Extinta zona franca se oferta por pedazos

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

De la extinta Zona Franca Andina y de la inversión que hicieron Inficaldas e Infimanizales por $20 mil 600 millones ya no queda nada. Solo recuerdos de un gran proyecto industrial que se cacareó hace 14 años y que en el 2011 recibió el permiso de construcción de la DIAN, como una zona que prometía beneficios significativos para el sector industrial.

Hoy, en esta área de unos 270 mil metros cuadrados, solo crece la vegetación, mientras se espera la venta del resto de los lotes en que se dividió para ofertarlo por partes.

El proceso de liquidación concluyó el año pasado, con la venta de 6 de 14 lotes por $11 mil 100 millones, el pago de acreedores, la devolución de $2 mil 300 millones a cada uno de los infis, y la entrega, o como se dice técnicamente, la adjudicación a los socios de los lotes restantes para que se hagan cargo de ellos.

La liquidación

Esto le permite concluir al gerente liquidador, Esteban Restrepo Uribe, que se logró un buen avance para terminar con este proyecto que se constituyó oficialmente en el 2009.

"El proceso de liquidación ya se hizo, la Zona Franca Andina ya no existe, las deudas están canceladas y se les respondió a todos los acreedores. Parte de la plata de la venta de estos lotes se les entregó a los socios y ya se iniciaron los procesos de enajenación", explicó.

Desde este punto de vista, los infis reconocen que el proceso fue positivo, aunque aún hay un faltante, ya que no alcanzan a recuperar todo lo invertido. En el caso de Infimanizales esa cifra se estima en unos $1.200 millones y en Inficaldas unos $1.400 millones.

La meta es terminar esas ventas por cuenta propia para recuperar parte de su inversión. Sin embargo, más allá de la liquidación, la crítica que prevalece es sobre la creación de la Zona Franca Andina (ZFA) y las inversiones que allí se hicieron.

¿Detrimento o no?

Desde un principio la Asamblea y el Concejo de Manizales reclamaron que hubo errores en las diferentes administraciones para poner en blanco y negro una inversión que generalmente realizan privados. El reclamo de varios diputados es que se iba a convertir en una zona franca pública, poniendo en riesgo el presupuesto municipal y departamental.

Algunos coincidieron en que hubo vicios de legalidad, ya que para constituirse debió pasar por la Asamblea y el Concejo, pero se creó sin estos permisos en la Gobernación de Mario Aristizábal Muñoz y en la Alcaldía de Juan Manuel Llano Uribe.

Por esa razón, el diputado del Partido Liberal Jorge Hernán Aguirre pidió un juicio de responsabilidades, para una inversión en la que se supone hay detrimento patrimonial.

Aún así, a estas horas no hay respuestas contundentes de este proyecto y las contralorías municipal y departamental aseguran que aunque se han efectuado varias auditorías, se está en el proceso de investigación para determinar si hay detrimento o no.

Aunque esta decisión está en manos de los entes de control, el mayor avance que se conoce hasta ahora es la apertura que se inició en la Contraloría Municipal de un proceso de responsabilidad fiscal, con presunto detrimento patrimonial por $10 mil 430 millones 359 mil.

De acuerdo con Ana Cristina Jaramillo Gutiérrez, contralora de Manizales, el proceso viene de una auditoría que se efectuó el año pasado, por lo que la coordinación de Responsabilidad Fiscal inició dicha investigación.

Juan Carlos Pérez Vásquez, contralor general de Caldas, resaltó el informe final de una auditoría que se inició el 15 de septiembre del 2018 y concluyó el 9 de noviembre del mismo año.

En dicho informe se encontraron 16 hallazgos administrativos, 1 con alcance disciplinario y 13 con alcance fiscal por $875 millones 722 mil 111.

Varios de estos hallazgos incluyen presunto detrimento patrimonial, incumplimiento en las actas de juntas directivas y omisión de los estatutos en el aumento de su capital autorizado. Por ello, se les dio traslado a la Procuraduría General de la Nación regional Caldas y al grupo de procesos de responsabilidad fiscal de la misma Contraloría.

Sin embargo, hasta ahora tampoco hay resultados, ya que se trata de procesos que podrían tardar mínimo dos o tres años.

Experiencia

Según los infis, es necesario entender que ellos no son ejecutores ni constructores de este tipo de proyectos, por lo que se plantea la necesidad de hacer una revisión minuciosa, con cierres y modelos financieros que permitan garantizar la recuperación de los recursos en el mediano y largo plazo.

Aunque Caldas ya perdió la oportunidad de tener zona franca, lo positivo que hoy destacan es que hay varias empresas que han adquirido parte de estos terrenos para ampliarse, lo que termina siendo un espacio atractivo e importante para la expansión industrial.

Lo lamentable es que se trata de otra inversión cuestionable en Caldas de la que se habló por muchos años, pero que tampoco se logró sacar adelante y se tipificó como un elefante blanco, motivo por el cual lo único que dejó fue trabajos y costos para recuperar esa inversión.

