LA PATRIA | MANIZALES

La cárcel de Pácora funcionaría hasta el 31 de diciembre de este año, por decisión del nivel central del Inpec, en Bogotá. Así lo conoció LA PATRIA.

Este cierre se sumaría al ya ejecutado en el establecimiento de Aguadas. Tal como ocurrió allí, los internos y funcionarios serían reubicados, posiblemente en lugares cercanos.

La decisión también cobijaría a los centros penitenciarios de Garagoa, Zipaquirá, Purificación, Sabanalarga, Corozal y Armero Guayabal. A sus directores les ordenaron no recibir más internos, ni celebrar convenios o contratos de trabajo, según documento del pasado 13 de septiembre, conocido por este medio.

Así las cosas, los 79 detenidos de la cárcel de Pácora serían trasladados a cárceles donde haya cupos. Durante la pandemia, este lugar ayudó a descongestionar estaciones de Policía, al recibir detenidos del Eje Cafetero.

El terreno es del Inpec. Entre 2017 y 2019 la Uspec invirtió al menos $240 millones para mejoras. Entre 2020 y lo que va de este año, $140 millones en otras adecuaciones.

Razones

Según lo averiguado, la decisión se da por un estudio que adelantó el Inpec y que demuestra problemas de infraestructura, como el caso de Aguadas, donde arreglar el daño de la edificación es más costoso que el predio; por hacinamiento, entre otras situaciones.

Ahí se decidieron los cierres, pues el mantenimiento no soluciona la situación. A los funcionarios les darán opciones de reubicación. Por ahora no piensan cerrar más cárceles en Caldas.

Las ocho cárceles de Caldas tienen capacidad para 2 mil 784 internos, pero en el momento albergan a 3 mil 279 internos, es decir tienen una sobrepoblación de 495 personas.

17,8% es el hacinamiento en las cárceles de Caldas.

La anterior cárcel de Pácora se ubicó en el parque principal, hasta 1985, cuando fue demolida. Era de bareque.

Desde la dirección

Foto| LA PATRIA

Nelson Guillermo Cortés Zuluaga, director del establecimiento, indicó que es muy preocupante la situación, sumada a lo que ya pasó con Aguadas.

Contó que con escritura pública 1732, del 31 de agosto de 1977, el Municipio cedió a favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia un lote de terreno con el fin de que lo destinara para la construcción del edificio de la cárcel municipal. El 11 de diciembre de 2000, el Fondo lo traspasó al Inpec.

“El bonito y bien cuidado edificio tiene un área de 2 hectáreas aproximadamente, con excelentes locaciones, áreas de estudio, taller, cancha múltiple y un área sin construir donde fácilmente se puede ampliar la capacidad en 150 o 200 cupos, lo que solucionaría en parte el grave fenómeno de hacinamiento”, dijo.

Explicó que el puesto de información está recién construido, lo mismo que la zona covid.

“Después de la pandemia puede ampliarse el cupo en 30 personas. La zona de talleres posee buena maquinaria y gran desarrollo de recursos para privados de la libertad. Hay zonas educativas con convenio con Normal Superior San José, con 3 profesoras permanentes. Tenemos cancha múltiple. A esta cárcel se le han ejecutado recursos en mantenimiento, infraestructura, cerramiento, pintura que, con el cierre y desperdicio, se podría configurar un inmenso detrimento patrimonial”.

Por último, anotó que la supresión del establecimiento llevaría a la ruptura familiar, infringiendo en los internos y sus allegados otro lacerante castigo con el alejamiento.