Ferney Arias
COLPRENSA|LA PATRIA
El empeño del Gobierno por sacar adelante la infraestructura vial de cuarta generación o 4G lo ha llevado a contemplar todo tipo de alternativas que permitan financiar las obras, incluso un eventual derrame y cobro de valorización.
Así lo reveló la gerente de Planeación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Poldy Paola Osorio Álvarez en la clausura del simposio de Mercado de Capitales que la Asobancaria dictó en Medellín.
En diálogo con El Colombiano la funcionaria explicó que el impuesto se aplicaría a los beneficiarios de la infraestructura, como los propietarios de los terrenos aledaños a los desarrollos viales.
“Esta contribución ya está creada y lo que falta es regular el sistema y el método de aplicación, cosa que debe hacer el Congreso de la República cuando tramite la reforma tributaria estructural. Por ahora, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) plantea que hay que explorar fuentes alternativas como esa”, agregó Osorio.
El apalancamiento del paquete de obras, que se inició con un nivel de inversión de $47 billones, se ha ido ajustando y en algunas entidades como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) se menciona que hoy estaría entre $52 billones y $56 billones, sin contar los costos de la financiación de largo plazo (20 o más años) que podría llevar la cuenta a montos cercanos a los 100 billones de pesos.
Por tratarse de una idea en el tintero, todavía es temprano para precisar el porcentaje que se financiaría con el cobro de valorización y según la gerente de Planeación de la ANI, sería necesario evaluar el impacto económico que tenga en la zona el desarrollo de la infraestructura vial.
“Eso se fija proyecto por proyecto y se estudia el beneficio económico predio a predio, como lo hacen los municipios y departamentos, no se trata de una imposición generalizada, es algo detallado que requiere una regulación”, dijo.
Estudiarán fuentes de financiación
Por su parte, Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), indicó que esa entidad adelantará un estudio sobre fuentes de financiación nuevas para el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura que está impulsando la Vicepresidencia de la República, para los próximos 20 años.
“Una idea que está sobre la mesa es el tema del cobrar un esquema de valorización sobre el impacto de beneficios que podría generar la infraestructura que se está construyendo”, manifestó.
Para el exgerente de Interconexión Eléctrica (ISA), Luis Fernando Alarcón, es muy importante que el Gobierno esté pensando en cómo va a apoyar los primeros años de vigencias futuras destinadas a las obras 4G.
“Creo que mal contados estamos hablando de unos $2 billones al año en vigencias futuras y eso, a partir del año 2020, es una cifra sustancial y significativa y ahí pienso que la platica de Isagén, venta que comparto, es muy importante más otros recursos que el Gobierno pueda ir consiguiendo, ayudaría mucho en el apalancamiento financiero”, comentó.
Alarcón insistió en que no se trata de recursos marginales y consideró que, dejar de lado el tema, hará que en el 2018 se vuelva a hablar de una nueva reforma tributaria, que contemple “cualquier cuatro por mil o cualquier cosa creativa que se ocurra para tapar ese hueco”.
La ANI respondió que las aprobaciones de los aportes públicos para las 4G están comprometidos y pasan por el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno.
Inversiones
Según cálculos realizados por el Departamento Nacional de Planeación, en los últimos 15 años Colombia ha invertido en promedio cerca del 1% de su PIB anual en infraestructura de transporte. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cepal han estimado que se necesita invertir alrededor del 5% del PIB para cubrir la creciente demanda en infraestructura.
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