LA PATRIA | MANIZALES

“Haga de cuenta que la sentencia no nació a la vida jurídica. Nació el caso, pero no terminó. Así haya habido sentencia, como no alcanzó a quedar ejecutoriada, la prescripción se sobrepone. Piense que no pasó nada, que el Estado inició un proceso, se demoró muchos y por eso le prescribió. Lo llamaría una impunidad maquillada”.

Así resumió un juez, consultado por este medio, lo que pasó con el caso de Juan Alberto Pérez Cobus, quien fue alcalde de Victoria entre 2004 y 2007. El Tribunal Superior de Manizales le confirmó en febrero pasado la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La condena fue de 7 años e inhabilidad por 8 años, cuatro meses y 15 días. De paso le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como sustituta de la intramural.

El caso no alcanzó a mirarse en la Corte Suprema de Justicia, por lo que se sobrepuso la prescripción de la acción penal, decretada el pasado 6 de mayo por el Tribunal de Manizales. Lo cierto es que se comprobó el delito, según dos pronunciamientos, pero el señalado no pagará nada por todo lo que tardó el proceso.

El caso

En 2004, Pérez Cobus adelantó sin el lleno de los requisitos legales varios procesos contractuales (ver recuadro Los contratos).

“Fueron suscritos y pagados sin haber adelantado licitación, lo que resultaba exigible y sin haberse justificado con la suficiencia requerida en los tres procesos contractuales, tal y como correspondía. No se adjuntaron constancias de informes de cumplimiento del objeto contratado por los contratistas, tampoco se allegaron certificados del correcto desarrollo y cumplimiento de los supervisores de los mismos y menos se hallaron liquidaciones de cada uno”, se explica en el proceso.

El 29 de octubre de 2008, la Fiscalía dispuso la apertura de la investigación. El l2 de septiembre siguiente se declaró cerrada la investigación para finalmente proferir resolución de acusación en contra del mandatario. La sentencia condenatoria de primera instancia la dieron el 24 de julio de 2019 y la ratificación, en febrero pasado.

 Los contratos

1- Por $54 millones 321 mil, adquiridos en la Estación de Servicio Santa Mónica de ese municipio. Se distribuyeron así:

• *Para aceite destinó $4 millones 871 mil 391.
• *Gasolina, $17 millones 840 mil 565.
• *ACPM, $31 millones 609 mil 666.

2-Contrato de reparación de los mismos automotores por valor de $106 millones 494 mil 487, cancelados al establecimiento Autopartes La Dorada, distribuidos así:

• *Para llantas destinó $23 millones 313 mil 557.
• *Soldadura, $11 millones 500 mil.
• *Mantenimiento, $1 millón 748 mil 340.
• Otros, sin especificarlos, $81 millones 421 mil 80.

3- Celebración de los siguientes contratos para la prestación de servicios -asesorías de varios profesionales- por valor de $44 millones 500 mil:

• *Con Carlos Julio Arias Marín, contador público, por $15 millones, entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 2004, para que preparara y presentara toda la información requerida por los órganos de fiscalización y control y demás entidades que requirieran dichos informes. La forma de pago del contrato se estipuló en $1 millón 500 mil, pagaderos el último día de cada mes, durante los 10 meses que duró el contrato.
• *Con Carlos Alberto Morales Martínez, contador público, tres órdenes de prestación de servicios, cada uno por $4 millones 900 mil, con fechas del 26 de mayo, 28 de agosto y 10 de noviembre de 2004, con el objeto de llevar a cabo el proceso de titulación de 70 predios del municipio, así como la cesión a título gratuito de esos terrenos a favor de los poseedores de los mismos. La duración de la orden de trabajo fue por 30 días a partir de la entrega del anticipo.
• *Con Martha Cecilia Salazar, contadora pública, por $6 millones 400 mil para el saneamiento contable, de acuerdo con las Leyes 716/01 y 863/03 y demás normas pertinentes. La duración fue de 60 días.
• *Con Octavio de Jesús Cuestas Bolaños, contador público, por $8 millones 400 mil, para el inventario y valoración de los bienes muebles y enseres del municipio, cuya duración de la orden del servicio fue por un mes, sin que se hallaran análisis de necesidad y conveniencia realizado por el ente municipal para su celebración.