LA PATRIA | MANIZALES
Dos pruebas "calentaron" el proceso judicial que se sigue contra seis personas, señaladas de participar en disturbios, quemar el peaje de Irra, desplazar a un líder social y ejecutar robos.
Previo a la audiencia preparatoria, la semana pasada, los abogados de los señalados se quejaron porque, al parecer, la Fiscalía no les trasladó a tiempo dos pruebas que, para ellos son vitales en juicio, y los exponía a que "los cogieran con los calzones abajo o sin igualdad de armas", como ellos mismos los afirmaron,
Por eso, ante el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales solicitaron no incluirlas en el proceso y, además, tomar medidas contra el fiscal.
La bancada de defensa mostró sus reparos al descubrimiento probatorio del ente acusador. Indicó que mediante comunicación vía electrónica del 29 de noviembre pasado se le pidió eso a la Fiscalía, pero solo el 7 de diciembre recibieron respuesta, con un link para descargar documentos escaneados del proceso.
"Pero la observación no recae sobre la extemporalidad del envío de documentos, sino a que estaban incompletos. Faltaban dos específicamente, que no fueron trasladados. Un informe de investigación del 11 de junio, con un DVD de 8,5 gigas, con información extractada de los celulares incautados a estas seis personas, más los resultados de esos análisis. El otro, un disco con una entrevista del 16 de mayo de un policía que participó en el control de las protestas, donde se dice que tiene unas grabaciones de video vitales para el proceso. Como esos documento no fueron trasladados a los defensores, no pueden ser usados por la Fiscalía como prueba en juicio", narró un abogado.
Otro manifestó su reproche contra el fiscal. "Por no cumplir sus labores legales debe ser sancionado por el despacho, que no debe dejar pasar esos errores del ente acusador. Evitamos así una emboscada probatoria al no poder defendernos de eso que encontraron en los celulares y videos aportados por un ciudadano". Citó el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal.
En su defensa, el fiscal expresó que el 30 de noviembre, a las 5:24 de la tarde, dio orden a Policía Judicial para que un investigador ingresara al almacén de evidencias e hiciera entrega de esos elementos. Además de dar los códigos de acceso a los discos compactos.
"Si los abogados vieron que faltaban esas pruebas debieron acudir a pedirlas. Hay que aclarar que el investigador tuvo algunos problemas para acceder al almacén de evidencias", argumentó el acusador.
Un defensor insistió en que se premia el mal manejo de un proceso y no aceptó que se diga que el fiscal ordenó y ya. Consideró que el investigador debió llamar. "Eso no permite la equilibrada defensa". Incluso, insinuó que el juez quería favorecer al fiscal.
El juez, al tomar la decisión, explicó que tenía en su poder esa orden a Policía Judicial y que evidentemente era de esa fecha. Anotó que el fiscal confío en sus funcionarios, dio la indicación, pero quizá no se le avisó si se les había entregado a los abogados esos elementos.
"El despacho no tiene empatía o clemencia con ninguna de las partes. No compulso copia porque la considero una afirmación de paso. Observo que sí hubo un actuar del fiscal, existe una orden a Policía Judicial, así defensores no lo conozcan. No se evidencia mala fe".
Rechazó la solicitud de los defensores y en la próxima audiencia, la preparatoria, se incluirán las dos pruebas que generaron la discusión.
En el otro caso de un estudiante procesado por, al parecer, destruir una estatua en Manizales, se espera juicio.
El abogado Matías Suárez pidió un tiempo más para presentar sus pruebas para la preparatoria. Dijo que requiere ubicar a dos personas: un médico que atendió a Luis Fernando Tapasco Chiquito, y otra que puede dar fe de la presencia o no de su defendido en el lugar de los hechos. "Es para hacer el último esfuerzo de hallarlos, pues la defensa requiere de una buena preparación, dado que no tenemos investigador privado. Se le aprobó la solicitud, hecha antes de arrancar la audiencia.
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