Fotos | Darío Augusto Cardona | LA PATRIA La directora ejecutiva de Acil, Luz María Zapata, se mostró ayer en contra de un único introductor, comercializador, y vendedor de licores destilados nacionales o extranjeros en la región. Al fondo, de izquierda a derecha, Jorge Andrés Quintero, vicepresidente (La U); Jorge Luis Ramírez, presidente (Conservador sierrista) y Edgar Corrales, segundo vicepresidente (Conservador sierrista).
JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
Un nuevo parágrafo se espera tumbar en el Estatuto de Rentas Departamental, pues para algunos no solo plantea el posible monopolio para la entrada de licores a la región, sino que tiene cara de mico.
Después de 10 meses del recordado caso en el que el anterior gobernador Mario Aristizábal Muñoz, pretendía que hubiera un solo distribuidor único para los licores de la ILC, ahora, se estudia otro parágrafo que tanto para algunos diputados, la Licorera de Caldas y la misma Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (Acil) tiene visos de inconstitucionalidad.
Se trata del artículo 12, del Estatuto de Rentas, en el que se habla de un solo introductor para los licores nacionales y extranjeros. Allí se estipula que "para la introducción, comercialización, y venta de licores destilados nacionales o extranjeros, sobre los cuales el departamento ejerza el monopolio, se seleccionará un único introductor a través de un proceso de selección, de conformidad con las normas de contratación estatal".
La propuesta se socializó ayer en la Asamblea Departamental con Acil, y según su directora ejecutiva, Luz María Zapata, se trata de un artículo restrictivo del comercio, pues existen unos principios que plantean que si bien las entidades territoriales gozan de autonomía, no es absoluta.
En lo que se legisle, dijo, debe existir concordancia con las normas nacionales, sin violar la libertad económica, la iniciativa privada, y tratados de libre comercio. "No he podido entender por qué insisten en esto, no lo vemos positivo", indicó.
Su interpretación es que solo una persona podría introducir licores en Caldas, excepto cervezas y vinos, por lo que se podrían afectar algunos contratos vigentes y violar acuerdos internacionales.
Un concepto similar planteó el gerente de la Licorera de Caldas, Francisco Eduardo Quintero, quien señaló que no están de acuerdo en la propuesta, aunque sí en que haya un seguimiento y trazabilidad de los productos que llegan a Caldas, con mecanismos como el Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (Sunir)
y que está ad portas de ser aprobado. Lo anterior, teniendo en cuenta que de cada cuatro botellas de licor, solo una paga impuestos.
Para el dirigente lo más importante es tener claro que hay que respetar la libre empresa y que debe existir multiplicidad de empresas en el país, más cuando Caldas ha cuestionado el control y el monopolio que le hacen para que introduzca determinados productos en unas regiones del país.
El secretario de Hacienda, Julio Aldana Castaño, aseguró que hay que clarificar inicialmente cuál es la pretensión que se tiene y el beneficio para la región, aunque en primera instancia el departamento ha planteado eliminar este artículo.
Por el contrario el diputado conservador sierrista Jorge Luis Ramírez sostuvo que se está malinterpretado la norma, pues más que un solo introductor, se busca que haya una entidad que se encargue de regular la entrada de licores, así haya un sinnúmero de distribuidores en la región.
Explicó que el proceso de introducción y regulación lo hace hoy en día la oficina de Rentas Departamentales, pero lo maneja muy mal, por lo que desde el Gobierno Nacional y la Federación de Departamentos, se incluye un artículo en el que se habla de introductores únicos.
"No es que haya un solo introductor y un solo comercializador. Pueden venir todos los que quieran, pero tendrán que venir al departamento a sellarlos, porque hoy no hay cómo controlarlos. Con eso se busca que todos los licores extranjeros que lleguen tengan un sistema de seguimiento y de control y de estampillas para que se disminuya a cero el contrabando", sostuvo.
Contrario a ello, Jorge Hernán Aguirre (Liberal), sostuvo que esas herramientas de control las tiene que proveer el Estado, pues la respuesta no puede ser que no hay forma de frenar el contrabando.
Consideró que con esta medida lo que se logrará es que los demás departamentos también comiencen a ponerle talanqueras a la región, y en algunas serían más de las que ya tiene.
* Islén Pineda, Partido de La U: Hay que revisar bien el tema, puede ser una salida, pero primero hay que escuchar a quienes manejan y saben de licores. En esto tenemos que ser juiciosos.
* Uberney Ospina, Conservador Sierrista: primero hay que analizar qué tan legal es o no que se adopte esta medida, y además buscar medidas para evitar el contrabando en la región.
$29 mil 221 millones, las utilidades que estima para este año la ILC, casi el doble del 2011.
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