
Los por lo menos 276 vehículos que acudieron entre el 19 de junio y el 15 de julio de este año al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) de Caldas para hacer la revisión tecnicomecánica tendrán que estar pendientes de lo que digan los organismos de control, así les hayan aprobado o rechazado este proceso.
La validez está en entredicho desde el pasado 13 de agosto, cuando un grupo de funcionarios de esa empresa denunció a la Junta Directiva que en ese periodo estuvo dañado el equipo para revisar la suspensión de los vehículos livianos, por lo que se paró la prestación del servicio.
En la carta explican que "en las hojas de trabajo, la prueba de suspensión delantera y trasera izquierda siempre marcó 100, considerando que ni siquiera un vehículo nuevo llega a esa cifra. Además que se realizan pruebas de taxímetro en modo libre, estando prohibido por la norma vigente".
Agregan que la entidad estuvo varios meses sin contrato de mantenimiento de los equipos, y que si esto lo conocieran la Superintendencia de Puertos y Transportes o el Organismo Nacional de Acreditación (ONAD), que vigilan los centros de diagnóstico, ya habrían cerrado la empresa.
La carta la firmaron 11 trabajadores, y según los miembros de Junta del CDA fue enviada a la Contraloría y Fiscalía, que investigan.
La denuncia la presentó esta semana el noticiero LPTV, con declaraciones de Conrado Márquez, vigilante. La gerencia y la Junta sostienen que no recibieron reporte del daño, antes de la carta, y que por ello solicitaron investigar.
Desde la gerencia
La administradora de empresas Olga Patricia Martínez Gómez, gerente del CDA, dice que conoció la denuncia el 15 de agosto y que la Fiscalía la llamó el pasado 9 de octubre a una audiencia de conciliación con los trabajadores, que fracasó. Manifestó que el interés de la entidad no es conciliar sino que se investigue y se encuentren responsables.
"Se pretendía conciliar presuntos: fraude, porque lo cometieron ellos mismos ya que son los que hacen la revisión; falsedad en documento público; pánico económico, porque se afecta la imagen de la empresa; injuria y calumnia contra la gerencia. En la carta se mezclan muchas situaciones, y si fue algo tan delicado por qué no lo comunicaron a tiempo".
Esta funcionaria, que fue la coordinadora del Movimiento de Salvación Nacional en Manizales ahora sierrismo, señala que llegó hace 10 meses al cargo, pero que para el tiempo de los hechos llevaba seis meses y apenas estaba conociendo la empresa.
Recalca que de los 11 trabajadores que firmaron la carta se retractaron 5 el 24 de septiembre, un mes después de la denuncia. Estas personas argumentan que después de analizar las consecuencias de la situación, hacen constar que firmaron fruto de presiones y de la premura para recoger las firmas; además, que no tuvieron la precaución de leer el contenido del documento inicial.
La gerente indica que no podía dudar de que todo estaba funcionando correctamente porque cuentan con 2 supervisores de pista, 6 inspectores de pista que son los que hacen las pruebas y un director técnico. "La ONAD certificó en marzo de este año, y por cinco años, al CDA luego de una auditoría".
Una función de la gerencia es controlar funciones y programas de la empresa. A pesar de esto la gerente expresa que en lo poco que ha ido conociendo, la revisión tecnicomecánica es un proceso continuo, en el que si se daña algo se para el resto. "Por ejemplo, desde ayer -pasado miércoles- el servicio está suspendido porque están reparando daños en el frenómetro".
Más denuncias
Los trabajadores que continúan con la queja manifiestan que también solicitaron investigaciones de los entes de control, pues el daño fue real, tanto así que en una de las fotos y video que tomaron para la época del problema aparece un empleado de la firma Sotec, que acudió a hacer la revisión.
LA PATRIA habló el pasado viernes con Carlos Alberto Uribe, gerente de Sotec, que ratificó que un ingeniero, de nombre Leonardo, y que labora en esa firma estuvo el 28 de junio pasado en el CDA revisando el equipo de suspensión por un daño. "No podría certificar exactamente el tipo de daño, pero sí fueron a revisarlo".
Los trabajadores aseguran que otra irregularidad es que el 14 de marzo de este año se le otorgó al vehículo campero Honda, de placas BOC 616, de propiedad del presidente de la Junta Directiva del CDA, Juan Carlos Alzate Arango, una cortesía para la revisión tecnicomecánica.
