El gobernador encargado, Ricardo Gómez GIraldo, reconoció que ya recibieron una notificación de los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio en la que se indica que no se renovará la licencia, ante el incumplimiento de varios requisitos. La decisión de la gobernación es apelar. De lo contrario, el plan B sería crear una promotora autónoma para construir por etapas un parque industrial logístico.
El mandatario encargado reconoció que no son muy optimistas con el proyecto, teniendo en cuenta que ya son pocos los avances que se han hecho y que no han inversionistas a corto plazo plazo para impulsar la zona franca.
A comienzos de este año se había planteado que no se vendería el proyecto, pues ya había inversionistas interesados, con una participación minoritaria que podría bordear los $16 mil millones, con el fin de terminar los trabajos pendientes. Eso incluye el cerramiento de la zona y ponerla a funcionar. Pese a ello, el actual gobernador, reconoció que desconoce sobre esas inversiones.
En la Asamblea y el Concejo han destacado la importancia de impulsar este proyecto, pero también se han cuestionado las bajas ventas de los terrenos y del tiempo improductivo. Jorge Hernán Aguirre, diputado del partido Liberal cuestionó las deudas del proyecto, que bordean los $2 mil 572 millones, según la Contraloría Departamental. También hizo énfasis en el negocio de solo unos 25 mil metros cuadrados (cerca del 28%), de un total de 91 mil 428, de la primera fase y la falta de un cierre financiero.
Hoy la ZFA aparece como entidad descentralizada del departamento, aunque la participación accionaria inicial es 50%-50% entre Infimanizales e Inficaldas.
El capital inicial de cada socio bordeó los $15 mil 572 millones, y posteriormente se recapitalizó por $1.302 millones.
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