MIGUEL ORLANDO ALGUERO
LA PATRIA | MANIZALES
La interventoría del deprimido de Campohermoso, la construcción del Hospital Veterinario de Manizales y la Estación de Policía de La Cabaña, las adecuaciones en escenarios deportivos e inversiones en infraestructura vial y educativa fueron proyectos que se paralizaron por el fallo del Tribunal Administrativo que declaró inválido el acuerdo que modificaba el presupuesto, aprobado en febrero.
Estas obras tienen vía libre para su ejecución, luego de que el Concejo aprobó ayer de nuevo el acuerdo que adiciona $34 mil 631 millones 455 mil 155 de recursos del balance, o dinero que no se ejecutó el año pasado. (Ver distribución por despachos en el info).
El proyecto obtuvo 13 votos positivos, tres negativos y hubo tres ausencias. Así, el presupuesto de Manizales alcanzó los $650 mil 57 millones 472 mil para la vigencia del 2019.
Impulso
Víctor Hugo Cortés, ponente del proyecto y concejal del Partido Liberal, sostuvo que este acuerdo fue de trámite porque ya el Concejo lo había aprobado en febrero. "Se efectuó para blindar jurídicamente las inversiones del presupuesto y para dar cumplimiento al fallo del Tribunal que lo invalidó por un vicio de trámite. Estas ejecuciones, que ya se efectuaron, gozaban de presunta legalidad".
Agregó que con este monto las secretarías podrán cumplir los indicadores del Plan de Desarrollo. La secretaria de Hacienda, Olga Lucía Gómez, indicó que luego de sortear este obstáculo jurídico se cumplirán las metas de la Administración y se continuará con lo programado en ejecución presupuestal.
"Teníamos contrataciones suspendidas. Apenas el alcalde lo sancione quedarán reactivadas para culminar los programas de esta Administración. Este dinero es para grandes obras en el último año de gestión".
Gómez aclaró que, aunque hubo un retraso de dos semanas en el cronograma, no se afectará la planeación de los proyectos de las secretarías, ni habrá inconvenientes en inversiones por la Ley de Garantías que se acerca.
Acusación
Al finalizar la sesión, el concejal Cortés aseguró que entre la Gobernación y la Alcaldía no hay armonía institucional. "Ellos tuvieron su interpretación sobre la norma, solo era un hecho de trámite. Invitamos a la Gobernación a apoyar los proyectos para el desarrollo de la ciudad y no que muestren un interés mezquino con estas decisiones. Acá los afectados con esto fallo son los manizaleños".
Ante estos señalamientos, la secretaria Jurídica de Caldas, Luz Marina Torres, afirmó que la Administración Departamental actuó conforme a las normas. "No tengo ningún pronunciamiento porque la Gobernación no seguirá este juego de acusaciones. Nuestro concepto está fijado en la revisión que hizo el Tribunal Administrativo".
Afán
* El 17 de mayo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas invalidó el acuerdo de modificación aprobado el 28 de febrero que agregó $49 mil 650 millones 669 mil al presupuesto del Municipio para el 2019.
* Una vez se ejecutó el fallo se suspendieron las contrataciones y se congelaron los recursos. Tras comprometer $15 mil 19 millones 213 mil 845 en diferentes proyectos, el presupuesto que se adicionó fue de $34 mil 631 millones.
*La Gobernación de Caldas interpuso la demanda. Esta entidad argumentó que entre el primer debate, celebrado el 25 de febrero, y el segundo, el 28 de ese mes, debió haber un espacio de tres días hábiles, lo cual no se cumplió.
* Así lo estipula el Artículo 73 de la Ley 136 de 1994, que establece que la segunda sesión solo puede realizarse desde el cuarto día. En este caso, la fecha para realizarla debía ser a partir del 1 de marzo.
* Como habían pasado dos meses de la aprobación, las 14 secretarías beneficiadas ya habían ejecutado el 30,2% de estos recursos en varios proyectos.
* De acuerdo con el fallo, las partidas gastadas antes de que se adoptara la orden gozan de presunción de legalidad. Las que no se invirtieron se incluyeron en el nuevo acuerdo.
* El ponente, Víctor Hugo Cortés, sostuvo que el afán de aprobar este proyecto obedecía a que había unos pagos pendientes que se retrasaron por la orden administrativa.
César Díaz, del Partido Liberal: Este inconveniente jurídico atrasó las inversiones en la ciudad en este último año de ejecuciones para la Administración Municipal.
John Robert Osorio, secretario General: Acatamos el fallo del Tribunal, pero hay una sensación de poca armonía institucional entre la Gobernación y la Alcaldía.
Jorge Alberto Betancurt, del Centro Democrático: Voté negativo porque sigo en la misma línea que he tenido con esta Administración. Hay proyectos que no comparto.
Andrés González Sierra, del Partido Conservador: Es un proyecto para subsanar el pasado que fue invalidado por el Tribunal. El primero lo voté negativo, este también.
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