
MARTA HURTADO
EFE | LA PATRIA | GINEBRA
La situación de unos 5 millones de ucranianos que viven en el este del país es desesperada. La decisión gubernamental de cancelar todos los servicios sociales llevó a la ONU a solicitar ayer a Kiev que restablezca su presencia efectiva en los territorios rebeldes.
"Mucha gente, incluyendo aquellos que están retenidos contra su voluntad en áreas bajo control de los grupos armados, tienen problemas reales para sobrevivir", alertó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.
"El Gobierno de Ucrania sigue siendo responsable de proteger los derechos humanos de todos los ucranianos, incluyendo el derecho a la salud, la educación, y la seguridad social en todo el territorio, inclusive en áreas que no controla totalmente. Invitó al Gobierno a considerar minuciosamente el impacto humano de su decisión".
Estos comentarios de Zeid se incluyen en el comunicado de prensa que su Oficina ha distribuido en paralelo a la publicación del octavo informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania.
El informe recuerda que los rebeldes prorrusos organizaron unas "elecciones" el pasado 2 de noviembre en las áreas bajo su control, y el Gobierno ucraniano respondió anulando todos los servicios que provee el Estado en las zonas en conflicto.
El texto recuerda que esta decisión ha exacerbado la situación de vulnerabilidad de las personas en el este, dado que han desaparecido servicios esenciales como la salud, la educación y la asistencia social.
El Gobierno dio de plazo hasta el 31 de diciembre para que las personas que viven en zona rebelde se inscriban en zonas controladas por el Estado para poder obtener dichos servicios.
El director de la Oficina para las Américas, Europa y Asia Central, Gianni Magazzeni, explicó que muchas personas no quieren abandonar los territorios controlados por los rebeldes, pero que muchas otras, "simplemente no pueden".
"Hay que entender que las personas están atrapadas contra su voluntad. Que los rebeldes les impiden salir, huir. Nosotros sabemos que mucha gente querría abandonar dichas áreas pero no pueden, están retenidos como rehenes", explicó Magazzeni.
Se incumplió acuerdo de Minsk
Con respecto a la situación en general, el informe recuerda que lo establecido en el Protocolo de Minsk del 5 de septiembre y que tenía que servir como base para una resolución pacífica del conflicto no se ha cumplido.
Es por ello que desde el 6 de septiembre la Oficina ha contabilizado 1.357 muertes.
"La desaparición de la ley y el orden, así como la violencia y los enfrentamientos en las regiones del este, exacerbadas por un influjo de sofisticado armamento pesado, y de combatientes extranjeros, incluyendo algunos de la Federación Rusa, tienen un impacto directo en todos los derechos humanos fundamentales, incluyendo seguridad, libertad, bienestar", indica el informe.
El texto recuerda que el Gobierno de Ucrania llevó a cabo los principales pasos legislativos, como establecer una amnistía y decretar una ley sobre el estatus especial de las regiones del este, aunque después se retractó de ellas.
Mientras, los grupos armados no implementaron ninguno de los puntos del Protocolo y han establecido unas semiinstituciones que no cumplen con ningún requisito bajo la ley internacional.
La ONU tiene un equipo compuestos por 35 observadores de derechos humanos que, cuando la seguridad lo permite, ingresan en territorio rebelde para investigar lo que sucede allí, algo que sucede en contadas ocasiones.
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El número oficial de desplazados internos en el país asciende a 555.000, de los cuales 19.800 provienen de Crimea.
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Desde que comenzó el conflicto a mediados de abril hasta el 12 de diciembre se han contabilizado 4.707 decesos y 10.322 heridos.
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