Noticias de Manizales y Caldas,
Diciembre 21 2024
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LA PATRIA| MANIZALES
En una caja de sorpresas se convirtió ayer una audiencia en la que se creía que el concejal mercedeño y excandidato a la Alcaldía de ese municipio, Iván Hernández Marín, de 39 años, aceptaría cargos por delitos contra la Administración Pública.
Inicialmente se enfrentaría a peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, pero el fiscal pidió hace un mes aplazar la audiencia porque podría darse un preacuerdo. Ayer se reanudó ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Merced y esta vez el ente acusador le enrostró contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. En caso de aceptar, la pena le quedaría en unos 40 meses, a criterio del juez de conocimiento.
Tras la narración de los hechos, el abogado defensor, Iván Roberto Castaño, aceptó que se tuvieron conversaciones para terminar rápido el proceso, pero criticó la imputación hecha por el fiscal, a quien tildó de “desleal” por utilizar en contra de su cliente lo dicho en un interrogatorio a indiciado. “Usó eso y agravó la imputación. En la formulación puedo pedir la nulidad”, comentó.
El regaño, al parecer, caló, pues el fiscal dijo que le asistía la razón al abogado, que sí hubo un interrogatorio solicitado por el defensor. “No soy desleal. Fui claro en que esta actuación del procesado estaba revestida de un sinnúmero de irregularidades como presidente del Concejo en esa época”.
En ese momento argumentó que en aras del debido proceso haría otra variación en los delitos, porque el abogado le hizo caer en la cuenta de lo del interrogatorio a indiciado.
Por eso le imputó solo falsedad ideológica en documento público, le recordó al señalado que si aceptaba le quedaba la pena en 32 meses, pero este negó los cargos y se irá a juicio.
Un contrato, en su época de presidente del Concejo de La Merced, en el 2018, es el que tiene enredado al ahora concejal de este municipio por el Partido de la U, quien llegó ahí por quedar segundo en las elecciones a la Alcaldía.
Todo arrancó por una auditoría express de la Controlaría al Concejo, el 26 de noviembre de 2018. El titular del ente de control reportó dos hallazgos con alcance penal. El fiscal explicó que el señalado llevó a cabo un proceso de contratación de mínima cuantía por $3 millones, para suministro de alimentación y refrigerios para los concejales e invitados a las sesiones.
En mayo de ese año se hizo efectivo el pago a Natalia Cárdenas Escobar y se determinó el cumplimiento de lo acordado, pero sin evidencias de que eso ocurrió, según la Fiscalía.
Lo contratado
La cuenta de cobro de la contratista se pasó por $1 millón 500 mil, pero al sumar estos costos daba $2 millones 100 mil.
“El contrato arrancó el 2 de marzo de 2018, pero ese mes no se sesionó. Además, en mayo siguiente, las reuniones no duraron más de tres horas, mínimo eran de 30 minutos, y solo lo hicieron en las mañanas, no en las tardes y noches. Es decir, no se usaron los almuerzos y las cenas”, cuestionó el ente acusador.
Añadió que se afectó la fe pública y se vulneraron los principios de la contratación estatal. Este delito parte de una pena de 64 meses, multa de 66 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad de 80 meses.
En junio del 2019, el procesado devolvió el dinero. Lo consignó en las cuentas de la Alcaldía.
1.494 votos sacó el concejal en las elecciones para la Alcaldía. Este proceso no quiere decir que se culpable, será un juez de la República el que determine responsabilidades.
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