EFE | LA PATRIA | MANAGUA
Amnistía Internacional (AI) culpó al Gobierno de Daniel Ortega de implementar y mantener una estrategia de represión "en ocasiones intencionalmente letal" y elevó a 83 el número de muertos durante la crisis sociopolítica en Nicaragua.
Según el informe Disparar a matar, presentado ayer por esta organización en Managua, "existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta".
De acuerdo con el estudio, "no solo se privó arbitrariamente de la vida durante la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones".
"Estamos frente a una política sistemática de represión violenta por parte de las autoridades del Estado contra los manifestantes", indicó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
Pese a que la sociedad nicaragüense deposita sus esperanzas en la reanudación del diálogo nacional, todavía sin convocar, la directora de AI mostró su desconfianza con la postura del Gobierno.
El informe presentado ayer fue realizado en Nicaragua por un equipo de expertos de Amnistía Internacional entre el 4 y el 13 de mayo pasados "para investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos" en las ciudades de Managua, León, Ciudad Sandino y Estelí.
La misión realizó 30 entrevistas personales, y el estudio y documentación de 16 casos, 9 de ellos de personas fallecidas.
Durante su investigación, la organización humanitaria internacional identificó, entre otros, un discurso de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, la estigmatización pública por parte del Gobierno hacia los manifestantes, y la utilización de grupos parapoliciales.
El estudio también coincide con la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en graves denuncias como el uso excesivo de la fuerza de la Policía y antimotines, la ejecución de personas, los actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación y la denegación de la atención médica en los hospitales.
Entre las evidencias encontradas por la organización humanitaria se encuentran la localización de disparos en cabeza, cuello y tórax y los actos de encubrimiento y obstaculización de las investigaciones mediante omisión de exámenes médicos, la falta de exhaustividad en el tratamiento de las pruebas o los obstáculos al acceso a la justicia.
"Dejen de matar a los estudiantes y los jóvenes, porque son el futuro del país y los están matando como a perros", indicó la activista nicaragüense Bianca Jagger durante la presentación del estudio.
Esta situación tiene un paralelismo con la experimentada por los nicaragüenses en 1979 durante la dictadura de Somoza, pero a juicio de Jagger "tal vez los Ortega sean peores que los Somoza".
Para la activista, la única solución para poner fin a esta crisis pasa por la salida de Ortega y Murillo y "unas elecciones libres, gozar de libertad y tener respeto a los derechos humanos, en definitiva, una democracia".
Destacado
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua elevó ayer a 85 el número de muertos, dos más que AI, y a 997 los heridos durante la crisis sociopolítica que atraviesa este país centroamericano desde el 18 de abril.
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