Blanca Eugenia Giraldo
LA PATRIA | MANIZALES
La asesora del Ministerio de Salud y Protección sobre mitigación en el consumo de drogas Susana Fergusson llegó a Manizales el pasado domingo para continuar con el proceso de acompañamiento que hacen el Ministerio y las Naciones Unidas sobre el eje de mitigación de consumo de drogas. En esta oportunidad vino a trabajar para visibilizar cuáles son los derechos y vulneraciones que manifiestan los consumidores.
En este primer encuentro del año, según Fergusson, "se agitó la cobija", pero a comienzos de abril, en la próxima visita, espera que se hayan gestado cambios. "Hace falta golpear un poco al sistema para ver si logramos desestabilizar las representaciones sociales y dejar la actitud del deber ser".
Asegura que el afecto y los vínculos son los que salvan a una persona.
¿Cómo está Caldas en derechos y vulneraciones de los consumidores?
¡Es un panorama tan triste! Los consumidores tienen las mismas barreras y vulneraciones que tiene la población en general con respecto a salud, pero agravados por el estigma, que es tal vez el problema más grave. Esta es una herencia que tenemos de la guerra de las drogas, de esa postura de prohibición radical que hace que los consumidores tengan muchísimas más dificultades para acceder a salud porque son maltratados.
¿En qué forma?
Hay una actitud despectiva, tiempos de espera muchísimos más largos que los del resto de la población y para los casos severos, exclusión de los servicios y un maltrato del personal de salud.
¿Hay atención para tratamientos?
Hay que decir que la oferta institucional es muy pobre y en una sola línea, todos tienen que entrar en tratamiento medicalizado o de comunidades terapéuticas 12 pasos, pero esto no es para todo el mundo, como tampoco lo es el encierro obligatorio.
¿Hay un protocolo para suministrar medicamentos?
La medicalización es terrorífica porque tienen un protocolo que lo aplican para todos sin ningún control. Además, por temas de POS y de accesos, les formulan para un mes y los mandan para la casa. Ellos tienen que sortear unos efectos secundarios aterradores, como vómito, diarrea, colitis, hay gente que refiere ansiedad, cambios de humor, trastornos del sueño, pero como el médico no lo puede ver sino después de un mes, no hay ningún control y generalmente terminan en recaída, porque abandonan el tratamiento. Es decir, no tenemos un sistema intersectorial que vele por ellos.
¿Tienen en cuenta la edad o qué consumen?
No tienen en cuenta la edad, ni el tipo de consumo, ni en dónde viven y con quién, tampoco conocen qué redes tienen, por lo tanto faltan diagnósticos claros; los ven como si todos fueran enfermos, desviados, delincuentes.
¿Qué más hace falta?
Debemos hacer sistematización, seguimiento y evaluación que es la otra cosa que no hay. Por ejemplo, un tratamiento de desintoxicación de 15 días vale entre $7 millones y $10 millones y con mucha frecuencia a las dos semanas han recaído. Entonces me pregunto, ¿en qué estamos poniendo el dinero?, cuando ese dinero pudiera servirnos para hacer cosas de contención, de prevención, que permitiera que los niños no se nos desbarranquen.
¿Esto solo se da en el caso de la prestación de los servicios de salud?
La cosa más dramática es la exclusión escolar porque estamos echando a nuestros niños del colegio porque son necios, porque son consumidores, porque son distintos, y cada vez que una institución educativa hace eso, está radicalizando las condiciones de riesgo. Los estudios muestran cómo la escuela debe ser un lugar protector y cuando los expulsa, es más dramático.
¿Qué hacer?
Tenemos que cambiar con la historia, la manera de ver la droga está cambiando, lo mismo que los consumos han cambiado. Creo que lo que hacemos no está cambiando mucho porque la edad de consumo sigue bajando, aunque dicen que aquí en Manizales no, pero la vivencia en la realidad es otra. Estuve en la Comuna San José y vi niños de 6 años, no uno, ni dos, ni tres, vi bastantes metiendo pegante, marihuana y había hasta niños armados.
¿Cómo ayudar a estos niños?
La educación es absolutamente importante. Por ejemplo, el consumo de pegante, que es feroz y el más instalado en los niños, requiere de una intervención médica inicial para manejar los efectos de la ansiedad que produce la sustancia, pero si esto no va acompañado de actividades consentidas, con afecto, con dignidad y un poco de ayuda mientras pasa el síndrome de abstinencia, no sirve. Cuando hay realmente una contención, los resultados son muy buenos, pero si los volvemos a lanzar a situaciones como las de la Comuna San José se vuelve alarmante.
¿Vale la advertencia en esa primera etapa?
El problema es que con los niños no queremos hablar de droga, ni de sexo, ni de violencia, pero eso está ahí y entonces cómo hacemos para manejarlo, seguir negando esto no retrasa nada, al contrario, tenemos que retrasar la edad de inicio, educando, hablando del tema reflexivamente y no de la muerte y el horror, porque esa estrategia nos ha mostrado que no sirve. Necesitamos lograr consumos menos riesgosos y que no transiten a sustancias más horribles.
La Pastoral Social arquidiocesana maneja un hogar de paso para habitantes de la calle, que en su mayoría son adictos. Ahora hay unos que trabajan, ¿qué opina de esta propuesta?
Creo que los programas de bajo umbral, que sería este, son asistencia básica y son necesarios. Pero solo la asistencia no funciona, la clave para comenzar una ruta de salida es darles amor, brindarles apoyo, confianza y autoestima. El problema es que Pastoral no está conectado con otras cosas.
