MATEO ORTIZ
LA PATRIA | MANIZALES
En Colombia se puede afirmar que existe exclusión y discriminación. En ello coinciden expertos de diversas áreas cuando se les pregunta sobre las opciones laborales que tienen las personas en condición de discapacidad, migrantes, lesbianas, transexuales o gay, entre otros.
De acuerdo con Anne Marie Zwerg, experta en administración de empresas de la Universidad de la Sabana, aunque la discriminación laboral en Colombia es más sutil que en otros países, hay hechos que reafirman esta conducta, como por ejemplo la distancia del poder, es decir las barreras burocráticas, y el colectivismo o la atomización de la sociedad en fracciones muy específicas, aspectos que aumentan la inequidad y la exclusión al trabajo.
A pesar de que la discriminación laboral no se puede poner en cifras concretas, datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidencian parte de esta realidad. El 12% de las mujeres aún se encuentra desempleadas, al igual que el 16% de los jóvenes, el 19% de los afrodescendientes y el 70% de personas con algún grado de discapacidad.
Según Zwerg, con la participación de Colombia en el mercado global, las prácticas discriminatorias han disminuido. No obstante, las incapacidades físicas y mentales, la orientación sexual, el color de piel, la ideología, entre otras, persisten como principales causales de exclusión.
En Caldas, expertos y ciudadanos, tiene la misma percepción: la discriminación laboral es una realidad y el camino para superarla recién inicia. LA PATRIA sondeó tres casos de discriminación.
Jairo Clopatofsky, alto consejero presidencial para la discapacidad, afirma que hay un problema estructural y cultural.
Explica que el Gobierno nacional ha creado leyes para garantizar ese acceso laboral, incluyendo el decreto 2011 del 2017 en el que se establece el porcentaje de vinculación laboral en las entidades del sector público.
Según Campo Elías Baquero, profesional en casos de personas en situación de discapacidad, eso ha permitido que actualmente se generen unos 12 mil empleos públicos, aunque apenas es el 1% del total de la contratación pública.
Sostiene que la población con discapacidad en Colombia sí es discriminada y que falta educación del empleador y de la sociedad: “Muchos siguen viendo la discapacidad como una enfermedad y no logra ver la capacidades”, asegura.
Pilar Bonita, miembro de la fundación María Luisa Moreno sostiene que las verdaderas barreras son actitudinales, tanto de los empleadores como de los empleados. Sostiene que el Estado debe legislar y dar garantías; las empresas brindar oportunidades y generar espacios accesibles; y las fundaciones, llegar donde el Gobierno no alcanza.
Destaca que esta Fundación empezará a operar desde este mes en Manizales, donde han encontrado apoyo e iniciativa de la Administración. "Aunque la situación es benéfica, la ciudad sigue siendo pobre en inclusión. Es a medias, algunas empresas lo hacen por caridad o por cumplir una cuota para ganar una licitación”, puntualiza.
Felipe
Felipe Giraldo tiene 42 años. Nació en Marsella (Risaralda) y a los 4 años adquirió el virus de la poliomelitis: su médula espinal y músculos se vieron afectados, al igual que su motricidad. A los 14 años se desplazó a Manizales con el fin de efectuarse algunas intervenciones quirúrgicas que le ayudarían en su movilidad. “Era muy pelado y me molestaban en el colegio, entonces mi familia me ayudó para operarme y tener una mejor movilidad”, afirma.
Desde esa edad, su vida dio un vuelco. Terminó el colegio y empezó una carrera profesional. “Volví a estudiar a Manizales, porque me gusta mucho por el clima y porque me dio la oportunidad de caminar de nuevo”.
Su problema fue encontrar empleo: “Llevo 10 años trabajando como independiente, hice alguno trabajos en veterinarias tras el mostrador. No era el de mostrar”. Actualmente, trabaja desde su casa por medio de internet, pero desde esa labor no tiene acceso a prestaciones laborales, ni seguro médico. “Por mi edad y mi condición ningún empleador se arriesgaría a emplearme”, lamentó.
10 años lleva interpretando José Giraldo a Krystell del Kastillo. Él menciona que para él su drag nunca ha afectado su vida laboral.
