JUAN CARLOS LAYTON
LAPATRIA | MANIZALES
"La única opción es desalojar, hay 34 minas que pertenecen a la Gran Colombia Gold y por eso el alcalde tiene que acatar esta orden nacional".
El llamado de atención es del secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez, al referirse a la demanda que hizo la multinacional canadiense contra la Nación por 700 millones de dólares, unos $2 billones, debido a los problemas que enfrenta para explotar las minas de Marmato (Caldas) y Segovia (Antioquia).
El reclamo de los mismos creadores de Pacific Rubiales es por la demora de las autoridades competentes, incluyendo la Agencia Nacional de Minería (ANM) y las alcaldías respectivas, para resolver los amparos administrativos que ha solicitado por años.
Oficio de ejecución
Piedrahíta Gutiérrez le da la razón a la firma, debido a que la Constitución Política indica que es una tarea que le corresponde a la primera autoridad municipal.
Calcula que ya van 62 resoluciones de la ANM para acatar esta ley. Dice que solo a este alcalde se le han expedido 14 resoluciones más unas 48 a anteriores administraciones.
Resaltó que el caso ya se llevó ante la Procuraduría Regional, y que existe la disponibilidad de 500 hombres para iniciar el proceso. Al alcalde solo le corresponde destinar $50 millones, del Fondo de Seguridad, para iniciar esta operación con la logística que se requiere.
Aseguró que enviarán un oficio a la Agencia Nacional Minera para que de forma directa ordene el operativo, amparados en el nuevo Código de Policía.
"No es solo desplazarlos"
El alcalde de Marmato, Julio Vargas Chica, sostuvo que en ningún momento se ha negado al desalojo, pero que hay que entender que no solo se trata de sacarlos, sin entender el problema social, debido a que unas 4 mil 500 personas dependen de esta actividad.
"Hay que empaparnos de la situación de Marmato. Yo llamo y cerramos todas las 34 minas, pero hay que entender el impacto no solo para el municipio, sino para Supía y Riosucio que dependen económicamente de los ingresos que aquí se generan por la explotación minera", sostuvo.
"No nos vamos"
Los mineros dicen que no se van. Rubén Darío Rotavista, presidente de la Asociación de Mineros (Asomitrama), reconoce que las minas son de Gran Colombia Gold, pero insiste en que las abandonaron hace algo más de 10 años y que la ley plantea que cuando una mina se abandona por más de seis meses, cualquiera la puede explotar.
Yamil Amar, presidente del Comité Cívico Prodefensa de Marmato, sostiene que el responsable es el mismo Gobierno nacional, que permite el acceso de una multinacional en la parte alta del cerro El Burro, zona de reserva especial para la pequeña minería.
El alcalde asegura que tocará todas las instancias para buscar una concertación, a través de la cual los mineros entreguen esos títulos, pero que tengan una alternativa laboral. La Gobernación afirma que no hay un plan B, solo desalojar.
Opinan
* Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez, secretario de Gobierno de Caldas:
"Muchas veces hemos hablado con el alcalde. Está supeditado a que los entes de control lo investiguen por no acatar una orden administrativa y a un fallo judicial".
* Julio Vargas Chica, alcalde de Marmato:
"Nos tiran la pelota. No podemos impedir un fallo de Ley, pero hay que tener en cuenta el problema que se viene encima. Les insisto en un diálogo para lograr desalojo pacífico".
* Yamil Amar, presidente del Comité Cívico Prodefensa de Marmato:
"Estamos una encrucijada. Lo que se quiere es que haya una estampida de los marmateños hacia otras regiones del país. Es impredecible lo que pueda suceder".
Accidentes mineros
Sin título los mineros se convierten en ilegales, por lo que tampoco les venden el explosivo, y acuden a artefactos artesanales, lo que ha generado accidentes, como las 12 muertes que se reportaron en el 2015, cuatro de ellos en Villonza. El año pasado murió otra persona en la mina El Pital, por un desprendimiento de roca.
Datos mineros
El censo del 2014 arrojó que en Marmato hay 537 minas, de las cuales 120 tienen títulos de minas de oro y metales preciosos. El 75% pertenece a la empresa privada y el resto es pequeña minería y de subsistencia. Hay 86 solicitudes de contrato pendientes, 80 de oro y metales preciosos, 3 de materiales construcción, una carbón y dos de otros minerales.
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