LA PATRIA| MANIZALES
En la historia que leerá a continuación encontrará un proceso que se llevó por el delito de acoso sexual agravado, cuya pena máxima es de 3 años.
No olvide, sea hombre o mujer, dirigirse al recuadro de esta nota, donde le enumeramos pautas para identificar a un posible acosador, esta vez dentro del trabajo. Quizá le sirva para ponerle freno a esa situación.
A Samuel Vargas Montes, supervisor de la Empresa de Seguridad Nápoles y jefe inmediato de la afectada, le dieron una pena de 16 meses por acosar a su subalterna entre marzo y octubre del 2017.
La víctima y el victimario prestaban sus servicios para la Universidad de Caldas, en el área de monitoreo. La Fiscalía narró que el sujeto abordó en dos oportunidades a la mujer, llevándola hasta el punto ciego de la cámara, donde empezó a manosearla, al tiempo que la trataba de besar. Le decía: Déjese querer, que eso no le hace daño”.
Se originó un pequeño forcejeo entre ambos, hasta que la agredida logró soltarse para regresar a su puesto de trabajo. Durante los siguientes días Vargas Montes no perdió oportunidad para acercarse a la subalterna y con el pretexto de “tener desabrochado el botón de la camisa”, le tocaba sus senos, hasta que de nuevo la volvió a arrinconar, tratando de besarla y de acariciarla.
"Soy muy conocido dentro de las empresa de vigilancia y si llega a decir algo de lo que está pasando o de los acosos, me encargaré de que no la vuelvan a contratar", le expresó. Esto motivó a la mujer a denunciar, pues además la desprestigiaba con comentarios falsos en sus entornos laboral y familiar. El fallo de condena fue ratificado por el Tribunal Superior de Manizales.
"El acoso sexual se presenta de múltiples formas, pero las más notoria es el llamado quid pro quo, expresión que describe la situación de la empleada obligada a elegir entre acceder a unas demandas sexuales o perder algún beneficio a algo que le corresponde por su trabajo", anotó.
Este mismo hombre fue absuelto de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, por hechos de enero a marzo del 2018.
Fue cuando una guarda de seguridad, adscrita a la empresa Vigitecol, contratada para prestar sus servicios en las instalaciones de la sede central de la Universidad de Caldas, lo denunció porque supuestamente "la tocó y la accedió carnalmente, bajo amenaza de perder su empleo e incluso promover una contrademanda con la que ella perdería su libertad, de llegar a denunciar lo que estaba aconteciendo". Se demostró que fue un encuentro permitido, como se evidenció en fotos, audios y videos, según se lee en el expediente.
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