Sigue la puja por el aula 201 del Liceo Isabel Católica

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El aula 201 del Liceo Isabel La Católica continúa con la tensión entre el Consejo de Padres y el Sindicato Unidos por la Educación (Supe). En la mitad de la puja hay una tutela que falló el 28 de octubre en segunda instancia negando las pretensiones del Consejo de Padres.

Para entenderlo hay que devolverse a junio del 2016, cuando el Sindicato ocupa este salón bajo un acuerdo colectivo otorgado en la administración del alcalde anterior, Octavio Cardona. Es decir que los afiliados al Supe pueden realizar sus labores sindicales en este espacio.

El lugar que no se usa desde el 2018 es solicitados por la comunidad educativa de dos colegios: el Liceo y el Inem, este último que está temporalmente ahí, al menos durante este año mientras hacen reparaciones a las redes hidrosanitarias de su sede original.

Los padres de familia del Liceo presentaron una tutela con el propósito de recuperar el aula 201 para usos educativos dentro de un colegio público, y así cuidar la privacidad del ambiente escolar. Por eso, decidieron tutelar el derecho a la educación y al debido proceso. Si el aula es desocupada por el Sindicato sería usada por el equipo interdisciplinar del Inem.

El proceso

En primera instancia, el Juzgado decidió tutelar el derecho a la educación, ordenando la entrega en tres días del salón a la rectora del Liceo, Norma Esperanza Agudelo.

Esta decisión fue impugnada por el Sindicato. Insistió que hay una persecución de la rectora desde el 2018, año en el que dejaron de usar el aula 201, y que el colegio tiene capacidad para albergar a unos 1.200 estudiantes, frente a los 483 matriculados y del Inem son 609.

En la revisión de estos argumentos, el Juzgado decide revocar la decisión de primera instancia y no tutelar el derecho a la educación, pues considera que no está siendo vulnerado.

Reacciones

Sobre esta decisión, Victoria Gutiérrez, representante legal del sindicato Supe, expresó que el falló amparó las peticiones del Consejo de Padres por un documento que ella califica como espurio (falso).

"La organización nunca tuvo conocimiento de ese documento fechado el 13 de febrero del 2019 y que solo apareció en la tutela de los padres de familia. Nosotros tenemos un contrato entre dos partes, desde el 2016 nos dieron esa sede hasta que dure la organización sindical", expresa Gutiérrez.

Agregó que adelantan una denuncia en la Fiscalía por un supuesto fraude procesal en un documento usado de soporte en la tutela. El próximo lunes tomarán posesión del salón: "Tenemos cita con la Inspección Octava con el fin de que se nos den todas las garantías y podamos ocupar el bien inmueble a franca lid, concluyó Gutiérrez.

El presidente del Consejo de Padres y representante del Consejo Directivo, Juan Jairo Muñoz, expresó que aún no han sido notificados de esta segunda instancia. "Se ha incurrido en una vulneración del debido proceso, porque no se involucró de debida forma a un tercero y queremos pedir una nulidad de ese proceso (acuerdo colectivo) y se corrijan los efectos legales de ese trámite".

Los padres de familia insisten en que las organizaciones sindicales no pueden reclamar las estructuras educativas para usos privados y que por eso seguirán la lucha por recuperar el aula 201. "El Juzgado tampoco establece que debamos devolver el aula, no nos obligan. Ellos (Supe) deben iniciar otro tipo de proceso para restablecer el aula", agregó.