JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

Declarar responsable a la Superintendencia de Sociedades, condenarla e indemnizar a varios integrantes de la familia de Luis Roberto Rivas por el daño emergente, por el daño moral, y hasta ofrecer disculpas por el daño antijurídico.

Esta fue la decisión que tomó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca en contra de la Súper, luego de la demanda de reparación directa que pidió la familia.

Aunque se trata de una decisión en primera instancia, el fallo empieza a generar un reversazo de todas la actuaciones y del proceso que inició la Súper hace 13 años.

La demanda

El proceso se refiere al sonado caso que se presentó en Manizales contra la empresa Integramos, entidad que intervino en el 2009 la Supersociedades, ante la supuesta captación indebida de recursos, por lo que fue calificada como una pirámide, que pagaba onerosas tasas de interés a los participantes (ver recuadro: algo historia). De la empresa fue socio el exalcalde de Manizales y actual gerente de la Licorera de Caldas, Luis Roberto Rivas.

Sin embargo, en medio de ese caso que se cerró y en el que se devolvió el dinero a los afectados, la familia Rivas presentó una demanda en el 2019, al considerar que se cometió un error judicial.

Lo anterior teniendo en cuenta que en dicho proceso de intervención, la Súper tomó parte de los bienes de algunos socios que no eran producto de la captación para pagarles a los afectados.

Por ello, el reclamo de la familia fue que se trató de un atropello, ya que la plata que se le tenía que devolver a los afectados debía provenir de entidades como Almacenes de Depósito Agrario (Almagrario) por ser el encargado de recibir esos dineros, y por no hacerle los cobros efectivos a entidades como Ecocafé, empresa exportadora de café, que también se intervino.

La decisión

En el fallo se habla de una indemnización por cerca de $14 mil millones e incorpora daño emergente y daño moral, proveniente de los bienes que les aprehendieron y con los cuales les pagaron las acreencias a las personas que concurrieron en el proceso ante la Supersociedades.

Allí se incluyen unas partidas por daño moral, que asciende a unos 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalente a unos $100 millones por cada uno de los demandantes.

En la sentencia se le ordena a la Supersociedades ofrecer ofrecerles disculpas a cada uno de los demandantes de la familia Rivas.

Dice además que se deberá coordinar con cada uno de los afectados si es suficiente con el documento personal o si además debe publicarse en las plataformas de difusión y comunicación.

LA PATRIA llamó a la Supersociedades para conocer su posición y si iba a apelar el fallo, pero al cierre de esta edición no había emitido una respuesta.

Bien el fallo, pero falta

Lorenzo Calderón, apoderado de la familia Rivas, sostuvo que recibe con beneplácito la sentencia, no obstante lo cual aclaro que se trata de un fallo en primera instancia, que puede ser apelado por la Superitendencia de Sociedades. De ser así, será objeto de análisis en el Consejo de Estado.

"Han sido 13 años de angustia para la familia Rivas que encuentra en el instituto de la reparación de perjuicios y de la responsabilidad del Estado una fuente para hacer justicia frente a una clarísima desviación del Estado, cuando intervino todos sus bienes y haberes", sostuvo.

Algo de historia

* El caso contra Integramos y las compañías Frutales La Cosecha y Suinversión, de Cali, comenzó en enero del 2009, después de que la Superfinanciera encontró méritos para intervenirlas.

* Un mes después, la Súper ordenó tomar posesión de bienes, haberes, negocios y establecimientos de comercio de las tres compañías y de 16 personas naturales.

* Entre ellos figuran Pedro Ignacio Velasco Laverde, representante de Frutales; además de Luz María y Felipe Rivas Montoya, hermanos del exalcalde Luis Roberto Rivas.

* En marzo del 2009 se tomó posesión de la estación de servicio Texaco y Gazel en la Avenida Kevin Ángel, propiedad de Beatriz Velásquez, esposa de Felipe Rivas.

* Igual sucedió con el almacén Sport 23 de Jaime Orozco Zuluaga, exmiembro de la junta directiva de Integramos, y padre de Luisa Fernanda Orozco, exrepresentante legal de la empresa.

* En mayo del 2009 se ordenó la toma de varios lotes de la familia Rivas en la vereda El Rosario.

* La última toma fue en agosto del 2009, de bienes del exalcalde Rivas y de Luisa Fernanda Orozco.

* Unido a este caso se inició un proceso penal por el delito de captación masiva y habitual de dineros, y lavado de activos. El proceso lo llevaba la Fiscalía 19 seccional del circuito de Manizales.

* En noviembre del 2009 la Fiscalía General reasignó el caso y se lo llevó para Bogotá.

* En diciembre del 2010 la Súper indicó que el exalcalde y Orozco, ex miembros y socios de Integramos, seguirían incluidos en el proceso.

Las deudas

En el 2015 el agente interventor del proceso, Luis Fernando Arboleda, le confirmó a LA PATRIA que ya todo estaba listo para presentar a la Superintendencia de Sociedades el plan de pagos para que la Súper citara a audiencia y definiera si aprobaba o no el proceso. Con base en ello comenzarán los pagos de esta captadora, cuyas reclamaciones aprobadas fueron de $9 mil 492 millones.

Entre los afectados se incluyeron empresas como la fundaciones Batuta, la Fundación Alejandra Mejía Vélez Los Olivos y el Fondo de Empleados de Frigocentro.

Un chicharrón

En el 2012, durante una visita a Manizales el entonces Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera, reiteró la complejidad del caso, y aseguró que se trataba de un "chicharrón más complejo que el caso de los Nule, con muchos componentes, y gente importante involucrada tanto de manera activa, como pasiva".