JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

1.408 predios por día, si se cuentan los 110 días calendario desde septiembre hasta diciembre del 2021, o 2 mil 38, si solo se cuentan los 76 días hábiles en el mismo período. Este fue el tiempo promedio que tuvo que destinar Masora para revisar en 3 meses y medio los 154 mil 902 predios urbanos que hoy tiene en Manizales.

Eso significa que tuvo que registrar unos 59 predios por hora u 85, si solo trabajaron los días hábiles, pero en ambos casos durante las 24 horas diarias.

¿Fue posible esto?. Escépticos como el Comité Popular de Usuarios cuestionan cómo un proceso de actualización que no se hacía de forma completa desde hace 12 años, se logró en 3 meses y medio, socializando con la gente y visitando casa por casa, como prometió Masora.

Concejales de Manizales, gremios, abogados y usuarios también lo cuestionan y la transparencia del contrato por $14 mil 808 millones 780 mil con la Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora).

Los predios

Solo ayer en la tarde los ciudadanos comenzaron a saber de sus recibos, demora que había generado un obstáculo para quienes adelantaban negocios de compra venta de sus inmuebles, ya que esperaban desde principios de año por estos.

Estimativos de los notarios calculan que por mes se hacen unas mil escrituras que requieren de paz y salvo predial, por lo que solo hasta mediados de este mes, ya había un retraso de 1.500 procesos.

Ana Lucía Aristizábal se quejó de que con el argumento de actualizar e incluir predios, castigaron a los que venían pagando. "Nuestra propiedad subía cada año entre $3 millones y 4 millones, pero ahora nos aumentó $95 millones, un 72,2% de un solo golpe" se quejó.

En su parqueadero el problema fue similar. Pasó de un avalúo de $5 millones 708 mil en el 2021 a $12 millones 861 mil., un alza del 125,31%. Ana se pregunta: "¿Realmente vale eso?"

Además se queja de que por el retraso en los recibos, los pagos notariales aumentaron el doble. El año pasado vender su predio representaba $3 millones 390 mil. Este año, $7 millones 968 mil, un ajuste del 135%.

Más plata

En la Notaría Segunda, el 11 de febrero Cervelón Polo Ramos negociaba un predio que tiene en el barrio La Sultana. Protestaba por que su predio pasó de $196 millones en el 2021 a $278 millones 50 mil. Es decir $82 millones más, un alza de casi el 42%: "Eso es un robo a mano armada, qué vulgaridad, cómo fue el estudio que hicieron para aumentar tanto ese valor". Aunque sostiene que es muy bueno que a una persona le digan que su predio cuesta más, el gran problema es que todo esto se traduce en más impuestos.

"Es que eso nunca se había visto en Manizales, nos tenemos que poner las pilas para ver cómo solucionar esta situación. Aquí que vamos a pelear, este es un problema de la Alcaldía y lo complicado es que ni siquiera se habían podido hacer las escrituras ante la falta del recibo predial. Eso nos frenó todo este proceso que finalmente se logró porque veníamos haciendo el negocio desde el año pasado", dijo el comprador, quien pidió reservar su nombre.

Cervelón esta semana le confirmó a LA PATRIA que finalmente vendió, pero por debajo de ese nuevo avalúo.

César Salgado también reclamaba en la Notaría Segunda. Mientras adelantaba una compraventa, miraba con enfado sus recibos de predios. En el 2021 su casa en Altos de Capri tenía un costo de $53 millones 951 mil. Para este año, ya cuesta $104 millones 945 mil. Es decir, en solo un año su casa de estrato tres ya cuesta $50 millones 994 mil más, un aumento del 94,51%. "Es algo absurdo. Fui a buscar solución en la Secretaría de Hacienda, pero me dijeron que tenía que hacer un derecho de petición, pero cuánto se puede demorar este trámite, esperando que den una respuesta".

Su negocio también lo adelantaban desde diciembre, pero no le podían dar el paz y salvo, pues tenía que esperar el nuevo avalúo y la factura del predial del 2022.

En enero la respuesta era que aún no se podía porque era la Feria de Manizales. El 19 de enero les dijeron que aún no llegaba el documento. Solo lo recibieron el 11 de febrero. Estos dos meses le representaron, contó, la "bobadita" de $3 millones 303 mil 939 por trámites notariales, contra $1 millón 755 mil 199 del año pasado, 88% más.

Eso sumado a la sorpresa del pago de su recibo predial, que pasó de $368 mil 600 a $505 mil 698, un alza del 37%.

