Contrato con Cerro Matoso, reto del Minminas

La renovación o no del contrato con Cerro Matoso S.A. es el principal reto que enfrentará el nuevo ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo. El plazo vence el 30 de septiembre.
La mina de Cerro Matoso está en la mira por las dudas que ha surgido alrededor de la prórroga del contrato 051 de 1996 hasta el 2029, para la explotación de níquel por la concesión que tiene la empresa Cerro Matoso S.A. de propiedad de la multinacional BHP Billinton.            
Múltiples han sido los escenarios en los que se ha debatido la conveniencia o no de prorrogar dicho contrato, uno es el Congreso de la República, pero será finalmente la Agencia Nacional Minera, que depende del Ministerio de Minas y Energía, la que de a conocer la decisión final.
En declaraciones previas a su posesión, el nuevo ministro de Minas y Energía, dijo “se revisa la prórroga de esta concesión minera que explota níquel de forma legal y se ha solicitado al Consejo de Estado revisar temas como las regalías, contratos de trabajo, temas de salud, y que a medida que se avance se informará qué medidas se tomaran al respecto”.
A propósito, el director del Parque Tecnológico de la Minería de la Facultad de Minas, de la Universidad Nacional, Antonio Romero, señaló que “si se suspendiera el proyecto hoy, Colombia no estaría en condiciones como país de formular una propuesta alternativa. Sin embargo, está en condiciones para negociar una mejor participación. Se cuenta con el personal técnico en Colombia que requeriría la compañía. Pero los grados de inversión que requiere un proyecto de esta magnitud son relativamente altos y en el país no hay el capital suficiente”.
El docente Romero aclaró que lo que sí puede hacerse es formar consorcios con participación de empresas nacionales: “Lo que estamos  proponiendo es que se favorezca la participación de colombianos o de capital nacional y que se trabaje junto con el capital extranjero”.
Por su parte, el docente e investigador Jorge León Pérez agregó que “no ha habido transparencias ni claridad en la información. Es un proyecto que lleva 30 años en el país y se gestó con el Gobierno en una época en la que había grandes dificultades y no era el mejor momento. De hecho, se firmó con unas condiciones muy generosas”.