MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Algunos ciudadanos preguntan qué pasó con las ventas de salpicón, kumis y otros comestibles que hacían en módulos a un costado de la entrada al Bosque Popular El Prado, sobre la Avenida Alberto Mendoza Hoyos. Llevan cerradas desde el 1 de enero.
Pensaban que eran módulos del Municipio, similares a los que hay en el Centro de Manizales para vendedores informales. LA PATRIA indagó por estas ventas y se encontró con que no tienen relación contractual con la Alcaldía o algún instituto descentralizado, pues son propiedad de particulares.
Se movilizan
El ingeniero Jorge Iván Arias López explica que los módulos hacen parte de la propiedad horizontal Bambú, vecina del Bosque Popular. Se trata de cuatro socios que hicieron un consorcio para la construcción del edificio y cada uno se quedó con una caseta que alquila.
“Están cerradas porque se tenía un contrato hasta el 31 de diciembre del 2020 y mencionaba que no se iba a volver a renovar. El proyecto es remodelar esa área, estamos esperando la licencia para montar una cubierta y embellecer la zona, pues quienes estuvieron allí dejaron eso destrozado”.
La historia hasta ahí no representa más que la terminación de una relación comercial, pero va más allá e involucra a la Administración Municipal y a ciudadanos que se quejaron porque algunos de los que tuvieron arrendado un módulo decidieron montar negocios similares a lo que tenían, pero en puestos móviles que ubican sobre una bahía, a la entrada del Bosque Popular El Prado y en el área privada del edificio Bambú, al parecer, sin tener permiso.
Arias López indica que la intención por el momento es reabrir el servicio de venta de estos comestibles en uno o dos módulos, posiblemente a partir de este fin de semana. “Esto será como para atender la demanda y para evitar que las personas que se hacen a un lado sigan usufructuando el espacio público y que empiezan a generar problemas”.
Impactos en espacio público
En el Bosque Popular El Prado aseguran que la gente les ha hecho llegar comentarios pensando que administraban estos espacios externos al parque.
Agregan que ocurría en especial los fines de semana, clientes que llegaban en vehículo a consumir alimentos en estos módulos y parqueaban sobre la Avenida o ingresaban carros y motos al Bosque Popular y los dejaban a un costado de la vía de acceso, que es en contraflujo, o a la entrada del parque, generando congestiones tan grandes que hubo momentos que tuvieron que llamar a Tránsito.
También registraron aglomeraciones en los andenes, que terminaban afectando a quienes llegaban a pie.
Camilo Naranjo, gerente encargado del Instituto de Cultura y Turismo (ICT), entidad que opera el Bosque Popular, ratifica las quejas recibidas, además por aglomeraciones que se habían visto los fines de semana para el ingreso al parque, por la cercanía con estos módulos de privados, y de gente que no estaba cumpliendo los protocolos y las medidas de bioseguridad.
Sebastián Ramos, secretario de Medio Ambiente de Manizales, indica que están pendientes de una reunión con el ICT y en la que participará la Personería Municipal, para definir el manejo con estos vendedores, cuáles reúnen las condiciones para ocupar el espacio público, bajo lo que señala el Acuerdo 443.
“No obstante, algunos de ellos dicen que no los estamos dejando trabajar y que derivan su sustento de esta actividad. Estamos tratando de definir qué hacer, porque algunos están ingresando a vender productos al Bosque Popular, una especie de ventas ambulantes, y es lo que está en discusión. La idea es que la gente tenga la posibilidad de trabajar, pero si están ocupando espacio público se debe aplicar una medida correctiva”.
Ramos informa que en el 2020 su Secretaría recibió derechos de petición solicitándoles hacer control de espacio público en la zona de los módulos. “Al hacer el requerimiento, se encontró que este punto no es espacio público, es de privados. El caso está en la Inspección de Policía de La Enea”.
En el 2014, siete vendedores informales que tuvieron puestos de venta de salpicón, kumis y fruta picada, metros adelante del Bosque Popular El Prado en otro predio de privados, recibió cada uno $40 millones de indemnización para que dejaran este punto donde se construyó el edificio Paseo del Bosque.
Allí estaban de manera irregular, aunque pagaban Industria y Comercio y factura de luz, y lo hicieron durante años, algunos hasta con 35 en este sitio. Vivían del oficio. La Alcaldía intentó retirarlos, pero no pudo hacer ningún control por tratarse de un predio privado. Al aceptar la indemnización, le pidieron al Instituto de Cultura y Turismo que les abriera espacio dentro del Bosque Popular, que ya tenía adentro a algunos vendedores. Lograron incluir a algunos.
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