Acciones populares, inventario con ojo ciudadano II

Los casos que trasnochan a los jueces

Adecuaciones y accesos para discapacitados

Las reformas y reforzamientos de oficinas del Estado, bancos o espacios públicos son los más accionados. El tema acumula en los despachos 216 procesos. La razón, es la solicitud constante de Javier Elías Idárraga. La demanda recae contra los edificios de las alcaldías, Aquamaná, Chec, cajeros electrónicos, sedes del Banco Agrario y despachos judiciales.

No se salvan los colegios ni las plantas de tratamiento de aguas. También exige sanitarios para discapacitados, barandas, ventanillas preferenciales para los ancianos y adecuaciones para personas de talla baja.

Aunque los jueces han concedido sus pretensiones y han obligado a alcaldes y gerentes a modernizar los edificios, negar el incentivo ha sido el motivo para apelaciones, por lo que las decisiones aún no se hacen efectivas. "Como la demanda es en masa y formateada, resulta que ha mandado la misma a varios juzgados o ya se resolvieron en años anteriores. El juez les da prioridad, porque son constitucionales, pero pierde tiempo", comenta una secretaria de despacho.

Urgen pavimentaciones de vías

Las reparaciones de carreteras, huecos, señalización, pasos peatonales y planes viales preocupan a los caldenses. 46 acciones, que les exigen a las alcaldías, Invías y al Departamento acciones inmediatas son prueba de ello. Solicitan cunetas, manejo de aguas y reparcheo de huecos.

A esto hay que añadirles 44 acciones que se contaron para la creación de andenes, remoción de señales y postes que obstaculizan el paso peatonal y rampas para que las sillas de ruedas suban a las aceras. El tema abarca en un mismo saco a las veredas más perdidas del Departamento que pretenden huellas para que los carros lleguen y al barrio Palermo de Manizales, cuyos habitantes piden la continuación de la Avenida Paralela.

Los casos observados por LA PATRIA demuestran que muchos se resuelven en el pacto de cumplimiento, en el que los alcaldes, como Jorge Eduardo Rojas, prometen integrar esas reparaciones a sus planes de gobierno. Por ejemplo, Rojas ya se comprometió a ingresar la terminación de la Paralela a las modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, que se avecina.

Temor por la naturaleza

La tragedia del barrio Cervantes causó pánico en los manizaleños. La Personería se inundó de peticiones para revisar taludes inestables, aguas lluvias, cauces de ríos, canales, alcantarillas y hundimientos de calzada. La avalancha de acciones populares en contra de Aguas de Manizales, Corpocaldas, Empocaldas y los municipios va en 80 procesos y aún no para. Los derechos ambientales, amparados por este tipo de demanda, están llegando directamente al Tribunal Administrativo. "Con la nueva legislación sobre derechos colectivos muchas acciones se rechazaron este año, pues la ley exige que los ciudadanos primero les soliciten a las autoridades antes de interponer una acción. Esto ha sido malinterpretado y la justicia se está arriesgando ante posibles tragedias. Las rechazadas se están apelando y quedan en manos del Consejo de Estado, última instancia administrativa", explica la Personería.

Contra la corrupción

La pelea por la moralidad pública no es la favorita de los mandatarios locales. Estos casos, que suman 49, según el conteo de LA PATRIA, implican gastos de peritos, revisión de POT, acuerdos y ordenanzas, declaraciones de funcionarios públicos y algunos llegan con copia a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.

Enrique Arbeláez explica que defender el patrimonio y el erario es lo que más le apasiona de las acciones populares. "Recuperar edificaciones del Estado para la comunidad, quitarles a los particulares bienes del Municipio y proteger el patrimonio cultural me llena de satisfacción", añade. Los casos causan revuelo por las implicaciones políticas y sociales, como es el del Cable Aéreo de Villamaría, cuya construcción se frenó por un primer fallo que ahora está en revisión. Los demandados comunes son las alcaldías, contratistas, líderes comunales, el gobernador de turno, la Industria Licorera de Caldas, Aerocafé y concejos.

Fuera de lo común

"Acomodar esa llanta fue lo que más me quitó tiempo en ese caso", cuenta un auxiliar judicial. Habla de las acciones populares en contra de Empocaldas y las alcaldías de Supía, Viterbo y Pensilvania. El accionante Rubén Darío Giraldo Montoya pide el cambio de sentido de las rejillas de alcantarillado, porque considera que la dirección actual es un peligro para los conductores de motos y bicicletas. Además de probar con fotos cómo los conductores sufren por las rejillas, añadió en cada expediente un pedazo de llanta de bicicleta.

