LA PATRIA | MANIZALES
El próximo debate que se viene con la Industria Licorera de Caldas sería legal.
La advertencia la hicieron ayer tanto distribuidores como algunos diputados,durante la rueda de prensa que citaron para insistir sobre las alertas de crear un convenio de apertura de licores con Antioquia, y las pérdidas que se generarán para la región.
Aunque el distribuidor de licores de la zona del oriente y occidente de Caldas, Fernando Sánchez Prieto, reconoció que por ahora no se puede efectuar ningún proceso, pues no existe un hecho evidente, sí insistió en que es clara la pérdidade mercado en Caldas, en especial del aguardiente Cristal, y la incertidumbre en los recientes contratos que se firmaron con la ILC hasta el 2020, por lo que se tendrá que pedir a mediano plazo un resarcimiento de daños ante la ILC.
"Vamos a perder mercado, lo que no sabemos es cuánto. Tenemos toda una infraestructura diseñada para unas ventas que van a caer, y que afectarán nuestras empresas. Por eso habrá que esperar el primer año, por ahora solo hay que advertir, pero la Ley nos ampara", indicó.
Los distribuidores en Caldas calculan que pasarán de vender 25 millones 759 mil 824 unidades de 750 mililitros a 7 millones 736 mil 934 en este cuatrienio, bajón que estiman les arrojará una pérdida de $61 mil 702 millones.
"Que no piense la ILC que nos va a obligar a cumplir unos contratos, cuando unilateralmente han cambiado las condiciones del mercado y no sabemos exactamente cuánto iremos a comprar".
Los cuatro diputados que asistieron al evento convocado ayer, incluyendo Jorge Hernán Aguirre, Óscar Alonso Vargas y Silvio Arboleda, del Partido Liberal; y Nicolás Aguilar, del Centro Democrático, estuvieron de acuerdo con que por ahora no hay nada qué hacer, pero que se viene un juicio de responsabilidades por este acuerdo.
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