La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial incluirá unas modificaciones en las distancias de las construcciones frente a las riberas. Algunos damnificados de la avalancha del 21 de marzo del año pasado se sienten abandonados. Mitigan.
ALEXANDRA SERNA
LA PATRIA | MANIZALES
Un año después de la avalancha que dejó cerca de un centenar de familias damnificadas en los sectores de Maltería, bajo Juanchito y Verdum, siguen "fluyendo" las amenazas de la quebrada Manizales, aunque hay avances en obras de mitigación. El riesgo también continúa latente para las industrias, pese a que algunas reforzaron la protección y hasta hubo una fábrica de plásticos que se alejó de la ribera.
Tener una mayor distancia de la quebrada, que generó estragos en las avalanchas del 21 de marzo y 13 de abril del año pasado, sería de las soluciones a mediano plazo que se fijarían en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la cual debe hacerse este año.
Como explicó Tatiana Ochoa, jefe de la Unidad de Planeación Ambiental de la Secretaría de Planeación Municipal, Corpocaldas emitió en el 2011, incluso antes de esas crecientes, directrices para replantear los retiros de las fajas forestales o distancias entre la ribera de un cauce y una construcción, que para entonces eran de 15 metros. No serían medidas estandarizadas, pues hay zonas de más inundación que otras, y las adoptaría el renovado POT.
Se prevé que en una semana y media Corpocaldas saque la resolución con los cambios, definidos en un mapa, que aplicarían para el área de influencia de la quebrada Manizales, así como para otros cauces.
Por lo pronto, como viene sucediendo desde que se emitieron esas directrices y con mayor razón después de las avalanchas, cada que un residente o industrial pretenda ampliar su infraestructura debe solicitar la distancia a que debe quedar de la quebrada. Esto contrasta con el reasentamiento de varias familias damnificadas que regresaron a sus viviendas al pie de la ribera. Casos de invasión, según Ochoa, que merecen un manejo policivo.
Aunque si se mira el cumplimiento de los 15 metros de distancia, hoy en revisión, llama la atención que empresas como Colombit estén al borde del afluente, claro, primero fue esa edificación y luego vino la norma. Ochoa indicó que en ese y otros sitios no hay irregularidades, pues lo que hay al pie de la ribera son equipamientos como bodegas, parqueaderos o canchas.
Sin embargo, la solución definitiva no será aumentar la distancia frente al cauce, admitió la funcionaria. "Podemos mover toda la industria y la vivienda para empezarle a dar espacio a la quebrada, pero sino hay una autorregulación en la parte alta de la cuenca se va a seguir ampliando". El meollo, entonces, radica en los usos del suelo de las laderas.
Coincidió Norman Trejos, propietario de la Mina La Ríos, ubicada en inmediaciones de la quebrada La Elvira que se represó y originó las avalanchas (ver infográfico). Allí no han intervenido. "Todas las obras se concentran en la zona industrial, pero antes hay que atacar la raíz. Un trabajador de aquí me cuenta cómo se extienden las fincas ganaderas y aumentan las áreas deforestadas, lo que facilita la erosión y que cuando llueva se encajonen las cuencas".
David Fernando Arias, jefe de la OMPAD, sostuvo que "siempre se hacen diseños para mitigar el riesgo" priorizando las comunidades vulnerables y, en este caso, la zona industrial, pues más adelante hay poblaciones que siguen expuestas.
"Se ha pensado en invertir en la parte alta de la cuenca, pero las obras vigentes vienen del año anterior y no sabemos cuál fue el criterio inicial, aparte de proteger a las personas y las propiedades de los manizaleños. Se deben empezar a hacer las gestiones en esta administración para intervenir allá, a partir de la recuperación de microcuencas y la revisión del impacto de las minas", agregó Arias Aristizábal.
Lo irónico es que algunos habitantes del sector de Maltería, cerca de donde se construye un dique y se proyectan dos más, desaprueban estas obras porque no se sienten que los vaya a proteger. "Póngale cuidado que el dique se va a ir llenando de material y cuando se crezca la quebrada no va a servir, sino que la inundación va a ser peor", señaló Diego Gallego, damnificado del año pasado.
A lo cual el jefe de la OMPAD respondió que el dique está diseñado para soportar los flujos de la quebrada, aunque admitió que el riesgo no se elimina, se disminuye. "La amenaza para las viviendas sigue latente, por eso la idea es reubicarlas".
117 familias son las afectadas en los sectores de Maltería, bajo Juanchito y Verdum por las avalanchas del año pasado de la quebrada Manizales, según el último censo que actualizó la Junta de Acción Comunal de Maltería para la Caja de la Vivienda Popular.
