LA PATRIA| MANIZALES

Una persona que comete un delito es una mientras lo hace y otra cuando se le viene encima una condena y el encierro.

En este caso que le contaremos el acusado, Víctor Alfonso Díaz Rodríguez, usó la violencia para hurtarle a su víctima, pero ahora que recibirá sentencia pide compasión y que le den domiciliaria. Asegura que su familia está a merced de la pobreza y depende exclusivamente de él. Esta es la historia.

Con cuchillo

El robo ocurrió el 30 de octubre del año pasado, a eso de las 10:30 de la mañana, en el barrio Solferino, cuando Víctor Alfonso abordó a un ciudadano que estaba dentro de un carro.

Lo golpeó en el rostro, sacó un cuchillo y le hizo varios lances. Posteriormente le robó el teléfono celular. Minutos después la Policía acudió a la casa del ladrón, ya identificado, y la mamá devolvió el equipo móvil.

El viernes pasado se cumpliría la audiencia concentrada, pero la defensora pública Ximena López Giraldo anunció que su protegido aceptaría cargos para recibir los máximos descuentos de ley. Anotó que la víctima del hurto ya fue indemnizada con $500 mil, situación que el afectado confirmó durante la diligencia.

La pena sería de 12 meses, dijo ella, por lo que pidió para Víctor Alfonso la domiciliaria como hombre cabeza de hogar.

Compasión

La defensora enumeró una serie de necesidades de la familia del procesado, que requiere de su apoyo económico en el hogar. Contó que Víctor Alfonso vive con su mamá, su compañera sentimental y su hermano, que es estudiante.

“La madre está desemplada, no tiene ningún ingreso, ni subsidio del Gobierno, padece una enfermedad y está enfocada en su tratamiento médico. La Defensoría del Pueblo (DP) no cuenta con trabajadora social para avalar tal situación, ni esta familia tiene cómo pagar una, pero se acudió a un investigador de la DP para recolectar los testimonios y hacer una fijación fotográfica de la vivienda”, relató.

Se dijo que él tiene una niña de 6 años y que su pareja está en embarazo, de alto riesgo, según concepto médico. La casa es en arriendo, tienen deudas de servicios públicos y son los vecinos de Solferino los que les ayudan con cableado y mangueras.

“Él es el que vela por el hogar. No es un beneficio para Víctor, sino una protección para estas personas que quedaron solas”, concluyó la abogada.

El juez indicó que ordenará al Centro de Servicios Judiciales que se designe una trabajadora social para hacer la visita, con un plazo de 10 días hábiles, y así tomar la decisión en una próxima audiencia.

Le figuran otras dos condenas. Una de 2019, por hurto calificado, de un año. Y la otra, de 2016, de un año, 3 meses y 22 días, por tentativa de hurto calificado y agravado.

Por aceptar cargos se le rebaja el 50% de la pena y por reparar a la víctima, las tres cuartas partes.

Según el alcalde, la ciudad disminuyó el año pasado el hurto a personas en un 42 %, comparado con el 2019. “En este delito somos la segunda capital del país con la menor tasa por cada 100 mil habitantes. Según el DANE, somos la capital colombiana en donde una mayor proporción de sus ciudadanos se sienten seguros, con un 87 %”.