Fiscalía, cansada de que jueguen con Justicia y Paz

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El anuncio del Fiscal General, Eduardo Montealegre, de que solicitará el retiro de 354 desmovilizados que hacen parte de Justicia y Paz, por incumplir la normatividad y los compromisos que impone la norma, generó incertidumbre sobre el futuro de las víctimas y de los propios excombatientes postulados.

Para la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, esto no se debe considerar un fracaso. Solo se trata de recomponer el camino y de demostrarles a los desmovilizados que la justicia transicional no es un juego.

Un funcionario de esa Unidad manifiesta: “para nosotros era muy interesante el derecho a la verdad, pero nos hemos dado cuenta de que nos han cogido de juego. Esto es un mensaje no solo del Fiscal, sino del Gobierno. Las cuestiones estaban siendo mal entendidas y nos estábamos relajando mucho, tanto Fiscalía como magistratura”.

El fiscal Montealegre indicó: “los fundamentos de la solicitud de exclusión tienen que ver con el hecho de que los postulados no contribuyeron al esclarecimiento de la verdad, otras personas siguieron delinquiendo desde la cárceles, o también porque fueron renuentes a comparecer a las diligencias y a las actuaciones. A esto se suma que un grupo más no contribuyó a la reparación”.

Ensayo y error

Según el ente investigador, la justicia transicional, que se ha aplicado con los paramilitares desmovilizados, es un “laboratorio que permite aprender de los errores”. La entidad asegura que quizás en los gobiernos de los últimos años se pensó que el fenómeno del paramilitarismo era menos masivo de lo que realmente es.

“Colombia es la primera justicia transicional que se practica en medio de un conflicto. Siempre se da en el posconflicto. De los errores se aprende y no creo que se haya fracasado. Es un momento para hacer un alto en el camino y mirar hacia el futuro, para que no cometamos los mismos errores cuando haya una justicia transicional con la guerrilla”, aseguró el representante de la entidad investigadora.

Sobre las falencias que se deben corregir, indicó que es necesario verificar muy bien a quién se incluye y la voluntad del excombatiente de ayudar a conseguir las paz en el país. “Lo principal que tiene que tener la guerrilla es voluntad política. Esto no es juego. No es para dilatar términos ni hacer maniobras torticeras. La semana pasada nos visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos dijo lo mismo: 'Esto no es un hotel para los postulados o para los guerrilleros o el que sea'. Es una pena alternativa bajo unos requisitos muy serios de verdad, justicia y reparación”.

De todas maneras, solo serán los magistrados del tribunal al que le corresponda estudiar el caso quienes decidan si acceden a la petición de la Fiscalía y retiran a los postulados. El funcionario de la institución continúa: “Entre 2010 y 2011 se retiraron 27. Creo que, siguiendo la misma línea, es probable que lo acepten. Cumplimos con pedirlo, pero al final será la Corte Suprema de Justicia la que decida, porque muy seguramente, si son excluidos, apelarán”, aseguró.

De acuerdo con el fiscal General, se prevé que a quienes expulsen pasen a la justicia ordinaria, donde se expondrán a penas de prisión que pueden alcanzar 60 años por graves violaciones a los derechos humanos. "Para quienes permanezcan en Justicia y Paz, las penas que se imponen son entre cinco y ocho años", puntualizó el alto funcionario.

Además, esas 354 solicitudes de retiro de los beneficios de la ley podrían no ser la únicas, puesto que se indaga entre los diferentes fiscales que llevan los procesos para conocer si más postulados han incurrido en fallas que lleven a su expulsión.

Las ganancias de la Ley

Para la Fiscalía, el trato con la ley ha llegado a ser injusto, puesto que un gran legado del proceso de Justicia y Paz es haber descubierto la denominada parapolítica, gracias a la Unidad de Justicia y Paz. Era un tema “ensombrecido, pero debido al proceso salió a la luz pública y se han conseguido grandes resultados, se han esclarecido muchas cosas y se llegó a puntos que nadie imaginaba”.

Por último, indicó la entidad que no se ha perdido el tiempo porque los procesos seguirán por jurisdicción ordinaria. Son conscientes de que podría haber más dilaciones, pero que la justicia no ha sido desgastada porque al final serán juzgados y las víctimas también incluidas en esos procesos.

“El problema es de la justicia”

Fernando Artavia, abogado del excabecilla paramilitar Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, indicó que la única responsabilidad de lo que ocurre es de la justicia colombiana, y que, sumado a todo, los fiscales se quejan de que no hay personal para adelantar las investigaciones de manera ágil.