Las peleas por vecindades ruidosas, incómodas y olorosas también se libran en los juzgados. Se contaron 24 acciones, entre ellas están las de los habitantes del edificio Cervantes en la Avenida Santander de Manizales. Exigen el retiro de venta de licor y controles para evitar el ruido y que los transeúntes orinen en los alrededores. El juez octavo solicitó una última prueba para llevarse el caso al despacho y dictar sentencia. La medida cautelar hizo que se acordonaran la zona en los costados.

Desde la prisión

Los internos de la cárcel Doña Juana en La Dorada encontraron en la acción popular una forma para ser escuchados. Sus cuatro casos contra el Inpec y contratistas tienen peticiones particulares. El primero exige regulación de los precios y variedad en los tamaños de gaseosa que compran. El segundo, control de calidad en el pollo que vende el restaurante y que brindan a sus visitas. El tercero, control al precio de los minutos y calidad de los equipos de la empresa que les presta este servicio. El cuarto viene de los recluidos en el pabellón 10 B, que exigen medidas inmediatas para impedir el hacinamiento de esta parte del penal. El accionante de las tres primeras es Norbey Triviño, condenado por rebelión.

Magistrados, impedidos

Los magistrados del Tribunal Administrativo se declararon impedidos para fallar demandas de Javier Elías Arias Idárraga, el reparto se hizo a conjueces, abogados que suplen a los magistrados en caso de impedimento, falta o empate. Los de Caldas renunciaron a sus cargos, quedan solo 2 para procesar unas 200 acciones de este demandante. El Consejo Superior de la Judicatura considera que esta situación es grave para el sistema y requiere una atención urgente desde la jurisdicción nacional.

El accionante

Foto| Archivo y Ángela Hurtado| LA PATRIA  

Enrique Arbeláez Mutis tiene en su inventario 100 acciones populares interpuestas desde 2006. Dice la cifra con orgullo, pues opina que representa su trabajo por los derechos humanos y nunca ha interpuesto alguna con interés propio. Tiene 58 años y asegura que 38 de ellos los ha dedicado a la actividad social en los despachos.

- ¿Por qué interpone tantas acciones populares?
Soy estudioso de la legislación y especialmente de la Constitución de 1991. Cuando se aprobó la ley de acciones populares en el 98 y cogió fuerza en el 2006 me interesé por ellas. Es casi la única herramienta que tiene la ciudadanía para defender los derechos colectivos, ambientales, culturales y luchar contra la corrupción.

- La rama judicial dice que el incentivo es el motor de casi todas las acciones, ¿usted qué responde?
Hace dos años que lo quitaron, porque está demostrado que hay personas que abusaron de él. He renunciado a los incentivos que he ganado y los jueces son testigos. Sin embargo, creo que no debieron quitar el referente a la moralidad pública que le daba al demandante el 15% de lo que el Estado recuperara por defensa del patrimonio. Esa lucha sí merece incentivo, porque la gente denuncia.

- ¿Cómo rastrea esas denuncias y logra convertirlas en acciones?
Me llaman de todas las comunas y corregimientos de Manizales. La ciudadanía es temeraria, tiene miedo del alcalde, del gobernador o del político de su barrio. Creen que si ponen una acción popular en nombre propio perderán un trabajo en las empresas públicas o se van a volver enemigos del Estado. Entonces me piden a mí que las interponga. Ellos ponen la plata de fotocopias, publicidad, todo lo que pida el juez y yo cumplo con poner la cara y estar pendiente todos los días del caso. Además hago expediciones, reviso donde hay problemas, falta la mano del Estado o una obra es indispensable.

- ¿Usted es enemigo público, lo han amenazado?
A uno lo convierten en enemigo público, pero los abogados y jueces me tratan con respeto. Eso solo se logra con conocimiento. La ganancia mía es todo lo que aprendo con cada caso, soy un lector cotidiano y la riqueza mía son los libros. No me han amenazado, pero sé cuidarme y manejar cada caso con información adecuada.

- ¿Cuál es el error más común de quienes interponen una acción popular?
Ponerla y no volver. La gente se olvida del peligro de no asistir a las audiencias ni acudir a los llamados de los jueces. Eso implica multas.

PARA LEER LA PRIMERA PARTE DE ESTE INFORME ESPECIAL DE LA PATRIA AQUÍ:

www.lapatria.com/en-domingo/acciones-populares-inventario-con-ojo-ciudadano-i-16767