MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Desde su óptica como abogado, el diputado liberal Jorge Hernán Aguirre interpreta la situación de la elección de contralor de Caldas, suspendida 12 veces hasta ahora por demandas judiciales, y las consecuencias que esto podría traer para la Asamblea Departamental.
Argumenta que la mayoría de por lo menos 35 tutelas contra esta elección las ha ganado la Asamblea o han sido falladas improcedentes, y las que no, han ordenado es modificar aspectos como el cronograma para darles más tiempo a los aspirantes por posible vulneración a derechos fundamentales.
Hay otras acciones presentadas, como una de revocatoria directa que interpuso una ciudadana solicitando a la Mesa Directiva de la Asamblea revocar la resolución con la que convocó a la elección de contralor el 6 de septiembre del 2021, pero no accedió.
Otra demanda en curso, indica Aguirre, es una acción de nulidad simple, con la que no se discute el derecho o el interés de una persona determinada, si no que tiene que ver es con anular un acto general, "y ahí pasan varias cosas".
1. Es un proceso largo.
2. Tiene doble instancia: una ante el Tribunal Administrativo de Caldas, y si la Asamblea apela al fallo de primera instancia la otra es ante el Consejo de Estado para decisión de segunda instancia. "Lo que evidencia que se va a demorar".
3. Es una acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que normalmente es de las más demoradas en sus actuaciones.
4. Esta demanda de nulidad simple fue presentada hace cinco o seis meses y el avance que ha tenido es poco. "Lo único que ha tenido en este tiempo es la admisión de la demanda tras su corrección, y el estudio y pronunciamiento de la medida cautelar, que fue la que salió la semana pasada a través de un auto que definió la suspensión provisional de la elección mientras va corriendo la demanda".
5. En una acción de nulidad simple es muy escaso que se suspenda un acto y también que se presenten medidas cautelares. "Pero en esta sí; además, para que se encuentre un auto de por lo menos 52 páginas donde se hace un barrido de alguna pruebas y análisis valorativo de ciertas actuaciones llama mucho la atención porque en pocas palabras y sin estar prejuzgando al magistrado, que no ha dictado sentencia, es casi un fallo".
Que la Asamblea apele ante el Consejo de Estado el auto con el que el magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas aprobó la medida cautelar de suspensión de la elección. Se desconoce cuánto tiempo pase en esta fase, pero se estima que por bien que le vaya a la Asamblea nada va a pasar hasta septiembre u octubre porque normalmente transcurren entre tres y cuatro meses para que el Consejo de Estado determine si está de acuerdo con el magistrado, y ahí el proceso sigue suspendido, o determina que debe seguir la demanda, pero levanta la suspensión y la Asamblea puede continuar la elección para después mirar qué sucede con la demanda.
- Los tiempos que se lleva en resolver una demanda de nulidad simple, no solo la apelación del auto de suspensión, sino los tiempos para resolver de fondo la demanda son extensos.
- Se puede poner en entredicho la seguridad jurídica de los actos que la Asamblea expide.
- Que haya un llamado de atención a las mesas directivas que la Asamblea ha tenido en los nueve meses que ha durado este proceso de elección, incluso sus 14 diputados podrían verse inmersos en un proceso disciplinario al comprobarse que actuaron por fuera del marco legal.
Sigue como contralor encargado de Caldas el subcontralor departamental, Diego Alejandro Tapasco López, que asumió el encargo el 1 de enero de este año. Tapasco López podría quedarse como contralor encargado por lo menos un año más, mientras el Tribunal Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado definen la demanda de nulidad simple. A su cargo está la vigilancia de la Administración Departamental y todas sus dependencias, los entes descentralizados del Departamento, hospitales, alcaldías, concejos y el control fiscal a los diputados.
* La convocatoria la abrió el 6 de septiembre la Mesa Directiva de la Asamblea de Caldas, siendo el diputado liberal Óscar Alonso Vargas presidente. Convocó a universidades acreditadas a presentar propuestas para aplicar y calificar la prueba de conocimientos y las hojas de vida. Solo se presentó la Universidad del Atlántico, que fue contratada por $16 millones para estas fases.
* La Asamblea abrió también inscripciones para al cargo, pero aún sin cerrarse el plazo un juez admitió una tutela y ordenó suspender la convocatoria. Fue la primera que paró el proceso.
* La prueba de conocimientos la presentaron posteriormente 49 aspirantes, y la superaron 25. Algunos reclamaron sobre los puntajes otorgados e hicieron serios señalamientos contra la U. del Atlántico y la Asamblea, rechazando la prueba, la calificación y las respuestas a los reclamos. Esto derivó en nuevas tutelas, suspensiones e incidentes de desacato.
* La U. del Atlántico también revisó antecedentes (hojas de vida) de los 25 aspirantes y emitió puntajes parciales entre los que habían quedado tres personas con los más altos. Esto no quedó en firme por nuevas reclamaciones y respuestas que no fueron de fondo como lo solicitaban.
* Se dijo que el diputado Vargas era amigo o familiar de los tres que iban punteando, lo que desmintió; además se afirmó que tenía una hermana que trabajaba en la Alcaldía de Barranquilla con cercanía a la U. del Atlántico, pero sostuvo que vivía allí pero era abogada de una empresa privada.
* El 1 de enero del 2022 asumió la nueva Mesa Directiva de la Asamblea, quedando como presidente el diputado conservador Mauricio Londoño, quien decide que la Comisión de Acreditación Documental de esa corporación es la que debe revisar las hojas de vida al tratarse de una elección, y que de allí saldría una calificación definitiva y la terna para elegir contralor.
* Londoño manifiestó que el contrato con la U. del Atlántico vencía el 31 de enero y que la Asamblea no lo renovaría ni un solo día más, pues el rector de esta institución le había pedido más plazo.
* Vinieron más tutelas y suspensiones. La Asamblea finalmente pudo revisar hojas de vida y al ponderar salió una terna conformada por Juan Carlos Pérez Vásquez, Luis Fernando Márquez Alzate y Rubén Darío Nieto Cuervo, a quienes pensaban entrevistar el 31 de mayo y de allí elegir al contralor para el periodo 2022-2025, pero nuevas tutelas con medida de suspensión volvieron a parar el proceso.
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