¿Cómo hacer que la inclusión funcione?
Tiene que ser progresiva. Ese primer paso que da la Pastoral es perfecto, debemos ayudarles en su desintoxicación y luego conocer sus habilidades para ver si logramos dar un paso más, trabajar con perspectiva en reducción de daños. Luego tenemos que dar el segundo paso, dónde está el SENA, dónde hay procesos que permitan una informalidad que los saque de la calle. Por eso digo que las políticas de prevención solas no dan la respuesta a un problema que ya está instalado.
¿Dónde queda la familia?
Cuando la gente tiene un medio y mejora su condición psicológica y su autoestima, busca vivir en hotelitos y bañarse para no vivir sucios, esto tiene un impacto impresionante. Luego hay que recuperar la red familiar, que es el dolor más profundo, los hijos, la mujer, los papás que han sido excluidos de todas las redes amorosas, entonces al recuperar eso recupera la esperanza, que es la puerta de entrada a una nueva vida.
¿Cómo hacen reducción de daño con la población vulnerable?
Es más fácil, porque el consumo está normalizad y la sustitución es mejor. Cuando te acercas a los problemáticos con una actitud no de juicio, sino amorosa, para hablarles de los efectos secundarios, porque no todo es tan bonito. No podemos decir que el consumo es la maravilla, que es inocuo, hay que regular cantidades y mirar dónde compran, porque si es en la olla más espantosa cabe preguntar ¿qué están metiendo?
¿Cuál debería ser la participación de la familia frente a un miembro consumidor?
En familias de clase media, cuando conocen la situación, con frecuencia se arma el rollo y comienza la presión, lo que genera el efecto contrario. Yo que soy una defensora de la reducción de daño creo que la cannabis, si se maneja bien, no siempre es la puerta de entrada al desastre. Tenemos que trabajar con las familias porque muchos de los desastres vienen desde allí, por eso hay que romper el silencio y lograr que padres e hijos hablen del problema, porque es menos riesgoso que si se hace a escondidas. Qué es mejor, que su chiquito se meta el porro en la azotea de la casa, o que se vaya para la olla o para el parque donde llega la Policía y lo muendea.
¿Dónde queda el microtráfico, que es otra fuente del problema?
Por ejemplo, en Pereira están haciendo un trabajo de mitigación del riesgo muy bueno; sin embargo, el microtráfico es una cosa compleja. Hay sitios donde están empacando el porro con una línea de heroína que termina siendo una bomba espantosa porque produce una adicción severa. Los baretos están marcados con el sello de la bacrim de la zona y si cogen a alguno con un porro que no tenga su marca, lo amenazan y de allí todo lo demás.
¿También se quejan del maltrato policial?
Yo entiendo que hay gente mala, pero no tienen derecho a matarlos ni a golpearlos, son un chicharrón social tenebroso, pero qué hacemos con esos consumidores llevados. Lo que hay que hacer es un trabajo de sensibilización. No podemos seguir haciendo guetos de los consumidores, hay que hacer más inclusión. Tenemos que construir con las comunidades porque son ellos los que viven el problema. Es mirar cómo contener el problema desde adentro, lo que significa cambiar la lógica institucional y las políticas.
Sobre la legalización de la marihuana en Uruguay, Fergusson reconoce que no es una defensora a ultranza, pero sí cree que una mirada menos punitiva es más sana para paliar el dolor que genera el consumo.
El país suramericano tiene 3 millones de habitantes, la mayoría de la población es escolarizada y cuenta con un sistema de salud que aunque esté en crisis, funciona y a esto se le suman que hay muchos centros de escucha.
"Lo curioso es que nosotros construimos la estrategia y todo el eje de mitigación con los centros de escucha y es allá donde más se ha desarrollado, aunque no podemos ignorar que aquí también. Uruguay es punta de lanza en Latinoamérica y están trabajando también un componente de inclusión social muy importante, hay intelectuales que están desarrollando estrategias muy bonitas de inclusión que son absolutamente esenciales cuando hablamos de legalización o regulación de venta".
Sobre el plan del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, Bazuco cero, la experta asegura que es una cosa riesgosa, pero lo interesante es que hizo una propuesta e innovó. "Creo que debemos hacer procesos durante un año, no intervenciones sueltas. Tenemos que innovar en la manera como nos acercamos a las drogas. Si seguimos haciendo lo mismo no podemos esperar buenos resultados. Es evidente. Bogotá está emproblemadísimo, hay un tema interesante a pesar de que las estrategias no han funcionado".
La desigualdad, la miseria y la falta de oportunidades, de trabajo son la puerta de entrada al consumo. En la población infantil es la falta de educación, de recreación, de espacios dignos, la violencia y la misma falta de oportunidades, esa frustración de ese mundo globalizado y fantástico frente a su condición marginal.
Durante 10 años fue partera y a la par comenzó con una fundación en el barrio Egipto, en Bogotá, para dictar charlas a madres comunitarias. Allí tenía una red de operadores, médicos y universidades. Luego la Secretaría de Integración Social le patrocinó un programa para madres lactantes y abandonadas, trabajo que la condujo a conocer los efectos sociales de la droga. La Cáritas alemana apoyó este trabajo, los formó y les permitió innovar.
En el 2007 presentaron el primer informe y fue cuando se interesó el Ministerio de Salud y Protección. Luego los invitaron a formar parte del equipo que estaba formulando la política sobre mitigación en el consumo de drogas y así se formuló el modelo de inclusión social.
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