EFE | LA PATRIA | BUENOS AIRES
Argentina asumió ayer la presidencia semestral del Mercosur en un momento marcado por el polémico cese de Venezuela como miembro del bloque y con unas prioridades que pasan por relanzar el organismo y avanzar en las negociaciones de un tratado comercial con la Unión Europea.
Los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay -países fundadores del bloque en 1991- celebraron ayer en Buenos Aires la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC), en una rocambolesca jornada marcada por la insistencia de la ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, de asistir al encuentro, al que no fue invitada y se le prohibió entrar.
"Si insisten en que no participe en la reunión nos meteremos por la ventana, porque vinimos a defender los derechos de Venezuela", subrayó por la mañana la canciller en declaraciones a la prensa y luego de reunirse con su par argentina, Susana Malcorra, quien le pidió que se abstuviera de presentarse en la cita.
Después de la reunión de los cancilleres, la ministra de Argentina reconoció que Venezuela no había sido invitada a la cita tras haber sido cesada en el bloque a principios de mes, y añadió que el diálogo con Rodríguez había sido franco a partir de las enormes diferencias.
Esta fue la primera reunión ministerial después de que, el pasado 2 de diciembre, el Mercosur comunicara a Venezuela que cesaba de ejercer sus derechos inherentes como Estado parte, por haber incumplido el Protocolo de Adhesión, aun pese a estar ejerciendo la presidencia rotativa en ese momento.
Venezuela, que se adhirió oficialmente al bloque en 2012, reitera que esta situación es ilegal ya que según el Gobierno de Nicolás Maduro el país se ha incorporado a un 95% de la legislación que los Estados deben cumplir para su adhesión
Aunque es habitual que el traspaso de la presidencia se realice en una tradicional cumbre de presidentes, en este caso, la situación con Venezuela desencadenó en que se realizara en un encuentro del CMC, órgano encargado de la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar que se cumple la normativa.
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