LA PATRIA | MANIZALES
Manizales busca cumplir con la norma nacional que obliga a las administraciones municipales a delimitar establecer perímetros para la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos.
Se trata de la Ley 2000 de 2019, que modificó unos artículos del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que son competencia de las autoridades de Policía.
Según la modificación, “la delimitación debe ser clara y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido”, además le corresponderá al Consejo Nacional de Estupefacientes actualizar cada seis meses definir que sustancias crean dependencia y las afectaciones a la salud, así como ls dosis mínimas permitidas.
En días pasados se llevó a cabo un debate en el Concejo de Manizales de control a la implementación de la ley a cargo de las autoridades. La Secretaría de Gobierno presentó un informe preliminar sobre los lugares detectados con mayor consumo de droga en la ciudad.
La información que se tiene es que los lugares en donde las autoridades han detectado mayor concentración de consumidores de estupefacientes son los parques Alfonso López y de La Mujer, las canchas de Chipre y la facultad de Arquitectura.
La instalación de las vallas, según lo previsto para el 2022, se hará de acuerdo con la información que entregue la Policía Metropolitana, que es la fuente principal de información para la alcaldía en este caso, según la secretaria de Gobierno, Diana Mejía.
En este sentido el comandante de la Metropolitana, coronel Raúl Vera Moreno, expresó que a su vez la fuente de información con la que se cuenta son las llamadas al 123. “Tenemos un software que nos permite saber de dónde llaman, quien llama, por qué, cuáles son los problemas y en qué sector”.
Agregó que el consumo de sustancias en el espacio público está definido como un factor de afectación a la tranquilidad y se identificó que son esos lugares mencionados de dónde más reportan.
Recordó que aparte de ello se continúa con la imposición de comparendos a quienes portan estupefacientes en dosis mínimas o a quienes consumen en espacios prohibidos o delante de menores.
Al respecto la norma nacional los define de forma general, pero falta que los gobiernos locales cumplan con la señalización. “Nosotros lo que hacemos es entregar esa información, se hace un mapa para poder entender y la Alcaldía tomará la determinación de demarcar, poner nomenclaturas o reglamentar, porque es competencia de las administraciones”, puntualizó Vera Moreno.
No implica autorización
La ley mencionada advierte que en ningún momento se puede interpretar como una habilitación para portar o tener sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas en el espacio público y, “en consecuencia, las autoridades deberán proceder a su incautación y destrucción conforme a los procedimientos legales reglamentarios”.
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