Dicen que para ello se necesitaba expedir un acto administrativo, pues el carro del directivo no estuvo en el grupo de vehículos que durante ese día en la mañana se prestaron para pruebas que servirían para acceder a la certificación de la ONAD, como se registró en una resolución inicial y que incluía la placa BOC 616.
"Posteriormente el 23 de julio, mediante otra resolución, la gerente modifica la inicial sacando el vehículo mencionado", expresan Márquez e Iván Montes Orozco, este último inspector de pista en carta que enviaron el 23 de octubre a la gerencia departamental de la Contraloría General de la República.
El presidente de la Junta Directiva en entrevista con LA PATRIA manifestó el pasado viernes que su hoja de vida la conoce la ciudad, en honestidad y transparencia. "No me voy a pronunciar porque me incomoda que digan eso. No he aceptado ninguna cortesía ni en el Centro ni en ninguna institución de la ciudad. No se revisó el vehículo, yo parqueo allí porque soy miembro de Junta y algunas veces no asisto en el vehículo del Ministerio de Transporte, sino en mi carro. Mis revisiones tecnicomecaánicas no han sido en el CDA para evitar comentarios".
Jorge Eduardo Cuervo Echeverri, secretario general del CDA, aclara que esto no se hizo por cortesía, y que el día de las pruebas para la ONAD se elaboró una resolución con un número de placas exonerando a estos vehículos del pago de la revisión, por la colaboración que prestaron. "Se incluyó el carro del presidente de la Junta. Sin embargo, cuatro meses después se verificaron los vehículos participantes y se corrigió la resolución porque ya no aparecía este vehículo. El carro sí pasó por revisión tecnicomecánica ese día, pero fue cobrado con factura de venta Nº 245375 por $122 mil 400".
Con todo esto los trabajadores insisten en que sí hubo daño y que en el sistema, que maneja información que queda encriptada, es decir, que no se puede borrar ni manipular, será el que dé la última palabra. La gerencia y la Junta Directiva del CDA se mantienen en que no recibieron informes al momento del daño y que por ello deben esperar a lo que digan los organismos de control.
En datos
* Según la gerencia del CDA el promedio mensual de revisiones tecnicomecánicas es de 720 entre vehículos livianos, pesados y motos.
* En registros del CDA aparece que en mayo de 2011 hicieron 1.004 revisiones, pero en mayo de este año bajaron a 776; en junio del año pasado fueron 1.065 y al mismo mes de este año llegaron a 861. La rebaja la atribuyen a la entrada en vigencia de la Ley Antitrámites, que ya no obliga a la revisión anual a los vehículos matriculados en 2011 y hasta por seis años.
* La gerencia señala que el costo de la revisión es de $135 mil 600 para vehículos livianos, $199 mil 600 para un pesado, el articulado (tractomulas) $244 mil 600 y motos $79 mil 600. No obstante, el cobro que se le hizo al presidente de la Junta Directiva por este procedimiento fue de $122 mil 400 (ver texto central).
* La empresa tiene unos costos fijos mensuales de $90 millones en funcionamiento y reciben al mes entre $50 millones y $60 millones.
* Según el presidente de la Junta Directiva, Juan Carlos Alzate Arango, director del Ministerio de Transporte territorial Caldas si se demuestra que hubo una falta, le corresponderá a la Superintendencia de Puertos y Transportes sancionar o multar.
* Alzate Arango agrega que creen que si efectivamente el equipo estuvo dañado, tuvo un trasfondo diferente. "Presido la junta desde el 16 de enero de este año y empezamos a mejorar procesos, hicimos un plan de trabajo y vamos encontrando en la minoría de trabajadores que no hay satisfacción y eso es respetable. Pusimos cámaras de seguridad para tener más vigilancia".
* Los otros miembros de la Junta Directiva del CDA son Jhon Jairo Prieto, gerente de la Terminal de Transporte de Manizales; Luz Estela Cardona, gerente de Infimanizales, y otros miembros del Ministerio de Transporte territorial Caldas debido a que son accionistas principales.
* Entre algunos miembros hay temor de que con lo ocurrido puedan perder la habilitación para continuar laborando como Centro de Diagnóstico Automotor.
Respuesta pendiente
La Contraloría General de la República solicitó el pasado viernes enviar derecho de petición para responder en qué va el caso del CDA, documento que se hizo llegar vía correo electrónico ese mismo día.
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