LA PATRIA | MANIZALES
La alerta surgió cuando las autoridades conocieron por primera vez las movidas de un grupo delincuencial organizado que se estableció en Anserma con el objetivo de distribuir estupefacientes.
A partir de la primera denuncia, el 26 de octubre de 2020 se iniciaron las investigaciones respectivas. Hoy varios miembros de la banda están condenados y algunos se enfrentan a un juicio oral.
Según las averiguaciones desarrolladas por la Policía, en coordinación con la Fiscalía, Los morochos tenían como área de influencia los sectores conocidos como La Virgen, entre carreras 7a y 9a ; la calle 2a, entre carreras 5a y 6a; las escalas ubicadas entre carreras 3a y 4a, y el parque infantil.
Se identificó además el modus operandi para la distribución de bazuco, marihuana, cocaína y sus derivados. El expendio y venta se hacía en menores cantidades, a domicilio.
De igual manera, la almacenaban en sus residencias y en casos excepcionales la vendían en las mismas. Por lo regular llevaban consigo dosis mínimas para evadir la acción de la justicia.
Vinculados
Había personas encargadas de suministrar el estupefaciente. Contaban con varios distribuidores para llevar a cabo la actividad, estos se ubicaban en los sectores mencionados cuando la venta se pactaba en la calle.
En el organigrama que construyeron los investigadores se ubicó a Junior Andrés Zapata Betancurth, alias Junior, considerado vendedor dentro de la organización delincuencial, ya que entregaba estupefacientes en La Virgen a los consumidores.
Por lo regular permanecía en compañía de Cristian Alexis Ballesteros, alias Chinga, también vendedor de vicio, quien tenía asignada la carrera 6a con calle 6a. A él lo surtía John Eduar Gómez Tobón, alias Yomba, quien también le recibía el dinero producto de la venta.
Otro vendedor era Cristian David Murillo Zapata, cuya labor ilícita la ejercía en la carrera 7a con calle 9a en compañía de alias Junior. Todos sus movimientos quedaron registrados durante las labores investigativas.
Alias Morocho, Jonnathan Stiven Hernández Zapata y alias Yomba eran los líderes de la banda. Para los investigadores eran quienes reunían los ingresos producto de la venta de estupefacientes.
Las capturas
El 30 de noviembre del año pasado las autoridades dieron el golpe. Para ese momento los habían seguido, les interceptaron comunicaciones, los grabaron en video y hasta los consumidores que les compraban rindieron entrevistas a los investigadores.
Se ordenó adelantar una serie de allanamientos en varias casas de Anserma. La Policía, el CTI y la Fiscalía ejecutaron cinco allanamiento y registró, en los que capturaron a seis personas, inicialmente. Después vincularían al proceso penal a otros miembros de la banda.
Les imputaron concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, cargos que negaron. En las audiencias se dieron a conocer los elementos que tenían las autoridades y que daban cuenta de las actividades que desarrollaba cada miembro de la banda para distribuir alucinógenos.
Fueron cerca de 13 meses de seguimientos. Las compras controladas de fueron sometidas a pruebas de identificación preliminar y confirmadas por los laboratorios de Medicina Legal.
En las diligencias judiciales ordenadas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Anserma se incautaron estupefacientes, tres celulares y dinero en efectivo. Los capturados tienen antecedentes previos a este caso.
Fueron aceptando
A medida que transcurría el proceso los miembros del grupo cedieron ante las evidencias y reconocieron sus delitos, pero por medio de preacuerdos con el objetivo de recibir beneficios.
A pesar de lo anterior Morocho, uno de los dos líderes del grupo seguía negando los cargos, pero el 2 de junio se llevó una sorpresa cuando supo que los demás partícipes habían aceptado.
Ese día tanto el defensor como el fiscal del caso le explicaron cómo estaba la situación jurídica de los demás integrantes del grupo, pero el insistía: “Si yo digo blanco, ellos saben cómo es”, al tiempo criticaba la justicia colombiana.
Antes de aceptar cargos, Jonnathan Stiven Hernández Zapata, habló por varios minutos con su abogado. Pese a que insistía en que no cometió el delito que le endilgaron terminó por aceptar cargos, con una pena de 54 meses de prisión. Finalmente selló el preacuerdo y quedó listo para ser condenado a ese tiempo, según el trato pactado con la Fiscalía.
De todos modos para que quedara constancia de su posición en la organización, a Morocho le recordaron que era el encargado de surtir a los vendedores y controlar los sectores donde se ejercía el ilícito.
Según los fallos en su contra, cuando conformó el grupo estuvo libre unos meses hasta que lo cogió la Policía.
Morocho tiene varias condenas vigentes, incluso por procesos de tráfico de estupefacientes durante el 2021, diferentes a la investigación por la banda que lideraba en Anserma. En estos casos se acude a los jueces de ejecución de penas para que haga una acumulación y le diga finalmente cuanto tiempo estará en la cárcel. Sin embargo, según su prontuario cada que sale prisión se dedica a la misma actividad ilícita.
Para identificar a los miembros de la banda se usaron entrevistas a consumidores, vigilancias, seguimientos, fotos y videos de los momentos en que los procesados comercializaban las sustancias.
Organigrama del grupo.
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