
JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
La Contraloría Departamental volvió a poner los ojos en la Licorera de Caldas (ILC) ante la supuesta improvisación, la falta de planeación y la ausencia de políticas claras, que han afectado la destilería no solo desde el 2012, con varios cambios en la gerencia, sino incluso desde más años atrás.
La suma de regulares resultados fue dada a conocer por el ente de control, con base en la auditoría del 2012, pero también retoma irregularidades vistas desde el 2011, el 2010 y hasta el 2008, poniendo en entredicho la administración de los seis gerentes que han pasado por esta entidad y de varias juntas directivas.
En el informe, la Contraloría resalta 20 hallazgos de carácter administrativo, de los cuales siete tienen alcance disciplinario, uno penal y otro con presunto alcance sancionatorio.
Se suman siete más con presunto alcance fiscal, generando un supuesto detrimento patrimonial por $218 millones 319 mil 870.
Ante esta situación, la Contraloría emitió un concepto desfavorable en la gestión y resultados de la ILC, con una calificación de solo 60,181 sobre 100. Sin embargo, en la parte financiera, hubo una mejoría, pues la opinión fue con salvedad, diferente al año pasado.
Aún así, muestra inconsistencias o incertidumbre, que afectan la razonabilidad de los estados contables, por un valor de $14 mil 245 millones, y que representa el 8,72% del patrimonio total de la entidad y el 3,95% del activo total.
Hechos relevantes
Entre los aspectos más relevantes, el ente resalta unos problemas de pagos de honorarios en la época de Carlos Arturo Fehó; un déficit presupuestal por un monto que ascendió a los $17 mil 209 millones para el 2011, en la administración de María del Pilar Joves, y de $28 mil 475 millones en el 2012, durante el paso de Carlos Neira Estrada, Francisco Eduardo Quintero Delgado y Patricia Elena Cárdenas Atehortúa.
Para la Contraloría es que esto demuestra la ausencia de seguimiento a la consecución de los ingresos frente a la ordenación de los gastos.
Como si fuera poco, también resalta los pagos por multas y por sentencias no apeladas, lo que indujo a que la ILC incurriera en el pago de $9 millones por una multa interpuesta por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), al publicar leyendas publicitarias sin autorización de la misma. Unido a ello, se le generó una condena en $84 millones a la Industria por el Impuesto al consumo a Norte del Santander.
En la lista de irregularidades, muestra deficiencias en acuerdos precontractuales, contractuales y de liquidación, incumplimiento de obligaciones en la venta y distribución de los licores en el país y en el exterior, más el problema de contratistas que no cumplen con sus obligaciones, pero igual se les paga por la prestación del servicio.
Falta de planeación
Un hecho delicado que cuestiona el contralor Jorge Eber Wheeler Arcila es la improvisación que se sigue viendo en la entidad y que se evidencia con hechos como el incurrir en gastos por comisión
por cerca de $28 millones en la venta de la cartera del distribuidor Comoriente S.A. en enero del 2012, en la época de Neira Estrada.
A esto suma la queja reiterada de la falta de un plan estratégico en la ILC durante todo el año pasado, como quiera que la destilería, en medio de tantos gerentes, ejecutó una serie de planes de acción sin contar con un plan estratégico, evidenciando de nuevo falta de planeación.
Para el contralor, si bien los últimos informes que se han entregado de ventas son positivos y evidencian una recuperación, también se hará una evaluación para cotejar la recuperación.
El gerente de la destilería, Miguel Trujillo Londoño, señaló que aún evalúan el informe para dar respuesta a la Contraloría, ante los preocupantes resultados de una auditoría que no solo tiene alcances penales, sino alcances sancionatorios y de tipo penal.
Incumplimiento reiterado
De acuerdo con la Contraloría, hay un incumplimiento continuo en el plan de manejo ambiental, pues se detectó que durante el 2011, el 2012 y a la fecha no se ha cumplido adecuadamente con el plan silvicultural, poniendo en riesgo el desarrollo de la plantación de unos árboles de roble que se establecieron en el 2010. El ente reitera que esto demuestra la falta de planeación y compromiso ambiental de las directivas. El reporte incluye las gerencias de María del Pilar Joves, Carlos Neira Estrada, Francisco Eduardo Quintero, Patricia Elena Cárdenas y Miguel Trujillo. El ente plantea un hallazgo administrativo y mérito para abrir un proceso sancionatorio.
Pagos de honorarios
La Contraloría advirtió sobre pagos de honorarios como gastos de reintegro; sobrecosto en la modificación del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre la Licorera de Caldas y la Sociedad Cuesta y Cuesta & Cia, y el incumplimiento de algunas obligaciones pactadas y canceladas cuantificadas en $18 millones 200 mil. El reclamo del ente de control se debe a que muchos de estos pagos adicionales ya estaban pactados previamente en el contrato. Por ello configuró un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal, disciplinario y penal. Los acuerdos fueron hechos en la administración de Carlos Arturo Fehó Moncada.
Gastos de honorarios
El ente destaca que la Licorera de Caldas incurrió en gastos de honorarios profesionales, pago de sentencias y gastos de reintegro en un contrato del 2012, debido al incumplimiento del mismo, cuantificado en la suma de $8 millones 924 mil 933. Destaca la deficiencia en la supervisión e interventoría del contrato, falta de defensa técnica de la abogada contratista, cláusulas contractuales contradictorias que generan malas interpretaciones. Reportó un hallazgo administrativo, fiscal y disciplinario.
Aunque el informe de la Contraloría departamental es con base en la gestión del 2012, también retoma varios contratos y acuerdos que se han hecho desde el 2010.
Carlos Arturo Fehó. Enero 2008-2010.
María del Pilar Joves. Septiembre 2010 - diciembre 2011.
Carlos Neira Estrada. Enero 2012-marzo 2012. Gerente encargado.
Francisco Eduardo Quintero Delgado. Marzo 2012-octubre 2012.
Patricia Elena Cárdenas Atehortúa. 24 de octubre 2012- marzo 2013.
Miguel Trujillo Londoño. Desde el 8 de marzo pasado.
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