"Uno paga los impuestos, pero qué pasa con la ciudad, un lugar lleno de grafitis, de huecos, de problemas de movilidad, insegura y vandalizada, esto no se ve reflejado en nada. La ciudad está muy fea hoy en día. Faltó socialización y mayor información con los reavalúos".

Hasta el triple

El 15 de febrero el malestar llegó a las calles: cerca de 100 ciudadanos protestaron frente a la Alcaldía de Manizales para exigir las facturas, ante las demoras y los casos que se empezaron a conocer.

Moisés Gallego Restrepo, presidente del Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, centra el reclamo en que con el aumento del avalúo se golpea a propietarios y a inquilinos."Hoy los aumentos en los recibos van a ser del 15% y hasta el 35%, pero cada año el valor de ese impuesto predial va a seguir creciendo, como mínimo un 3% más. También se impactará a los arrendatarios, pues con los nuevos valores, un propietario le va a pedir la casa al inquilino, cuando termine su contrato y al otro le va a cobrar mucho más".

Para Gallego Restrepo se equivocaron, justo en medio de la pandemia, cuando el municipio tenía la opción de incluir solamente los lotes o edificaciones que no están pagando. "Eso muestra el incumplimiento de Planeación y de las curadurías para estar informando sobre las nuevas construcciones que hay en la ciudad".

Según Moisés, ese afán de incluir nuevos predios es la necesidad de plata. "Y la propia Alcaldía lo reconoció en el Concejo, pues allí dijeron que aspiraban a recaudar $30 mil millones más. De unos $70 mil millones a $105 mil millones,y eso, a costillas de los usuarios".

El acuerdo que aprobó el 22 de diciembre el Concejo aclara en el Artículo 16 que a partir del 1 de enero y hasta el 2026 estarán exentos los predios de estratos 1, 2 y 3, cuyo avalúo sea igual o menor a 63 salarios mínimos mensuales, unos $63 millones. "El problema es que con el recálculo muchos predios aumentaron de valor, por lo que en el mismo acuerdo confirman que los estratos 1 y 2 sí pagarán un impuesto con un ajuste del 15% y el 3, del 25%.

Para el Comité Popular, los beneficios que se anuncian tampoco generarán impacto, pues con la actual situación económica, pocas personas van a acceder al pronto pago o a pintar las fachadas de sus casas.

¿Qué pasó en el Concejo?

Dicho Acuerdo lo aprobó por unanimidad el Concejo y dejó pasar un "orangután", con el título de Beneficios Tributarios, a pesar de que la Andi, la Cámara de Comercio, Camacol y el Comité Intergremial lo cuestionaron.

Julián Osorio, concejal del Partido Centro Democrático, ponente del proyecto, dice que se siente asaltado en su buena fe, porque en el Acuerdo solo se contaban los beneficios y se explicaban los ajustes del pago de impuesto predial.

Defendió que por su gestión, en el proyecto se cambiaron los incrementos de los recibos prediales que superaban el 45%. "Sorprende que muchos predios se hayan revaluado tanto, como en la Francia, donde avalúos pasaron de $170 millones a $400 millones. Pero en el acuerdo nos hablaron del aumento del predial, no del avalúo catastral", dijo.

Recuerda que la aprobación del catastro multipropósito se hizo en abril. "Yo no aprobé eso, ahora lo que hicimos fue tratar de reducir el pago predial, pero nos asaltaron en nuestra buena fe, porque nos vendieron una idea de que el impacto en los avalúos no iba a ser tan fuerte. Solo nos dijeron que el catastro iba a pasar de $11 billones a $30 billones por muchas incorporaciones que se iban a hacer, pero no un impacto a las viviendas existentes. No fueron claros ni transparentes con la información que nos mostraron".

Estaban advertidos

César Augusto Díaz Zapata, concejal del Partido Liberal, recordó que el problema estaba advertido. "El catastro multipropósito se necesita, pero no era el momento para que se hiciera y se implementara dicha actualización".

El Decreto 0128 del 2020, expedido por el Gobierno Nacional, les plantea a los alcaldes que pueden aplazar un año más su actualización. "El alcalde no se sintonizó con la actual situación del país, donde la canasta familiar aumentó más del 30% y la economía del país está golpeada. La alimentación es más importante que pagar impuestos".

"Sorprende que una empresa que no tiene experiencia en gestión catastral, la haga en 76 días para actualizar cerca de 160 mil predios y además no conocemos el acto administrativo por medio del cual el alcalde adoptó una implementación de una actualización catastral nueva. Eso implica aumentos desmesurados".

