LAURA SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Un grueso número de manifestantes del paro nacional son universitarios quienes desde el 2018 empujan masivamente el cumplimiento de los acuerdos para mejorar la educación superior. En este cese son ellos los que ocupan las primeras filas en las marchas.
Esta situación preocupa a las universidades, ya siete de ellas se han pronunciado reconociendo el movimiento social como expresión de las necesidades más sentidas de la sociedad. Las que se unieron en el comunicado son la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia, Universidad de Los Andes, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Externado de Colombia y Universidad del Valle.
Ofrecen sus capacidades institucionales para contribuir a la agenda de discusión nacional y proponen:
*Pacto fiscal y desarrollo económico y social incluyente
Es indispensable proponer e implementar una política fiscal, fruto de amplios acuerdos sociales y políticos, vinculada a los derechos de las poblaciones, especialmente de las más vulnerables, y que contribuya a la reactivación económica del país y al desarrollo sostenible y con equidad de los territorios.
*Derecho a la salud y sistema de salud
A partir del reconocimiento de las debilidades del sistema de salud del país, debemos buscar mecanismos que garanticen el acceso universal, equitativo y de calidad a la salud pública colectiva e individual, más allá de los mecanismos de mercado.
*Fortalecimiento de la democracia
El Estado Social de Derecho, con su amplio reconocimiento de derechos, es el marco jurídico apropiado para Colombia, pero su eficacia requiere garantizar efectivamente la separación de poderes y la autonomía de los órganos de control.
*Implementación plena de los Acuerdos de Paz
Esto requiere hacer real la participación ciudadana en la construcción de la nación, la protección de la vida de líderes y lideresas sociales y reincorporados, el desarrollo rural con un enfoque territorial y la construcción de Estado en los territorios.
*Protesta social y fuerza pública
Debemos construir mecanismos sociales, legales e institucionales para garantizar el respeto a la vida, la dignidad y los demás Derechos Humanos para todos los ciudadanos, también a la protesta social y la prevención del uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, y la protección de los bienes públicos y privados.
*Derecho a la educación
Asegurar una educación universal y de calidad que forme ciudadanos autónomos y socialmente responsables. Las universidades debemos asumir colaborativamente la construcción de una agenda de futuro para el país.
En lo local
El vicerrector de la Universidad Nacional sede Manizales, Camilo Younes, aseguró en un comunicado que la sede: “generará espacios de discusión sana y argumentada, sobre las problemáticas internas y externas, relacionadas con la actividad académica de nuestra sede”.
Además, Bienestar Universitario seguirá realizando alertas tempranas para identificar e intervenir en las situaciones de riesgo de los estudiantes en relación con la participación en las movilizaciones.
El rector de la Universidad Autónoma de Manizales, Carlos Eduardo Jaramillo, se sumó a las declaraciones del comunicado nacional de las universidades.
Ayudas jurídicas
El Consultorio Jurídico de la Universidad de Manizales ofrece desde ayer los servicios de asesoría jurídica por las movilizaciones. Entre las ayudas está la redacción de escritos para objetar órdenes de comparendo, asesorías para apelaciones en el procedimiento verbal inmediato, habeas corpus y acciones de tutela. Mayor información en 8879680 ext 1325 o al correo juridico@umanizales.edu.co
Ordenan medidas cautelares
Estudiantes y abogados en Manizales elevaron una tutela para reclamar por los derechos humanos durante las manifestaciones. El recursos fue admitido y mientras todo surte, el juzgado ordena medida cautelares que debieron empezarse a cumplir desde ayer.
Son seis medidas como el deber de las autoridades de verificar las condiciones de bioseguridad y condiciones de los retenidos, protocolos del uso de la fuerza legítima para restablecer el orden público, la orden al Ministerio Público de verificar las actuaciones del cuerpo de Policía.
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