Contraloría remite contrato del Huila a Procuraduría

La Contraloría Departamental anunció que se dará traslado a la Procuraduría General de la Nación sobre el caso de la fallida licitación con el Huila, donde la Licorera de Caldas participó bajo el nombre de Unión Temporal San Agustín, con solo el 1%, mientras que su socio, experto en ingeniería eléctrica, Furel S.A, lo hizo con el 99%.

De acuerdo con el contralor, Jorge Éber Wheeler, el objetivo es que esta advierta sobre las omisiones de la ILC, que darían mérito a un proceso disciplinario por la presunta vulneración de los principios de eficacia y economía, debido a que no se tomaron medidas frente a varios riesgos.

Entre los argumentos que ha planteado la Contraloría es que aunque se debía probar una experiencia de 10 años, con una distribución de unas 7,5 millones de 750 mililitros o su equivalente, Furel, que era el representante en la unión temporal, no podía acreditar dicha experiencia.

Eso unido a que el requisito jurídico no lo cumplió porque la póliza de garantía de seriedad.  

Por esto, el ente de control sostiene que dichos incumplimientos reflejan desorganización estructural, pues no es coherente que una empresa con una oficina jurídica y asesores externos del más alto nivel participe en un proceso licitatorio y sea descalificada por no cumplir con los requisitos que la habilitan. 

El contralor reiteró que los problemas de la ILC no solo son de las gerencias que han pasado por la entidad, sino de los mandos medios y las juntas directivas.

Varios diputados insisten que a la Contraloría también le cabe responsabilidad, por la lentitud en las investigaciones, sin mayores acciones o sanciones, que permitan transformar la entidad.