Contralora de Antioquia apoya apertura de fronteras

LA PATRIA

En el país no solo debería existir una apertura de fronteras para los licores nacionales, sino un respaldo mayor para impulsar su competitividad.

El planteamiento lo hizo ayer la contralora departamental de Antioquia, Luz Elena Arango Cardona, durante su visita a Manizales para reunirse con el contralor municipal, Lindon Alberto Chavarriaga, y explicar parte de los avances de los programas de su región y hacer intercambio de conocimiento.

En su visita, la funcionaria cuestionó el modelo que se aplica en el país de cierre de fronteras, por ejemplo entre las licoreras de Antioquia y de Caldas, pues lo único que hace es estimular la entrada de bebidas extranjeras, que sí pueden llegar a cualquier zona del país, y mejorar sus ventas.

"Nosotros ya no nos podemos cerrar al mundo, esto ya se globalizó y por eso la mejor forma de competir es haciendo las cosas con mayor eficiencia y calidad".

Contralores estudiantiles

Arango Cardona habló sobre el programa que se aplica en su región desde el 2009 sobre contralores estudiantiles, y que a la fecha suman 1.100.

También resaltó el avance de este plan en Caldas y en Manizales, pues en su concepto, a través de este tipo de programas educativos se crea la cultura de la cosa pública, y el interés por defender la transparencia en los procesos de su región, como principios éticos y morales.

"Es difícil acabar con la corrupción, pero si todos ponemos el granito de arena y nos damos cuenta de que no solo los organismos de control tienen que cuidar los recursos públicos, mejoraremos".

La contralora destacó el plan piloto que adoptan en su región sobre un software de gestión transparente, para la rendición de cuentas de los organismos de control y entidades del Estado, sobre los procesos de contratación.

Señaló que aunque los organismos no pueden aplicar el control previo, pues no se puede coadministrar, sí hizo un llamado para que los organismos adopten el control preventivo, de tal forma que se alerte sobre el riesgo del manejo del patrimonio público del Estado.