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En Colombia el censo de ocupación del DANE no delimita a la comunidad LGBTI, razón por la cual es necesario definir con datos la discriminación por orientación sexual y género diversos, incluyendo: gay, lesbianas, transexuales, transgéneros, bisexuales, intersexuales y quienes no se definen.
En Manizales la Política Pública para la Comunidad LGBTI propone algunas cifras. Según este estudio, el 31% de los encuestados trabaja, sin embargo, proponen que se estudie a qué labores acceden y si pueden acceder a un empleo, según su orientación sexual. En el texto también se establece que de las personas trans encuestadas, de las cuales 38 son mujeres y 7 hombres, el 46% se dedica al trabajo sexual, el 17% al estudio y el 11% son estilistas.
Carlos Buriticá, coordinador de la corporación El Faro, organización que aboga por lo derechos de las mujeres y hombres trans de Manizales, cuestiona que ser parte de la comunidad LGBTI es una causal de discriminación laboral. “Es mayor cuando hombres o mujeres tienen comportamientos diferentes a lo que dicta la norma”, señala.
Asegura que el estigma recae más en mujeres trans, ya que solo se emplean en sectores como belleza y prostitución".
José
José Giraldo trabaja como facilitador de Gestión social del Plan Departamental de Agua en la Secretaría de Vivienda y Territorio, de la Gobernación de Caldas. Antes estuvo en el sector académico y el privado. Desde su perspectiva y experiencia su orientación sexual, que asumió mucho antes de iniciar su vida laboral, nunca ha sido un impedimento. Por el contrario, asegura que durante su práctica jugo a su favor. “Mientras uno tenga altas cualidades humanas y competencias técnicas para el desarrollo de las labores encomendadas, la orientación sexual es de segundo plano”.
En su vida alejada de las oficinas, también interpreta a Krystell del Kastillo, su faceta drag: “Empecé en el mundo del performance drag queen hace 10 años cuando residía en España. La opción de hacer shows me proporcionó ingresos que permitieron mi estadía allí. Yo lo llamaría un trabajo transdiverso”.
Comenta que Krystell no ha interferido en su vida laboral y que sus compañeros son respetusos con su vida íntima. Incluso, menciona, lo alientan a seguir con sus actividades. “Creo que el reconocerse abiertamente, con amor y respeto por los demás hacen ver que esto no interfiere ni en tus cualidades personales ni tu desempeño laboral”, asegura.
Según el informe del Registro Administrativo del Migrantes Venezolanos en Colombia, en Caldas hay cerca de 890 familias en la ciudad; es decir, alrededor de 1.200 migrantes que provienen de múltiples ciudades de Venezuela. Esta población representa menos del 1% de total nacional. Sin embargo, para algunos venezolanos asentados en la ciudad esta cifra no es acertada, y hablan de unos 3 mil migrantes.
Tampoco hay datos claros de ocupación, según la Unidad de Gestión del Riesgo, entidad encargada de realizar el censo de esta población en la ciudad.
Laura
Laura Castaño, creadora de la fundación Aires de Esperanza, afirma que ser venezolano es una limitante a la hora de hallar empleo: “Estamos en una ciudad con muchos prejuicios en la que el hecho de venir de otro país, nos hace personas nocivas”. “Me dicen que en Colombia no puedo porque mi título no está validado, esto es violar el convenio internacional Andrés Bello”, indica.
Este convenio se suscribió entre países latinoamericanos con el fin de unificar los planes de estudio de las universidades y generar avales internacionales de las profesiones. Basada en este convenio Castaño pide que se le permita ejercer su profesión. “Tengo cédula colombiana, nací aquí y me niegan mi derecho al trabajo solo por tener un título de Venezuela”.
Además de llevar su fundación, labora actualmente en un local comercial de su esposo.”Soy privilegiada, pero piensen en la gente que viene sin un título o no tienen a nadie. El estigma sobre nosotros nos violenta y nos impide avanzar”.
Esta médica cirujana considera que uno de los principales problemas hacia los venezolanos es la falta de formación de los empleadores: “Llevamos una hoja de vida y nos dicen que no porque nuestros títulos no están avalados. Conozco otros profesionales que venden galletas o militares de contrainteligencia que trabajan en polleras, eso no es justo”.
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