Pagará por la desaparición de un campesino en el 2002

LA PATRIA | MANIZALES

El Tribunal Superior de Manizales confirmó una sentencia de 18 años y 9 meses de prisión para el exparamilitar Jairo Alberto Arango Isaza, integrante del grupo del desmovilizado Ramón Isaza, jefe de la Auc del Magdalena Medio.

Lo sindicaron como coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, en concurso con secuestro simple agravado, cargos que admitió.

Los hechos se presentaron el 10 de agosto del 2002 en inmediaciones del casco urbano del corregimiento de San Diego (Samaná), aproximadamente a las 11:00 de la mañana.

Miguel Ángel Martínez Anzola estaba mercando en una tienda del sector, fue abordado por sujetos armados que lo condujeron fuera del establecimiento con destino a un cambuche de propiedad de grupos paramilitares, ubicado en un sitio denominado Torre de Venecia.

Nunca retornó, por lo que su hija, María Odilia, interpuso la denuncia por su desaparición. Se enteró, por comentarios de los lugareños, que lo habían asesinado hombres de Arango Isaza, alias Kalimán, comandante de las Autodefensas en ese corregimiento.

A Arango Isaza lo vincularon formalmente al proceso el 27 de febrero de 2017 para escucharlo en indagatoria, donde reseñó los hechos e indicó que fue obra suya y que quería acogerse a sentencia anticipada.

El 14 de febrero de 2020 el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada dictó sentencia condenatoria. La inhabilidad fue de 97 meses y 15 días. La multa, de $575 millones 358 mil, equivalente a 1.862 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2002.

La defensa apeló basada en que “Kalimán no dio la orden directa para que se perpetrara el homicidio, por lo que se esperaba una condena menor al aceptar los cargos”.

“Ahora es miembro de diferentes proyectos de resocialización y reparación de los afectados por el conflicto armado, por lo que reclamó que se le conceda un permiso para trabajar, a pesar de la condena”, indicó el abogado.

El Tribunal Superior explicó que la pena se estableció en el estricto cumplimiento que la legalidad impone, siendo agraciado con una disminución en la mitad de su monto. Lo del permiso de trabajo le corresponde a un juez de ejecución de penas y medidas.