A un paso de acabar con la tramititis

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En el libro El fin del trámite eterno, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2018, se documentó la historia de Domitilia Murillo, una boliviana de 72 años.

A ella le tomó 11 meses renovar su cédula. Tuvo que desplazarse entre las ciudades de Oruro, Tupiza y Potosí, un recorrido de 900 kilómetros, para reunir todos los papeles necesarios. Cada visita a las ventanillas públicas suponían largas filas, interminables horas de espera y nuevos requisitos.

Desesperada, terminó accediendo a pagar el soborno que le solicitó un policía a cambio de agilizarle las gestiones. Ella falleció dos semanas después de recibir su cédula.

La experiencia de Domitilia no dista de la realidad que viven muchas personas en Colombia, con relación a los tiempos de espera, lo costosos y absurdos que pueden resultar los trámites en las instituciones públicas.

Según los datos del BID, después de Bolivia y Perú, Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica entre las naciones que más tiempo demora para realizar una diligencia ante el Estado.

En promedio, en el país toma 7 horas, mientras que en toda la región el promedio es de 5 horas. Además, se tienen que esperar otras 20 horas para obtener una respuesta y el 96% de los trámites no se pueden completar en línea.

Lucha constante

Desde hace ocho años se lucha con la tramitomanía y su complejidad en Colombia. En el 2012 el artículo 75 de la Ley 1474 facultó al entonces presidente, Juan Manuel Santos, para suprimir o reformar los trámites innecesarios en la administración pública.

El año pasado el presidente, Iván Duque, firmó el Decreto 2106 del 2019 con el mismo propósito.

Por el camino

La iniciativa más reciente se conoce como la Ley Antitrámites, aprobada el 12 de junio por el Congreso de la República y que está a la espera de ser sancionada por Duque. el Estado tendría un plazo de un año para implementarla.

El ponente de este proyecto fue el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, del Partido Liberal.

El representante señaló que además de ahorrar tiempo, se le apuesta a un Estado ágil, mejorar la transparencia pública y emigrar hacia los trámites virtuales.

“Se le da lineamientos a la Rama Ejecutiva de la Nación, los departamentos y los municipios, y les pone unas obligaciones en aras de racionalizar los trámites y eliminar los que no tienen sentido”, explicó.

A continuación los puntos clave de esta Ley

1. La entrada a la digitalización

Desde ahora los trámites que se creen se podrán hacer en línea. Para los que ya existen y que no se pueden realizar de forma virtual el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determinará los plazos y condiciones. Además, no se podrán aumentar las tarifas ni generar cobros adicionales por realizarlos en esta modalidad.

2. En la nube

Exigir la fotocopia de la cédula, el certificado laboral o la copia del registro civil, entre otros documentos, quedó en el pasado.

Se debe crear una carpeta ciudadana digital, en la que cada persona pueda guardar su información y compartirla de forma segura.

Este archivo tiene que cumplir con los más altos estándares de seguridad cibernética que existan y respetando la Ley de Habeas Data.

3. No más físico

Se acabarán las estampillas físicas, que se podrán pagar y obtener de forma electrónica. Por ejemplo, la estampilla pro universidad, pro cultura o la pro adulto mayor.

4. Tiempos de trámites

La resolución de los trámites, en general, se deberá hacer en un plazo máximo de 15 días, excepto que para algún trámite especial haya una norma que establezca un tiempo distinto, el cual también tendrá que respetarse. De lo contrario las entidades pueden recibir una sanción.

5. Una oficina núcleo

Los departamentos, los distritos y los municipios con población superior a 100 mil habitantes, como Manizales, deben crear una oficina central para guiar a los ciudadanos y evitar que las personas sean remitidas a otros despachos una y otra vez.

Retos en Caldas

Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas

A Manizales y Caldas aun les falta mejorar en gobierno digital. Si se ponen más estándares, eso obliga a que los gobiernos deban estar más pendientes. En esta transformación digital aparecen dos retos: el generacional, porque hay población que no tiene la capacidad para resolver los trámites virtuales; y el de conectividad, pues hay zonas carentes de conexión.

Yamile Uribe Valencia, jefe de la Oficina de Gobierno Abierto

El trasfondo de esa ley es disminuir los riesgos de corrupción en los que los funcionarios pueden incurrir. Sin embargo, esto supone un reto de financiación porque la Gobernación tendrá que invertir en los sistemas de digitalización y cobertura de internet en el departamento.

Reacciones

Sebastián Ardila

Eso depende de las personas, pues todo el mundo no tiene tarjetas de crédito o débito para pagar de forma electrónica, entonces se debe dar espacio al pago presencial.

Mario Alberto López

Era una necesidad urgente del país. Ahora se puede optimizar tiempos, recursos y mejorar la calidad de las personas evitando desplazamientos que a veces no tienen resultados.