio de Hong Kong informó que fueron necesarios diez camiones militares para sacar de su casa las toneladas de billetes, joyas y objetos decorativos que atesoraba.

Persecución

Además, China ha intensificado su campaña para que fugitivos buscados por delitos económicos que han huido al extranjero se entreguen de forma voluntaria, mientras que negocia con los países de refugio la entrega de los renuentes a retornar.

Pero la firmeza de las autoridades se ha mantenido también en el campo de los derechos humanos. Por ejemplo, el movimiento Nuevo Ciudadano ha sido perseguido este año por impulsar una campaña para pedir a los líderes que publiquen su patrimonio como medida anticorrupción.

Entre otros miembros del grupo, Xu Zhiyong recibió una condena de cuatro años de cárcel, mientras que a Ding Jiaxi le cayeron tres años y medio, por el delito de "alteración del orden público".

La política de firmeza se ha mantenido también en Hong Kong, donde la reforma electoral aprobada el 31 de agosto estableció el sufragio universal para los comicios locales de 2017, pero con solo dos o tres candidatos que serán seleccionados previamente por un comité controlado por Pekín.

Con esa decisión, el Gobierno central ignoró la masiva manifestación democrática que tuvo lugar el 1 de julio en Hong Kong (más de 500.000 personas según los organizadores), y luego siguió desoyendo las protestas democráticas que comenzaron en septiembre y continuaron con la ocupación pacífica de varias zonas de la ciudad.

En lugar de reprimir la protesta, el Gobierno chino actuó con astucia y prefirió aguantar el chaparrón y esperar a que la ocupación fuera perdiendo fuelle, asegurando que se limitaba a cumplir la legalidad, mientras que las decisiones de los tribunales locales que ordenaban despejar ciertas zonas acabaron progresivamente con las zonas ocupadas.

Duro reto

Las protestas democráticas de Hong Kong han sido de los mayores retos políticos que ha enfrentado el régimen comunista desde la represión de Tiananmen, de la que precisamente se cumplieron 25 años en junio, en medio del mutismo oficial.

El año que se cierra ha visto también un agudo aumento de la violencia en la provincia noroccidental china de Xinjiang, con numerosos ataques de los que solo informan los medios oficiales, y que Pekín atribuye a islamistas violentos de la etnia uigur que buscan crear una república islámica independiente.

Varios cientos de muertos en ataques de todo tipo y numerosas sentencias de muerte contra convictos por la autoría de los atentados es el sangriento resultado.

Además, Ilahm Toti, un catedrático uigur de una universidad de Pekín, fue condenado a cadena perpetua por promover el separatismo en Xinjiang, aunque sus defensores afirman que solo buscaba el entendimiento entre los distintos grupos étnicos.

Procesos

En conjunto, y según datos de la Fiscalía Popular Suprema, en los primeros nueve meses del año se procesaron 21.652 funcionarios por presunta corrupción, con veredictos en 13.437 casos, de los que hubo 13.424 sentencias de culpabilidad y solo 23 de inocencia.