Recordó su reclamo en el Concejo, cuando se presentó el año pasado el plan de reactivación económica, donde se planteó un proyecto que llamó catastro multipróposito con aumentos del recaudo en cerca del 35%. "Esto mostraba que el alcalde quería aumentar el impuesto predial y para ello, solo había dos formas: hacer una actualización catastral y una reincorporación de nuevos terrenos ".

Se alista la demanda

En medio de este malestar, el abogado Alejandro Franco Castaño, representante de varios usuarios de propiedades horizontales y del Comité Popular de Usuarios, radicará una demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Caldas, por lo que considera un enredo de la Alcaldía, pues mezcla beneficios con más impuestos. Tiene quejas de avalúos que subieron hasta el 400% (Lea mañana: Razones por las que se piensa demandar).

La novela apenas comienza. Concejales, gremios y abogados aseguran que hay vicios de fondo, pues hay una serie de incoherencias en un paquete de beneficios que no contribuye a la reactivación, pero sí el dolor de cabeza de los contribuyentes por lo que tendrán que pagar.

La cifra

Se estima que la actualización catastral pasaría de $11 billones a $30,7.

Impopular, pero necesario

Para el notario Segundo, Jorge Manrique Londoño, las decisiones que tomó el alcalde, aunque complejas eran necesarias, teniendo en cuenta que la región venía enfrentando una situación estructural en los últimos 20 años, con un software que no servía. Le agregó el problema del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que no estaba a la altura del siglo XXI. "Son dos cambios recientes y eso, obviamente, genera dificultades, pero eran necesarios".

Recordó que la Ley 1450 del 2011 les dio a los municipios un plazo de 5 años para hacer la actualización y ordenó que dicho avalúo no podía ser inferior al 60% de su valor comercial.

El notario confió en que superada esta coyuntura y los problemas que se generaron en las notarías, a partir del 28 de febrero haya un mejor funcionamiento. "Un municipio para funcionar necesita recursos, y si no lo hacemos, la región no podrá invertir y se rezagará, además ya hay síntomas de reactivación y es lo que hay que aprovechar".

Faltó planificación

La gerente de la Corporación Cívica de Caldas, María Úrsula Botero, sostuvo que hubo falta de planificación, primero por la demora en la emisión de las facturas y, en segundo lugar, por los cortos tiempos para realizar la entrega de la actualización catastral y asumir el cambio del software. Cuestionó la demora para efectuar un contrato para la impresión y entrega de las facturas, teniendo en cuenta que en el mismo Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), publicado el pasado 10 de febrero, se aclara que será adjudicado el 7 de marzo de 2022. Por ahora cuenta con 27 proveedores. El propio secretario de Hacienda explicó que el contrato de menor cuantía se firmará el 17 de marzo por $300 millones, cuando se sabrá quién es el responsable. "Cuál es la razón de ser de dicho contrato, si apenas el 17 se va a firmar, pero ya comenzaron a entregar facturas, y por ende deben estar impresas. ¿Entonces para qué se va realizar y qué se cubrirá?".

Se puede solicitar una revisión

El secretario de Hacienda, Jhon Alexánder Alzate, sostuvo que parte del problema se debe a la gran desactualización que había, por lo que muchas propiedades tenían avalúos de $20 millones, cuando su valor comercial realmente ascendía a los $300 millones. Por esta razón, el avalúo se adoptó al 60% del valor comercial y eso implicó que muchos tengan cambios significativos. Recordó que muchas propiedades llevaban mas de ocho años pagando como lote y no por la construcción, por lo que se supera el límite de lo que deben cancelar, tal y como lo que sucedió en sectores de la Baja Suiza, en apartamentos de la Francia y en Puerta del Sol y en la Sultana donde hay construcciones nuevas. También pasa lo mismo con casas que ya no cuestan $63 millones ni tienen derecho a ser exonerados, ya que tienen hasta dos y tres pisos. "Pero el ciudadano que considere que su avalúo es superior a lo que debe ser, puede solicitar una revisión de Masora y el reavalúo de su propiedad", aseguró. Frente a la crítica de aplicar dicho estudio, justo en medio de la actual situación, Alzate defendió que siempre va a existir un pero, pese a que esto se debe hacer cada cinco años. "Esta debía ser la tercera actualización, pero es la primera, luego de 12 años".

Alzate defiende el acuerdo aprobado en diciembre, e insiste en que sí hay beneficios tributarios y que lo único que se hizo fue poner topes o límites de incrementos. "Todos los usuarios están en su derecho de demandar, pero tenemos los argumentos legales y técnicos, pues la decisión fue generar justicia y equidad tributaria, para que cada quien pague sus impuestos de acuerdo con la capacidad económica que tiene, lo que permitirá además un desarrollo para la ciudad".