Esta semana el presidente Juan Manuel Santos acudió al municipio de San Carlos, Antioquia, para declararlo públicamente como el “primer municipio libre de sospecha de minas en Colombia”. Esto se logró tras un proceso de casi dos años de localización y desactivación de minas conocido como el “desminado humanitario”.
Las minas antipersona son un problema que afecta a Colombia desde hace 20 años, debido a que los grupos armados ilegales, especialmente las Farc y el Eln, las usan para defender las zonas en las que se ubican y de paso frenar los avances de la Fuerza Pública.
Hasta el momento, según cifras del Programa Presidencial para la Acción Contra las Minas Antipersona, entre el primero de enero de 1990 y el 29 de febrero de 2012, se han presentado 9.665 víctimas de este tipo de artefactos. De estas, 2.028 han muerto, mientras que 7.614 han sido mutiladas o gravemente heridas.
Tras la firma de la Convención de Ottawa, que declara la siembra de minas como un crimen de lesa humanidad, el Gobierno colombiano se comprometió a erradicarlas de todo el territorio nacional.
Sin embargo, hacer la promesa resultó mucho más sencillo que cumplirla. Fue necesario primero erradicar las minas antipersona de 35 bases militares a lo largo del territorio nacional, las cuales hacían uso de este mecanismo para protegerse de los ataques de los grupos ilegales.
Según el teniente coronel Carlos Iván Cadena, comandante del Batallón de Desminado Nº 60 Coronel Gabino Gutiérrez, esta labor comenzó con objetivos puramente militares. “Los ingenieros militares somos los únicos que hacemos desminado, y antes solo se hacía para abrir paso a la tropa o para encontrar laboratorios de droga”, afirmó.
Fue solo hasta 2007 que por una orden de la Presidencia de la República se pidió al batallón 60 empezar labores de desminado humanitario en los municipios que habían sufrido con mayor intensidad este flagelo en el marco del conflicto armado.
"Una de las regiones estratégicas desde el inicio fue el oriente antioqueño, dado que de allí ya estábamos logrando sacar a las Farc y el Eln", afirmó Cadena.
¿Cómo va?
Según el coronel Cadena, "el batallón de desminado humanitario actualmente tiene jurisdicción en los departamentos de Santander, Antioquia, Caldas y Bolívar". Su jurisdicción se define sobre municipios que hayan afrontado el flagelo del conflicto armado, y que "ya hayan alcanzado una situación de seguridad y orden público aceptables".
Según Daniel Ávila, director del Programa Presidencial de Acción Contra Minas, "es indispensable que ya no exista o que se reduzca mucho la presencia y acción de los grupos armados ilegales, antes de empezar el desminado". La razón para ello es que los encargados de esta labor pueden terminar siendo víctimas de la acción de los actores ilegales o las minas pueden volver a ser plantadas.
En este sentido, "es muy importante contar con el apoyo de la comunidad para hacer el desminado", contó Ávila y agregó que "… de esta forma no solo prevenimos más víctimas en terrenos que aún no hemos explorado, sino que la misma gente nos ayuda a denunciar dónde están los campos minados", agregó.
Esto es de suma importancia, dado que como el mismo Ávila lo dice, "por obvias razones los grupos ilegales no dejan mapas de sus campos minados, ni los hacen fáciles de detectar". Por eso, un campo minado solo es detectado cuando estalla una de las minas.
"A esto es que se refiere el término 'libre de sospecha de minas', a que todas las demandas y sospechas de campos minados que hemos tenido en municipios como San Carlos han sido atendidas en su totalidad", explicó Ávila.
Por ésta y otras razones el avance del desminado humanitario ha sido lento y ha encontrado muchos obstáculos. "La primera dificultad es que estas no son minas convencionales, sino improvisadas" explicó Ávila. "Son imposibles de encontrar con los detectores tradicionales que se ven en televisión o en el cine", agregó.
El coronel Cadena contó que estas minas suelen estar hechas de plástico y explosivos que no tienen componentes metálicos. "Para detectarlas recorremos con detectores el campo del que sospechamos está minado, y nos apoyamos en animales y herramientas que nos ayuden a reducir la maleza alrededor de la mina", explicó el oficial.
Sin embargo, en este sentido "uno de los principales obstáculos es la geografía colombiana". Las zonas selváticas y montañosas del país que los grupos armados utilizan para esconderse y defenderse de la Fuerza Pública, son de difícil acceso para los ingenieros militares.
"Hay áreas que a pesar de ser muy reducidas, nos toman varios meses de desminado porque el terreno hace que el avance sea lento", contó el coronel y agregó: "lo último que queremos es que un civil o uno de nuestros soldados resulte perjudicado por mismo flagelo que trata de erradicar", agregó.
El lento avance de esta labor también suele deberse al impacto del invierno. "Cuando llueve, los detectores pueden no funcionar bien, o el terreno enlodado puede enterrar una mina y hacerla imposible de detectar hasta que se pisa", dijo el oficial.
Para agilizar estas labores, el programa cuenta no solo con el personal de Presidencia sino con 450 hombres del batallón de Ingenieros quienes se dividen en 27 frentes de acción a nivel nacional. "Dado que la primera región donde empezamos fue el Oriente antioqueño, estamos muy próximos a entregar municipios como Granada y San Francisco, en el oriente de Antioquia"
También se han logrado grandes avances en el municipio de Zambrano (Bolívar), a los pies de los Montes de María, y en los municipios del Carmen y San Vicente de Chucurí en Santander. Samaná (Caldas) es otro de los frentes más importantes de acción en este momento.
Para Daniel Ávila, el objetivo de éste es lograr que "a medida que se vaya recuperando la seguridad en el territorio colombiano, también se le vaya regresando la seguridad a la gente de que puede caminar por su campo con tranquilidad".
Sin embargo, a medida que se van recuperando zonas, y se va verificando la ausencia de minas, existe el riesgo de que se vuelvan a encontrar más objetos de este tipo.
De acuerdo con esto, el coronel Cadena afirmó que "la idea del ejército es no perder territorios recuperados", y mucho menos permitir de nuevo la plantación de minas. Por ello, Ávila resaltó que la idea del programa es "seguir contando con el apoyo de la población, dado que nos puede ayudar denunciando si lo grupos armados ilegales regresan a su región".
Este apoyo ha sido experimentado por los integrantes del Batallón de Ingenieros cuyo comandante, el coronel Cadena, dice que "a medida que la gente se va dando cuenta de lo bueno de este programa y de la presencia de la Fuerza Pública, nos va colaborando más".
En Caldas
Samaná está entre los 14 municipios del país priorizados por el Gobierno. En la vereda Yarumal tienen cercado el acueducto con minas hace siete años y por ese batallón tiene como meta desminar la zona.
La actividad de esos uniformados en 2012 se enfocará a desminar los 200 metros de ascenso al acueducto de esta vereda, cercado con esos artefactos por el frente 47 de las Farc desde hace por lo menos siete años. La meta es que el agua les llegue sin problemas a 60 familias.
Un habitante señala que lo que más quieren es disfrutar de la paz que se pregona que existe en El Congal y en Guacamayal, otras veredas de Samaná afectadas por el conflicto en donde el batallón adelantó su trabajo el año pasado, cuando empezó la misión en Caldas.
Según el capitán Óscar Enrique Dueñas Barrera, oficial de operaciones del Batallón de Desminado Humanitario, en la primera se desactivaron 65 artefactos explosivos y se revisaron 30 mil 362 metros cuadrados. En la segunda fueron 32 minas y 29 mil 974 metros cuadrados examinados.
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