LA PATRIA | MANIZALES
Hay más condenas contra una banda, integrada por barranquilleros, que realizó préstamos en entidades de nuestro departamento a nombre de unos 50 docentes caldenses, por valor de $1.000 millones.
Las más recientes son contra Pabla Isabela Padilla Rivera, de 65 años, y Germán Enrique Salas Ávila, de 55, sentenciados por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Manizales por concierto para delinquir, uso de documento falso y falsedad en documento privado.
Pabla, condenada a cinco años de prisión con detención domiciliaria (responde por la mamá), pidió un crédito de $14 millones, que no fue desembolsado; y sirvió de codeudora de un sujeto que suplantó a otro docente para un préstamo de $15 millones, entre otros.
Germán, sentenciado a 7 años y dos meses de cárcel (lo mandaron a La Blanca), pidió otros de $12 millones, $28 millones, $26 millones y $11 millones; y se hizo pasar como codeudor para unos más de $14 millones, $30 millones y $24 millones, entre otros.
Esta organización delincuencial se lucraba de las cuenta de algunos profesores, pero ellos ni lo sabían. Se las ingeniaban para tumbar a educadores del departamento usando bancos y cooperativas para sus fines ilícitos.
Primero accedían a bases de datos de integrantes del magisterio, seleccionaban a aquellos con buena capacidad de endeudamiento, obtenían sus cédulas, las falsificaban y los suplantaban para solicitar créditos en diferentes entidades, que oscilaron entre $15 millones y $40 millones.
Antes de pedir prestado iban a la Secretaría de Educación de Caldas a solicitar los certificados laborales y desprendibles de pago. Luego se dirigían al Banco Agrario, a Bancolombia, así como a las cooperativas Ceocal, Cidecal, Coocalpro e incluso Confa, en sus sedes de diferente municipios.
Llegaban a las oficinas y se presentaban como docentes, llenaban formularios y documentos que no les correspondían para solicitar los préstamos. El tumbe acababa cuando les aprobaban el crédito y se los desembolsaban. La deuda le quedaba al docente, que ignoraba que lo habían suplantado.
Estas personas operaban desde diferentes partes del país, según la investigación de la Sijín. Se supo que desde abril del 2017 empezaron a solicitar créditos en Ceocal, Cidecal y Coocalpro, pidiendo incluso ser afiliados (en otros casos suplantaron a profesores ya afiliados).
“Se acercaban de a dos, para ser deudores y codeudores, roles que intercambiaban. Por esa época lograron el desembolso de tres créditos de $303 millones, $78 millones 710 mil y $75 millones”, contó la Fiscalía.
En diciembre de ese año dejaron quietas a las cooperativas y pusieron sus miradas en los bancos. Allí fue más fácil, pues no les pidieron ser afiliados, ni contar con codeudor. En el Agrario lograron créditos por $294 millones 705 mil y en Bancolombia, de $54 millones 900 mil.
En mayo y junio de 2018 tumbaron a Confa por un monto de $138 millones. Se estableció que este grupo operó de la misma manera en departamentos como Risaralda, Huila, Casanare, Arauca, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca y Boyacá.
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