LA PATRIA consultó al exalcalde Juan Manuel Llano Uribe y al expresidente de Inficaldas Pedro Javier Misas, pero se abstuvieron de emitir algún concepto sobre este proyecto. Misas sí reiteró que está dispuesto a responder cuando sea requerido por algún organismo de control.

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¿Qué quedó?

* Luz Stella Cardona Mesa, gerente de Inficaldas

Lo que se ha tratado de garantizar es que Inficaldas recupere parte de la inversión. Los infis tienen una vocación de inversión en proyectos de ciudad y de región, pero hay que tener mucho cuidado de hasta cuándo permanecer o continuar con ellos. La inversión pública en el arranque de un proyecto es válida, siempre y cuando se tenga claro que tienen que entrar unos inversionistas adicionales para seguir con la obra. Cuando se invierte en un proyecto se asumen algunos riesgos, pero ya serán los entes de control los que tendrán que evaluar las decisiones que se tomaron.

* Andrés Mauricio Grisales, gerente de Infimanizales

Un hecho que se debe tener en cuenta es que si no hubiéramos liquidado zona franca, cada instituto hubiera tenido que aportar anualmente $500 millones para gastos de funcionamiento. Cuando llegamos vimos que era un proyecto que estaba cojo y por eso se paró, de lo contrario hubiéramos tenido que invertir unos $2 mil millones más desde el 2016. Hoy tenemos un desfase de unos $1.200 millones, pero si no hubiéramos liquidado, tendríamos otra incertidumbre. El mensaje es cuidar lo público y hacer una planeación estratégica y financiera clara donde se vaya a invertir.

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En contra de todo

El diputado liberal Jorge Hernán Aguirre sostuvo que este se convirtió en un proyecto que desde un principio estuvo en contravía de directrices regionales y nacionales, ya que aunque casi siempre son proyectos que están cerca de los mares, de los ríos de alta navegabilidad, de los ferrocarriles, de las vías amplias o de los aeropuertos, la zona no estaba en un sitio estratégico. "Otro asunto que llamó la atención es que el negocio comienza con un socio que es la Licorera de Caldas, que posteriormente se zafa de un lote y recibe dinero en efectivo. Los infis quedaron con unos lotes, a pesar de que su negocio o su naturaleza no es ser banco de tierras ni una inmobiliaria. Aún hay algunos terrenos que no sabemos si se van a poder vender o qué tanto se van a depreciar".

Insistió en que no existió una verdadera tasa de retorno, por falta de planeación, y además se defraudó la confianza de las empresas que creyeron en dicho proyecto y que querían tener unos beneficios tributarios. "En conclusión, fue un desastre de negocio aunque se advirtió. Ahora hay que preguntar cómo se recibieron esos lotes y cuánto cuesta seguir administrándolos", cuestionó.

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Corporación Cívica de Caldas, Camilo Vallejo:

Pasó lo que se había previsto. Este es un ejemplo de los típicos proyectos sin planeación, que generan detrimentos y pérdidas, ya que fue pensado con estudios muy precarios. Esa falta de organización debería implicar sanciones, porque cuando se habla de corrupción, no solo se habla de robar de forma dolosa, sino de negligencias que los funcionarios cometen y llevan a la pérdida de lo público. Por fortuna el proceso de liquidación permitió recuperar una parte de lo que allí se invirtió.

Darío Gómez, presidente Comité Intergremial de Caldas:

Desafortunadamente al perderse la licencia, el valor final de esa inversión quedó muy limitada. Lo único que uno ve hoy en día es que ya hay varias empresas que se están instalando, pero de forma desagregada. Fue un proyecto que se demoró mucho en arrancar, se dejaron vencer las licencias y permisos y cuando ya se quería continuar fue muy tarde. Se necesitó mayor planeación.

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Algo de historia

* 19 de octubre de 2009. Se constituyó la sociedad con un capital pagado de $11 mil 500 millones.

* Mayo de 2010. La Comisión Intersectorial de Zonas Francas solicita aumentar el valor del capital hasta ajustarse a $11 mil 845 millones.

* Junio de 2010. Ante la anterior petición se decide elevar ese capital a $12 mil millones, conformado en partes iguales por sus dos socios, Inficaldas e Infimanizales.

* 21 de julio de 2010. La Comisión finalmente aprobó el plan maestro de la zona.

* 10 de agosto de 2010. Se hizo la solicitud ante la DIAN para tener el aval final.

* 18 de marzo de 2011. Fue aprobada por la DIAN a través de la resolución 3458.

* Agosto del 2016. La Comisión Intersectorial negó una nueva prórroga.

* 25 de agosto del 2016. Se presentó el recurso de apelación. No hubo respuesta.

* 30 de diciembre del 2016. Se efectuó la inscripción en la Cámara de Comercio de Manizales para liquidar la Zona Franca Andina y el 2 de enero del 2017 empezó el proceso.

* 30 de diciembre del 2018. Concluyó oficialmente el proceso de liquidación.