LA PATRIA | MANIZALES
Que los tres magistrados que votaron en contra en el caso de Marmato reconsideren las razones que expresaron en el salvamento de voto.
La petición la hizo Luis Javier Caicedo, asesor de comunidades indígenas, a la Corte Constitucional, al destacar que aunque la decisión de la mayoría de la Corporación benefició a los mineros, quedan dudas con el salvamento de voto de tres magistrados.
Por eso envió una carta a Luis Guillermo Guerrero Pérez, presidente de la Corte, en la que nombra a los otros dos magistrados que salvaron su voto, Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo.
Aseguró en la carta que los magistrados partieron de una apreciación errónea sobre el estatuto jurídico de Marmato, que desde la Ley 66 de 1946 se basa en la división del cerro de Marmato o cerro "El Burro" en dos zonas: la Alta, que es explotada por pequeños mineros, y la baja, destinada a la mediana minería.
Dice que para estos magistrados esa distinción está derogada por el Decreto 2223. "Pero el decreto no la derogó. Sólo dijo que la Zona Alta se seguiría contratando con pequeños mineros mientras no apareciera una empresa que asumiera la explotación de la totalidad del cerro".
Añadió que la empresa no apareció sino hasta el 2005, primero como Colombia Goldfields, luego Medoro Resources y hoy Gran Colombia Gold, por lo cual la división ha sido el régimen legal que ha imperado en esa zona durante los últimos 60 años, como lo reconoce la sentencia.
Yamil Amar, presidente del Comité Pro-Defensa de Marmato, manifestó que está de acuerdo con la comunicación de Luis Javier Caicedo, pues la multinacional no pudo haber comprado títulos en la parte alta del cerro porque no son pequeña minería sino gran minería, por lo que considera la apropiación como un acto ilegal.
"Llegaron porque el Estado es permisivo. A esto se suma que existen dos etnias y se debió hacer la consulta libre informada, que es lo que está ordenando la Corte en este momento", añadió Amar.
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