Óscar Veiman Mejía
LA PATRIA I Manizales
Gestión, lucha, milagro e ilusión. Algunas palabras encierran la espera que comenzó en el 2016 por nuevas aulas, cocina y otros espacios en el colegio Jaime Duque Grisales, de Villamaría. “Hubo muchos problemas: la definición del lote, los diseños, las demoras para iniciar la construcción”, dice el rector, Gustavo Ceballos. El lunes, por fin, comenzaron los trabajos.
La obra es una de las 21 que en municipios de Caldas, diferentes de Manizales, tiene a cargo el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE). De la lista solo están terminadas una en Aguadas y una en Anserma.
De las otras 19 había unas sin empezar y las que estaban en desarrollo venían a paso lento y quedaron suspendidas hace cerca de un año ante el pleito jurídico entre el Ministerio de Educación y el antiguo contratista portugués Mota-Engil.
La del Jaime Duque estaba entre las sin arrancar. “Es un gran logro para nuestra Institución, pues mejorará el servicio en varios aspectos. Y también es muy importante porque podremos ampliar la cobertura”, añade el rector.
Siguen
Fabio Arias, secretario de Educación de Caldas, comenta que este año concluirán las intervenciones en dos sedes que iban en el 99% de avance. Se trata de la sede Policarpa Salavarrieta de la Institución Educativa Supía y la escuela Juan XXIII del colegio Crisanto Luque en el corregimiento de Samaria (Filadelfia).
El alcalde de Supía, Marco Antonio Londoño, reitera la preocupación que había en el municipio por no concluir una obra que genera impacto social. Ahora, celebra la reanudación y espera que en poco tiempo esté lista.
Con las nuevas obras en el colegio de Villamaría, entre ellas seis aulas, se beneficiarán cerca de 720 estudiantes. En el departamento son 13 mil 612 los alumnos favorecidos con 502 salones.
También se anunció la apertura en la construcción de la nueva sede para la Normal San José, de Pácora, que quedará donde funcionaba la escuela Mariscal Sucre. El secretario de Educación departamental manifiesta que están pendientes de nuevas reactivaciones.
El litigio
Un tribunal internacional de arbitramento internacional definirá quién tuvo la culpa en los retrasos en los proyectos, si la empresa portuguesa Mota Engil (antiguo contratista) o el Fondo de Financiemiento de Infraestructura Educativa (FFIE), pues ambas partes se señalan en ese sentido.
Para los proyectos el Gobierno nacional aportó $72 mil 436 millones; la Gobernación, $18 mil 930 millones, y las alcaldías, $11 mil 359 millones. Total: $102 mil 725 millones.
Como el Gobierno nacional decretó la terminación anticipada del contrato, se escogieron nuevos contratistas. En Caldas quedaron Unión Temporal CIARC y Consorcio Aulas Nacionales como los constructores y ARCA arquitectura e ingeniería y PAYC los interventores.
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