Ley de Tierras no convence a empresarios ni a las Farc

LINA RUIZ

LA PATRIA | MANIZALES

Ayudar a los campesinos que no tienen cómo sembrar y producir es el objetivo principal del proyecto de Ley de Tierras que expedirá el Gobierno Nacional como decreto de ley.

Esa iniciativa, que hace parte de los acuerdos de paz con las Farc, asegura la distribución equitativa de las tierras productivas en el país y garantiza la seguridad jurídica para los propietarios de los predios rurales. El proyecto de ‘Ordenamiento social de la propiedad rural’ modifica la ley de tierras de 1994 en sus 166 artículos.

Muchos peros le han salido a la propuesta. Quienes están en desacuerdo argumentan las inequidades agrarias y los beneficios a favor de empresarios y terceros que cuentan con los recursos para invertir en la productividad del campo. Algunos congresistas y organizaciones sociales alegan que el proyecto no cumple con lo pactado en La Habana, además enfatizan que este promueve la acumulación de baldíos, reduce las garantías para la protección de derechos de los campesinos y legaliza el despojo.

Es el caso de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, quien recalcó que el proyecto es un proceso de concentración de la tierra y no de distribución para el campesinado.

Las Farc también se pronunciaron a través de Jairo Estrada, de Voces de Paz, quien aseguró que la propuesta no ha sido presentada formalmente "ni discutida en la comisión de implementación y seguimiento al acuerdo final”.

Los gremios de la producción agropecuaria también le salieron al paso al proyecto. Según Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), realizaron 35 observaciones a la iniciativa y se espera que el Gobierno adopte los cambios necesarios que se han manifestado. "Lo importante es articular las propuestas para que el campo sea más competitivo, más productivo, incluyente y un motor de desarrollo".

De acuerdo con Andrés Jaramillo Bernal, presidente ejecutivo del Comité de Ganaderos de Caldas, "preocupa el hecho de que el interés general esté por encima del particular, lo que atenta contra la propiedad privada de aquellos empresarios que han conseguido sus tierras legalmente. El proyecto tiene demasiados vacíos, una cosa son los terrenos baldíos y otra la propiedad privada".

Lo mismo opina José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quien aseguró que para el sector privado hay preocupaciones en temas relacionados con la propiedad rural. “Se vuelve un factor de perturbación de quienes legítimamente han tenido la propiedad sobre la tierra en el país”.

El Gobierno lo defiende

Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien ha adelantado la socialización del proyecto en varias ciudades del país, aseguró que las facultades jurisdiccionales, ahora serán solo administrativas, lo que sería una preocupación menos para el sector agroindustrial.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, desmintió que la iniciativa busque expropiar la propiedad privada, sino lo contrario: facilitar el acceso a la tierra, formalizar la propiedad y hacer de la tierra más productiva.

“Este no es un proyecto de ley para expropiar tierra, es para darles más garantías a los propietarios y brindar las condiciones para que exista seguridad jurídica y pongamos a producir el país”, aseguró.

El proyecto de Ley de Tierras, que requiere de consulta previa, actualmente está siendo socializado en diferentes regiones del país para definir un solo texto. La socialización de la iniciativa ha pasado por Cali, Montería, Santa Marta, Villavicencio y este fin de semana será en Florencia y Bogotá.

“Esta no es una ley de expropiación o extensión de dominio, el propósito es ponerle orden a la propiedad rural, que ha sido el motivo del conflicto, la verdad es que el desorden que ha habido en el manejo de las tierras en el país ha impedido lo que todos queremos, un desarrollo productivo del campo para que al final del ejercicio al campesino, al agroindustrial, al finquero, le quede más plata en el bolsillo”, explicó el ministro.

Seguridad jurídica

En el caso de los empresarios del campo e inversionistas, dijo que la norma busca brindarles seguridad jurídica. Al respecto, explicó que el Gobierno fue “muy cuidadoso” de no pisar las llamadas ‘líneas rojas’: respetar la propiedad privada y del sistema productivo colombiano.

Hace unos días, Iragorri confirmó que en el proyecto de Ley de Tierras se establece la expropiación por vía judicial de los predios de engorde en Colombia para ayudar a los campesinos. Agregó que los dueños de los predios serán notificados con seis meses de antelación para que se ponga a producir el predio, si no es así se adelantará la expropiación por vía judicial y no por un acto administrativo.

"El proyecto es integral porque beneficia a campesinos, indígenas, afros, agroindustriales, finqueros, es para que todos tengan las escrituras de sus predios”, destacó el ministro Iragorri.

Los peros del proyecto

- Que los baldíos puedan ser explotados por empresarios y otros sujetos sin que se transfiera la propiedad.

- Les abre la puerta a particulares para que acumulen más tierra de la que establecía la anterior ley.

- Se limita el uso de los predios impidiendo que sean los campesinos quienes saquen provecho de sus tierras, según dice el artículo 64 de la Constitución, que garantiza el acceso progresivo de la tierra a los campesinos.

- Se establecerán mecanismos de acceso a título oneroso para personas que ya tengan propiedad y ostenten patrimonio neto superior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($368 millones 858 mil).

- A los gremios les preocupan las facultades jurisdiccionales que tendrá la ANT en la expropiación por interés social y utilidad pública.