Felipe Motoa

LA PATRIA|Manizales

Sin piso jurídico podrían quedar las denuncias del diputado Jorge Luis Ramírez en la Asamblea de Caldas, el pasado 30 de julio, en las que afirmaba que el gobernador designado, Juan Martín Hoyos Villegas, estaría impedido para tomar decisiones referentes a la Industria Licorera de Caldas (ILC).

La hipótesis de Ramírez, conservador sierrista, toma como base actas de la Asamblea de Accionistas de Casautos S.A., registradas después de la posesión de Hoyos Villegas en la Gobernación e incluso después de que este cambió a tres personas en el Consejo Directivo de la ILC.

Dichas actas muestran que el Gobernador era miembro de la Junta Directiva de Casautos S.A. hasta el 27 de junio del 2013, un día antes de posesionarse. Según el diputado, al renunciar Hoyos Villegas el 27 de junio a la Junta y solo registrar esa actuación el 15 de julio (la cual queda en firme 10 días después de entregada en la Cámara de Comercio), esto le generaría un conflicto de intereses.

LA PATRIA consultó al abogado Lorenzo Calderón, especialista en derecho comercial y exdirector del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, quien manifestó que el registro sí se hace efectivo 10 días hábiles después de entregado, para que en ese tiempo terceros se opongan, si así lo consideran, al acto que se registra. Pero aclara: "basta con la designación -o renuncia, en el caso de Hoyos Villegas- en privado, para que esta tenga efectos entre las partes, internamente", por lo cual el Gobernador no incurre en conflicto de intereses.

El antecedente

Dos contratos le generan inquietud al diputado Ramírez, en relación con futuras actuaciones del Gobernador. El primero, por un monto de $2.558 millones 740 mil y el segundo por $2.002 millones 87 mil (ver infográfico). Están vigentes desde el 16 y 17 de diciembre del 2010.

El Gobernador ha expresado que está tranquilo. Dice: "Inhabilidades para ejercer el cargo o participar en la Junta de la Industria Licorera no tengo ninguna". Ramírez insiste en señalar que "se está violando el Estatuto Anticorrupción, el Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo y el Código Disciplinario Único. No debió haber cambiado la Junta Directiva de la Licorera".

Al ser un tema de interpretación jurídica, el asunto solo podría aclararse, en su totalidad, si es asumido y esclarecido por los entes de control o judiciales.

Como miembro de la Cámara

El Gobernador, desde antes de ser designado por decreto desde la Presidencia de la República, es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Manizales, como representante del Gobierno. En cuanto a si esta posición podría generarle un conflicto de intereses, Lorenzo Calderón, abogado especialista en derecho comercial, indica que lo que puede hacer el mandatario "es suspender su actividad en la Cámara y mientras acaba su mandato en la Gobernación, que asista el suplente. Cuando acabe el mandato puede continuar sin problemas. Cosa distinta sería si hubiera sido elegido por voto popular".