JUAN CARLOS LAYTON
LA PATRIA | MANIZALES
A la par con el presunto detrimento patrimonial que encontró la Contraloría General de la República (CGR) en el contrato de concesión con Autopistas del Café, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta, insistió ayer en que esta firma le tendrá que devolver a los departamentos del Eje Cafetero cerca de $307 mil millones.
El debate se centra en que el contratista ya recuperó la inversión, debido al mayor tráfico de vehículos, motivo por el cual los recursos que siguen recaudando deberán revertirse al Estado.
La pretensión apunta a que esos dineros se inviertan en los distintos planes viales que hay por completar en Caldas, Quindío y Risaralda.
El mismo concepto lo comparte la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que el año pasado demandó la terminación del contrato, aunque el grupo Odinsa insiste en que por tiempo, la concesión va hasta el 2027.
Para Echeverri Piedrahíta ya se cumplió una condición del contrato que planteaba que cuando Autopistas recogiera determinada cifra de dinero, o cumpliera el tiempo, devolvería la vía al Estado. Los últimos datos indican que al 2015 recaudaron cerca de $1,9 billones.
Hoy, el proceso se encuentra en un Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, con el reclamo adicional de que las obras concluyeron hace mucho tiempo.
Más plata
De acuerdo con Echeverri Piedrahíta, los recursos que se devolverían pueden ser incluso mayores, pues mientras se adelanta esta discusión, la concesión sigue recaudando nuevos recursos.
Aunque el mandatario departamental se abstuvo de opinar sobre el concepto de la Contraloría General que registró 12 hallazgos administrativos y fiscales, resaltó que la concesión ya caducó. "No puedo afirmar que haya alguna situación que comprometa la honradez y la pulcritud con que Autopistas ha manejado la concesión. La Contraloría tendrá sus argumentos y Autopistas los suyos para defenderse", aclaró.
Su esperanza es que ese dinero se destine en obras en conjunto entre Caldas, Quindío y Risaralda, como la vía Mariquita-Manizales, hasta Pereira y Armenia, con proyectos que se podrían financiar.
"Simplemente esperamos que el Tribunal de Arbitramento falle pronto, y a partir de ahí comenzaría el pulso político para garantizarnos que esos recursos vuelvan a la región".
También reclamó por lo que dice el grupo Odinsa, con respecto a que las obras nunca van a terminar, pues siempre habrá nuevos proyectos por realizar.
Resultados en diciembre
El ministro de Transporte saliente, Jorge Eduardo Rojas, confió en que en diciembre esté fallado este caso, pues hay confianza en los argumentos jurídicos. "Si esto se logra, podríamos tener $1,5 billones nuevos en los próximos cinco años para invertir en Caldas, Quindío y Risaralda, y muchos sueños viales por esta espina dorsal del Eje Cafetero podrán ser realidad".
En el conflicto también medió el Concejo de Manizales, que le pidió al Invías y la ANI que se aclare la decisión del Gobierno frente a los fondos que se recaudarán en los peajes de San Bernardo del Viento, Pavas y Chinchiná, teniendo en cuenta que hacen parte de la jurisdicción de Manizales.
Para el concejal César Díaz, del Partido Liberal, lo más importante es que por lo menos se elimine un peaje, considerando que estas son las casetas más costosas del país. "En Manizales se paga el kilómetro más caro del país. Desde el año pasado propuse que el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, esté en el Concejo para que nos aclare esta situación", resaltó.
Presunto detrimento
De acuerdo con la Contraloría General existe un presunto detrimento patrimonial, debido a la ejecución del contrato que ha tenido 27 modificaciones y que afectaron el alcance básico de las obras, el valor y plazo inicialmente pactados.
Según el reporte, se establecieron 12 hallazgos administrativos correspondientes a presunta incidencia disciplinaria, 1 para indagación preliminar por pagos de comisiones fiduciarias mayores a los establecidos contractualmente y 6 con presunta connotación fiscal, por cerca de $63 mil millones de septiembre de 1996, equivalentes a $218 mil 485 millones de febrero de 2017.
El informe resalta que hay obras ejecutadas por fuera de los términos y la entrega de recursos al concesionario, correspondientes al 50% del valor que excede la línea de ingresos del contrato y que no hacen parte de la contraprestación.
Acuerdo del 2005
En un comunicado enviado ayer, la ANI sostuvo que el otrosí fue celebrado el 15 de junio del 2005 por el antiguo Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y no en el 2015 como señaló la CGR.
En el informe destaca que la ANI intentó que la concesionaria Autopistas del Café reconociera al Estado los recursos que se derivan de los desplazamientos de inversión y otros faltantes producidos por el concesionario, lo que no se logró. "En consecuencia la ANI, en defensa de los recursos del Estado, interpuso una demanda ante el Tribunal de Arbitramento el día 17 de mayo de 2016 cuyas pretensiones ascienden a $307 mil 576 millones del año 2016".
También resalta que se está promoviendo un plan de mejoramiento institucional que se debe presentar a la Contraloría, dentro del plazo fijado por ésta, el cual vence el 17 de agosto de 2017. "En tal plan, la Agencia manifiesta su disposición para obrar con sentido de alta diligencia con el fin de prevenir y corregir los problemas contractuales surgidos".
Algo de historia
* El proyecto se inició en junio de 1997 con una etapa denominada de diseños, para lo cual se demoraron 12 meses. En agosto de 1998 se efectuó el cierre financiero. Antes de hacer los primeros movimientos, instalaron una caseta de peajes en La Siria, lo que ocasionó la suspensión de la obra.
* Luego de la serie de tropiezos y las dos muertes que se presentaron en Chinchiná, debido a las manifestación ciudadana, la obra se cerró en agosto de 1998 por un lapso de 22 meses, hasta junio del 2000. A partir de esa fecha volvieron a reiniciar obras, con la nueva etapa de diseños, donde prometieron que se demorarían 52 meses, es decir hasta septiembre del 2004.
* Hoy, después de 20 años, el proyecto sigue en manos de Autopistas. El grupo Odinsa insiste en que la concesión va hasta el 2027.
Confianza en las instituciones
En un comunicado de prensa, Autopistas del Café sostuvo que el informe presentado incluye hallazgos que hacen parte de una investigación iniciada por la misma Contraloría en 2011 y al proceso arbitral que cursa en la Cámara de Comercio de Bogotá. Asegura que existen nuevos hallazgos que no son tan relevantes, sobre los cuales estarán atentos a presentar la documentación, aclaraciones y respuestas que les solicite la ANI. "Confiamos en las instituciones y respetamos el debido proceso por lo que nos acogeremos a las decisiones que se tomen en los términos de la ley", dice el comunicado.
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015