LA PATRIA | MANIZALES

A Luis Alberto Ávila Cuenca, auxiliar administrativo de un colegio, adscrito a la Secretaría de Educación de Manizales, un error lo llevó a afrontar un proceso judicial. Podría costarle el trabajo y enredarle la pensión.

Labora en el Municipio desde julio de 1992, según se lee en la página Función Pública. Su voz entrecortada y a bajo volumen durante la audiencia de verificación de preacuerdo, el martes, denotaba la preocupante situación que vive.

Por eso preguntó en un par de ocasiones si se quedaría sin empleo, pese a que le otorgaron la suspensión condicional de la pena, pues la condena fue de 24 meses.

La jueza le explicó que eso no era del resorte de esta dependencia y que lo único que hacen es comunicarle la decisión a la Alcaldía de Manizales, que deberá tomar las decisiones administrativas pertinentes.

El caso

Luis Alberto, de 62 años, fue denunciado por una persona que le facilitó $1 millón 241 mil. Resulta que el prestamista-víctima le pidió como respaldo del pago un desprendible de nómina. Efectivamente Ávila Cuenca lo solicitó en pagaduría de la Alcaldía, pero lo alteró para que no le negaron el préstamo, pues tenía embargos de dos juzgados y le descontaban dinero. "Con ese ocultamiento perjudicó a quien le facilitó la plata", se dijo en audiencia.

Incumplió con su obligación crediticia, el prestamista se pilló el chanchullo y lo denunció. Lo procesaron desde 2018 por uso de documento falso (da de 2 a 4 años) y el martes le dieron la mitad de la pena, vía preacuerdo.

Al final de la audiencia volvió a preguntar si se quedaría sin trabajo. Quedó en manos de lo que decidan sus jefes. Aunque permanezca en libertad, quedará con un antecedente judicial.

La abogada del funcionario le pidió al juzgado leer la sentencia después del 3 de abril, día del cumpleaños del condenado, para así evitar que se le enrede el trámite de su pensión. Sin embargo, la jueza indicó que no era posible. La lectura quedó para el 31 de marzo.