JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
"Obligan al pueblo a pasar grandes necesidades"...
"Es necesario suspender los pagos con estos nuevos ajustes"...
"La Alcaldía debe ampliar el plazo de los beneficios para pagar dicho impuesto".
Mensajes y reclamos como estos se escucharon ayer continuamente, durante el foro convocado en el Concejo de Manizales, bajo el nombre: "Implementación del Catastro Multipropósito: alcances y preocupaciones en Manizales".
Durante el encuentro, convocado por el Concejal del Partido Liberal, César Augusto Díaz Zapata, se reiteraron las quejas de la comunidad ante la actualización catastral que se hizo en la ciudad en un tiempo récord de casi tres meses, desde septiembre hasta diciembre del 2021, para revisar los 154 mil 902 predios urbanos.
El estudio fue hecho por la firma antioqueña Masora, con un contrato por un valor de $14 mil 808 millones 780 mil, de los cuales ya se le pagaron cerca de $10 mil millones, alrededor del 68%.
El malestar se centró en el corto tiempo de la actualización, sin visitar casa por casa, además del aumento de hasta el 300% en el avalúo y el incremento del impuesto predial con ajustes del 75% y el 135%, solo este año.
No era el momento
Según Díaz Zapata, aunque la actualización era necesaria, se debía entregar una información eficaz y eficiente, hecho que hoy no existe, pues los usuarios mantienen las dudas de un proceso que se hizo de espaldas a la ciudad. Recordó que paradójicamente la propuesta del avalúo se presentó en un plan de reactivación económica, produciendo un efecto contrario, aunque el Decreto 0128 del 2020 del Gobierno Nacional propuso aplazar un año más su actualización.
También reclamo que aunque la Alcaldía tenía que elevar un acto administrativo para notificar que ya había cerrado el proceso de actualización el año pasado con el fin de que tuviera efectos desde el 1 de enero del 2022, esto nunca hizo.
Descontextualizado
En las casi cinco horas que duró el encuentro, pasaron por el atril del Concejo cinco gremios, tres ciudadanos y siete concejales. Esto además de ocho funcionarios y expertos de la Alcaldía que defendieron los beneficios del catastro.
Por ello el concejal Luis Gonzalo Valencia, Partido Conservador, sostuvo que no se logró lo que querían con el foro, pues las Alcaldía trajo a varios delegados para hablar de las bondades del catastro, cuando la meta era saber cómo le van solucionar el problema a quienes no tienen con qué pagar esos ajustes y cómo le van a responder a la DIAN.
Julián Osorio, concejal del Partido Centro Democrático, insistió en que el encuentro se convirtió en un comité de aplausos, para un problema que apenas se inicia, pues se viene el proceso de actualización para la población rural, donde se incorporarán unos 12 mil predios.
Un concepto similar planteó Christian David Pérez, quien sostuvo que desde el año pasado el Concejo pidió que los beneficios se ampliaran hasta el 30 de junio, pero la Alcaldía dijo que no. Aún así, insistió que de continuar estas dificultades económicas se tendrá que presentar un nuevo proyecto de alivios para el 2023.
Al final los asistentes también criticaron la falta de propuestas concretas de auxilios y ampliaciones de plazos.
Estamos de acuerdo con la actualización, porque los beneficios son muchos, no solo se mejora el recaudo, sino que se obtiene una información más veraz. Lo que llama la atención es que después de contratar a Masora hubo poco tiempo para la actualización y expedir los recibos. Esperamos que los trámites se hagan rápido, se entreguen pronto las facturas y paz y salvos, porque nada nos ganamos con tener esto montado y seguir con los mismos problemas.
Faltó mayor información a la ciudadanía, que el proceso contractual se organizara más para que los tiempos se cumplieran, sumado a las quejas por la demora en las facturas. Lo importante es que haya mayor acceso a la información, más transparencia y que se aclare bien cuáles son los beneficios para tener claridad frente al proceso. La Alcaldía tiene la pelota en su cancha para mitigar el impacto de este cobro. Seguiremos vigilando este proceso.
A Masora ya se le pagaron $10 mil millones de $14 mil millones que vale el contrato y esa plata se perdió porque realmente no se hizo el trabajo, no ingresaron a las viviendas. Apenas ahora están tratando de hacer ese acercamiento. Lo advertimos hace tiempo, las cosas a la carrera no funcionan. Hoy lo que pedimos es que suspendan los cobros con dichos ajustes, que la Alcaldía sea más racional y se entren a revisar dichos ajustes, ante la actual situación económica.
Sí hubo una especie de vacío del porqué se omitió ese paso de ir a visitar a los predios. Hay que darle la bienvenida al salto tecnológico, pero con complemento a lo tradicional, como las visitas casa a casa. Además persisten las dudas de la fecha límite que se puso del 30 de abril. Se debería ampliar el plazo para que muchos gocen de ese descuento, más cuando en nuestros datos vemos que un integrante de cada 4 hogares no tiene para las tres comidas mínimas Al día.
La ciudad tenía que hacer un avalúo catastral, sin embargo, no era el momento con una pandemia y una regular situación económica. Es cierto que hubo un incremento desmedido del impuesto predial. El avalúo se debía hacer, pero de forma escalonada. No sé si hubo improvisación, pero sí se hizo de forma muy acelerada. En principio deberían ampliar los plazos para tener el beneficio económico del 15% y solucionar un poco la situación.
Santiago Gómez Morales, gerente general de Masora Manizales, insistió que el estudio fue preciso y arrojó datos reales. Explicó que los elevados ajustes se debieron a la desactualización catastral que tenía la ciudad, de unos 12 años, por lo que tuvieron que incorporar 23 mil 260 predios más. Aseguró que pese a a las quejas, hasta hoy solo han recibido unas 150 reclamaciones, de las cuales solo 5 han sido procedentes. Las demás han tenido un sustento claro de los ajustes.
El secretario de Hacienda, Jhon Alexánder Alzate, sostuvo que es normal que en un proceso de actualización catastral haya reclamos, pero insistió que a pesar de ello, el proceso ha sido inferior al indicador del 10% estimado. Reconoció que aunque es un tema impopular, los beneficios tributarios han mitigado este impacto, al punto que hoy ya han pagado 57 mil usuarios, de 130 mil en promedio. Consideró la opción de ampliar los plazos. Según el pago este mes.
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