Gobierno apunta a clase media con más impuestos

EFE | LA PATRIA | Bogotá
El Gobierno nacional radicó ayer en el Congreso de la República un controvertido proyecto de reforma fiscal que incluye el gravamen del IVA para los servicios públicos de los estratos 4,5 y 6, amplía la base tributaria, crea un fondo para hacer frente al cambio climático y un impuesto para plásticos de un solo uso.

La iniciativa, que tendrá un impacto negativo principalmente en la clase media, ya golpeada por la crisis de la covid-19, busca ampliar la base tributaria mediante el cobro del impuesto a la renta a partir del año gravable de 2023 a quienes ganan más de 2,9 millones de pesos mensuales. Para 2024 se prevé extenderla a aquellos que perciben por encima de 2,5 millones de pesos mensuales.

Igualmente contempla el cobro del IVA, que es del 19%, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario, para los más pudientes.

Esos servicios actualmente están exentos del IVA para todos los colombianos y la “Ley de Solidaridad Sostenible”, con el eufemismo como llama el Gobierno a la reforma, prevé que en adelante lo paguen los usuarios de los estratos sociales 4, 5 y 6, como parte de la “equidad en la redistribución de cargas tributarias”.

Pensiones y ahorro, en la mira
En caso de que el Congreso apruebe el proyecto de ley tal como lo presenta el Gobierno, también perderían la exención tributaria de que gozan las pensiones voluntarias y los recursos guardados en las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC), utilizadas para compra de vivienda.

Con este proyecto, el Gobierno del presidente, Iván Duque, espera recaudar 25 billones de pesos que serán destinados a mejorar las finanzas públicas y a financiar los programas de asistencia social, cuya demanda ha crecido por la pandemia de coronavirus.

Inversión en programas sociales
Con ese fin se crea el Programa Ingreso Solidario, que tendrá carácter de renta básica permanente mediante una transferencia monetaria para los hogares más vulnerables, cuyos montos serán definidos según el número de miembros de cada núcleo familiar.

Este subsidio será de un máximo de $252.142 mensuales para familias en situación de pobreza y de $366.101 para los que están en pobreza extrema, según la propuesta del Gobierno.

El proyecto contiene además un artículo de promoción del acceso al empleo con beneficios fiscales para los empleadores que contraten a jóvenes menores de 28 años, personas que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, discapacitados y mujeres mayores de 40 años “que durante los últimos 12 meses hayan estado sin contrato de trabajo”.

Impuesto a la riqueza 
Otra medida prevista es el “impuesto temporal y solidario a la riqueza” durante los años 2022 y 2023 para quienes al próximo 1 de enero tengan un patrimonio líquido superior a $4.865 millones, por el cual tendrán que pagar el 1%, tarifa que se elevará al 2% si el patrimonio sobrepasa los $14.595 millones.

Además de los ricos, a los trabajadores del sector público o privado que ganen más de $10 millones mensuales se les cobrará durante el segundo semestre de este año el “impuesto temporal y solidario a los ingresos altos”, que será equivalente al 10% de la base gravable, además del impuesto de renta.

La reforma del Gobierno ha recibido una avalancha de críticas de sectores políticos y sociales que seguramente se hará sentir en el Congreso cuando comience los debates y contra la cual sindicatos y otros movimientos ya convocaron una protesta nacional para el próximo 28 de abril. 

Fondo frente al cambio climático 
El proyecto de ley incluye las habituales sobretasas a la gasolina y el diésel, modifica el impuesto al carbono -que se cobra por el uso de combustibles fósiles- y, para reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático y la contaminación, crea el Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (Fonclima).

El dinero obtenido en adelante con el impuesto al carbono irá a la cuenta del Fonclima, que recibirá recursos del presupuesto nacional y de la cooperación internacional, entre otras fuentes.

En la parte ambiental, la reforma crea un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, cuyos recursos también irán a la cuenta del Fonclima.