“El fiscal puede decir de todo, pero esa gente (los postulados) no ha comparecido porque se murió, a muchos les precluyeron, les dictaron resolución inhibitoria, les negaron el procedimiento y por eso no están concurriendo. Eso no es nuevo, solo que él vino a ponerlo en conocimiento de la opinión pública. De los postulados solo hay una lista nada más”, aseguró.

Agregó que el proceso ha sido tan dispendioso y demorado que ya hasta los mismos desmovilizados desean ser juzgados por las justicia ordinaria. “Hay postulados que quieren retirarse de Justicia y Paz porque les han tomado mucho el pelo. Hay gente que tiene cargos formulados desde el 2009 y este es el momento que no les han dado fecha para audiencia de legalización de cargos. Entonces, vamos a durar 100 años en eso, pero no es por culpa de los postulados, sino de la misma justicia y de la Fiscalía”, aseguró Artavia.

Sobre si habrá respuesta para las víctimas de los excombatientes que salgan de la ley, el abogado indicó que en nada se verán afectadas. “Las víctimas pueden ir a la justicia ordinaria, pero con esta demora ya se están cansando. Inicialmente, iba mucha gente a las audiencias, pero ya nadie asiste. Están cansados de esperar, pero no es por culpa de las víctimas ni de los postulados, sino de la misma justicia. Como el hilo se revienta por lo más delgado, ahora les echan la culpa a los postulados”, concluyó.

"Deben cumplir"

Jorge Alberto Ruiz, defensor de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, exjefe del Bloque Central Bolívar de las Auc, indicó que si los exparamilitares no han cumplido con los acuerdos, deben ser excluidos. “Es perfectamente comprensible porque cada postulado tiene un deber y una obligación. No es con la sociedad o con el Estado, sino con ellos mismos, de hacer un compromiso serio por la paz de este país”, indicó.

Como su colega, asegura que las víctimas no se verán afectadas si los procesos pasan a la justicia ordinaria, puesto que también tendrán derecho a la reparación: “en la justicia ordinaria hay un escenario perfectamente válido para impetrar el pago de las compensaciones en dinero, y el hecho de que no estén en Justicia y Paz no quiere decir que no se pueda acudir a la jurisdicción ordinaria para conseguir el pago de las obligaciones”.

Según él, las dificultades han venido de todas partes, pero el principal responsable de las demoras es el Estado, porque constantemente se han vivido cambios.

“El incumplimiento ha sido sistemático y generalizado, y casi que más del mismo Estado desde que implementó las mesas de negociación. Los procesos han sido terriblemente demorados y las reglas del juego las cambian permanentemente”, se quejó.

Las víctimas

Rosa González, madre de una joven desaparecida por la incursión armada de los paramilitares en el 2000 en zona rural del Guaviare, dice que, pese a que existen postulados a Justicia y Paz, no ha tenido la posibilidad de conocer cuál fue la suerte de su hija. “Uno de esos señores dijo que sabía dónde estaba mi hija, pero realmente nunca ha aparecido. Ellos recibirán condenas cortas y las víctimas seguiremos por las mismas. Nada nos devolverá a nuestros seres queridos. La verdad, prefiero que les quiten todos esos beneficios. Esa ley no sirve para nada. Estamos cansados de esperar. No quiero plata, solo que mi hija tenga una tumba digna”.

Los que saldrían

La relación del número de postulados que la Fiscalía pidió que salieran de Justicia y Paz, de acuerdo con su departamento, es la siguiente: Antioquia, 133; Atlántico, 6; Bolívar, 10; Córdoba, 3; Sucre, 6; Arauca, 17; Chocó, 2; Guajira, 1; Magdalena, 7; Meta, 24; Nariño, 2; Norte de Santander, 2; Santander, 1; Valle del Cauca, 2; Caquetá, 1; Cundinamarca, 11; Huila, 1. No se establecen 5.

El caso de Báez

El caldense Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, comandó el Bloque Central Bolívar de las Auc, que delinquió en Caldas por medio del Frente Cacique Pipintá. Báez se desmovilizó y se acogió a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, pero no así los integrantes de ese frente, cuyos cabecillas fueron capturados. El exjefe paramilitar se ha negado a aceptar que participó en crímenes, argumentando que su papel dentro de ese grupo armado ilegal era político y no militar. Por ello ha estado a punto de ser expulsado, aunque hasta ahora continúa.