Fiscal es señalada de interceptar a dos colegas

LA PATRIA| MANIZALES

Se presentó escrito de acusación contra María Eugenia Taborda Franco, fiscal 31 delegada ante los jueces penales del circuito, adscrita a la Unidad Regional Antinarcóticos del Eje Cafetero; y los investigadores del CTI Carlos Iván Salguero Zarabanda y Édison Jamith Sánchez Aguirre, investigados por supuestamente favorecer a La Cordillera y otros grupos delincuenciales.

Según el documento, la fiscal habría dispuesto lo necesario para evitar que 2 colegas adelantaran procesos en contra de bandas de microtráfico y ordenó interceptar sus teléfonos de manera fraudulenta.

En la acusación se explica que la funcionaria se inventó la existencia de una fuente que era integrante de La Cordillera, quien entregaría información sobre Mofre, uno de los líderes, que tenía contactos dentro del ente acusador para conocer sobre operativos contra la estructura criminal en el Eje Cafetero.

Esta persona pidió no aparecer en los registros para proteger su identidad, sin embargo, nada de esto sería cierto ni siquiera la existencia del informante, ni del líder delincuencial.

Los funcionarios presuntamente entregaban información a la organización delincuencial a cambio de dinero y estos resultaron ser los teléfonos de 2 fiscales de Risaralda, quienes llevaban en sus despachos procesos en contra de grupos delincuenciales organizados que operan en diferentes zonas del Eje Cafetero.

Entre los procesos mencionados se encuentran las operaciones judiciales en contra de las estructuras Tellus, Némesis, Zombies y La Cordillera.

Se dijo que durante 18 meses, mientras los casos estuvieron a cargo de la fiscal Taborda Franco, hasta noviembre del 2021, no se hicieron operativos contra las bandas.

Durante el tiempo de las interceptaciones, la Fiscalía realizó un comité técnico jurídico con el cual a los 2 fiscales les quitaron los casos y le fueron asignados a Taborda Franco. Los delitos señalados son prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y violación ílicita de comunicaciones.

En audiencia de control de garantías negaron la medida de aseguramiento. El caso de la fiscal lo tiene el Tribunal Superior de Pereira. El de los servidores de Policía Judicial, un juzgado de la vecina capital. Ayer acusaban a estas personas.