LA PATRIA | Samaná, Riosucio y Pueblo Nuevo *
En cada rincón del país y del departamento los maestros quieren ser escuchados. Los 15 profesores del corregimiento de Pueblo Nuevo (Pensilvania), en el límite Caldas-Antioquia, salieron a expresar su malestar por lo que consideran incumplimientos del Gobierno Nacional.
Se sumaron al paro nacional de 48 horas, que concluyó ayer. “Estamos exigiendo respeto por el derecho a la vida del magisterio y sus familias", explicaron.
Los docentes añaden que también lo hacen ante el asesinato en el país de dirigentes e indígenas. "Le pedimos al Gobierno nacional que se respete la vida. Hay que recordar que van mil 100 maestros asesinados en los últimos años y que Fecode es reconocido como un sindicato víctima del conflicto armado en Colombia”.
Van siete
Darío López, presidente de Educadores Unidos de Caldas (Educal), recordó que en agosto mataron a dos maestros más en Colombia, a un rector en el Cauca y a otro en Córdoba.
Comenta: "Lo que hay que desarrollar es que esas normas funcionen en los departamentos, que se den los procesos de la forma más ágil posible. En la reunión más reciente reportaron tres amenazados en Caldas. En el año son unos 40".
El cese de actividades del miércoles y ayer se convirtió en el séptimo en un año y medio de la administración del presidente, Iván Duque. Mejor salud y más plata para la educación pública, también estuvieron entre las peticiones. ¿Habrá más paros? La palabra la tienen Gobierno y sindicato.
Respuestas
El Ministerio manifestó lo siguiente:
* Para garantizar el derecho a la vida, la seguridad, la libertad e integridad de los maestros oficiales y sus familias, la cartera educativa expidió el pasado 12 de agosto la Directiva Ministerial 02 de 2019, concertada con Fecode, en la cual se resaltan tres principios: el de la buena fe, el de la complementariedad y, en especial, el del enfoque de derechos, para superar los obstáculos o trabas administrativas, actuar con la celeridad y oportunidad que las situaciones de amenaza o desplazamiento ameritan.
* Se crea una Comisión para el seguimiento de la atención de educadores estatales en condición de amenaza o desplazamiento forzado, Resolución 9017 del 2019, que permita establecer orientaciones puntuales y articular las acciones que deban adelantarse para la efectividad de los mecanismos y estrategias de protección a la vida e integridad de los educadores.
* Las orientaciones están amparadas en un marco legal y jurisprudencial de la Corte Constitucional, para mejorar los procesos que adelantan las entidades territoriales certificadas ante las situaciones de amenaza o desplazamiento de los educadores. Todo lo anterior con el fin de adoptar medidas de protección que garanticen la integridad y el ejercicio de las actividades de los docentes.
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