Se distribuyen así: 20 por pérdida total de la vivienda, 28 por afectación parcial, 23 por vulnerabilidad alta y las otras 46 son inquilinas. Las propietarias y poseedoras, que son 71, se priorizarían para un plan de reubicación, aunque todas, por el solo hecho de ser damnificadas, están postuladas a los subsidios de vivienda, afirmó el jefe de la OMPAD.
Entre algunos damnificados crece la desesperanza. El pasado miércoles, aniversario exacto de la primera avalancha, sacaron carteleras diciendo que los habían abandonado. "No se volvió a saber nada de la reubicación, no volvieron a dar auxilios, pasaron las elecciones y punto", expresó José Fernando Gallego, otro damnificado, quien volvió a ocupar su casa al pie de la quebrada. Otro, Gustavo Giraldo, aseveró que en una visita de la OMPAD les dijeron que no había plata para reubicarlos.
El jefe de esa dependencia desmintió que no se haya vuelto a hablar de la reubicación y aseguró que siguen analizando las posibilidades para hacerlo. Advirtió que las familias no pueden regresar a las casas afectadas, porque siguen en riesgo, y que por eso se les dará la otra semana tres meses más de subsidio de arrendamiento con recursos de Colombia Humanitaria.
Luis Alejandro Trejos, gerente de la Caja de la Vivienda Popular, indicó que a las familias se les ofreció los apartamentos de San Sebastián, pero no aceptaron. "Tendrían el cierre financiero solo con el subsidio nacional, de unos $39 millones, y no quedarían endeudados. Esto por ser damnificados de la pasada ola invernal". Agregó que el problema para reubicarlos en el mismo sector es que el Municipio no tiene allí un lote y tampoco plata para adquirirlo, y que así la comunidad lo consiguiera habría obstáculos con el POT al no permitir nuevas urbanizaciones.
La jefe de la Unidad de Planeación Ambiental explicó que el POT vigente, revisado en el 2007, determinó una zona industrial y un perímetro urbano, que no se ha ampliado. "Es posible cambiar el uso del suelo de un lote en zona industrial. Debe solicitarse a la Nación, que puede autorizarlo si es para las familias de la pasada ola invernal".
Las fábricas e industrias, por su parte, seguirán en el sector mientras sus propietarios así lo deseen, pues el POT seguirá respetando la zona declarada para ellas y solo sería cuestión de negociar las nuevas medidas de los retiros de las fajas forestales y de las áreas por donde cruzan las conducciones de servicios públicos.
"No le vamos a pedir a la industria que se vaya de ahí, porque para nosotros es una zona productiva y de generación de empleo", puntualizó Ochoa. Y que las industrias le apuesten a reforzar la protección muestra su intención de quedarse. Colombit ya lo hizo, de hecho (ver infográfico).
La Industria Licorera de Caldas, que también resultó muy afectada el año pasado, ha avanzado en planes de contingencia y de prevención, pues según un administrativo se espera que Corpocaldas y la OMPAD intervengan con obras civiles como lo hacen en otros sectores. Una medida es que a la entrada los vehículos no pueden quedar represados en el puente, pues por allí fue que se desbordó la quebrada. También están comunicados con el Cuerpo Oficial de Bomberos a través de radioteléfono.
Y hay planes de evacuación concertados en el Comité local de ayuda mutua, que conforman las empresas. Ese comité funciona desde hace dos años, pero después de las avalanchas empezó a trabajar más coordinado.
A otros no les atemoriza iniciar empresa, pese a los antecedentes. Donde funcionaba una bodega, metros abajo de Postobón, montaron un call center, que se llama Alhambra. El año pasado, cuando aún estaba la bodega, el sitio se inundó por un represamiento de la quebrada La Castrillona -pasa por el conjunto Cerros de la Alhambra-, que luego desemboca al río Chinchiná, como la Manizales. Esta, además, pasa por un lado, donde hicieron un muro.
Aún así, el jefe de la OMPAD dijo que con las obras que se hicieron en La Castrillona, detrás del colegio Gimnasio Los Cerezos, se disminuyó el riesgo considerablemente. "Esa estructura ya tenía licencias de construcción antes de que sucediera la inundación, aunque el tema podría entrar en discusión".
Así como este punto, de aparente conflicto, se podrán generar más focos de discusión en la actualización del POT y se seguirán dando en la reubicación de las familias, hoy en planes. Aún no hay punto final para una solución definitiva.
Jorge Ricardo Gutiérrez, director del Invías Caldas, indicó que pese a las avalanchas de la quebrada Manizales no se ha pensado modificar el trazado de la doble calzada.
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