Colprensa | LA PATRIA | BOGOTÁ
A lo largo de su campaña electoral, el presidente Iván Duque prometió que una de sus principales armas para controlar hasta 50% de la evasión y la elusión fiscal, flagelo que se ha llegado a estimar hasta por más de $40 billones, sería el desarrollo de instrumentos de fiscalización digital que aprovechen el Big Data y la inteligencia artificial. Además, también se serviría de las bondades de la implementación de la factura electrónica, instrumento que empezará a ser obligatorio para más de 800 mil empresas a partir del primero de enero de 2019.
Más adelante, en el inicio de la discusión de la ley de financiamiento que prepara el Gobierno para obtener los $14 billones que le faltan al Presupuesto de 2019, tanto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como el director de la Dirección de Impuestos y aduanas nacionales (DIAN), José Andrés Romero, aseguraron en sus diferentes intervenciones que la reestructuración de la DIAN será uno de los ejes de dicha iniciativa legislativa.
Para cambiarle la cara a la administración tributaria, los retos por delante son grandes. El Ejecutivo no solo tendría que dotar a la entidad de la suficiente planta de personal, sino que también debería renovar el personal, modernizar los sistemas y mejorar la infraestructura, entre otros. Adicional a ello, se le deberían inyectar los recursos necesarios.
Del lado de la reforma tecnológica, la entidad necesitaría un sistema inteligente que le permita procesar toda la información para ser capaz de cumplir correctamente con sus funciones tributarias, cambiarias y aduaneras. El año pasado, la entidad recaudó $136,5 billones, siendo el IVA el gravamen de mayor contribución, con $31,9 billones. Sin embargo, el recaudo total del Gobierno está estancado en niveles de 14% del PIB desde hace años y además se estima que hay un hueco cercano a 38,4% en materia de renta y a 22,4% en IVA .
En ese sentido, se pudo comprobar que la DIAN ya se ha puesto manos a la obra para buscar el dinero que le permita esa modernización. Hace dos semanas, Romero le envió una carta a Carrasquilla en la cual le manifestaba su interés de iniciar el proceso de preparación para una operación de crédito por un monto de US$150 millones con el BID. En el texto, se decía que esta sería esencial para avanzar en la adecuación de la estructura organizativa, tecnológica y de procesos de la entidad con el fin de mejorar su efectividad y acercar la recaudación efectiva a sus niveles potenciales.
En concreto, uno de los reclamos de Pedro Giovanni Caro, vicepresidente nacional del Sindicato Nacional de Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Sinedian), es que la entidad necesita renovar el Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado (Muisca) con el que opera pues no ha generado los resultados esperados.
“La mejor opción para Colombia es que implemente un convenio con Corea del Sur para montar el sistema que ellos tienen allí, como ya lo hizo en su momento Ecuador. Se trata de uno de los más modernos del mundo y que nos lleva años luz. Además, también se deberían mejorar las instalaciones, los equipos, que se haga seguimiento satelital de carga…”, recalcó Caro.
Antecedentes
Por su parte, el presidente del Triunfo de la Unión Sindical de Trabajadores del Estado (Usted), Luis Ramiro Torres, hizo hincapié en que a lo largo de los años han sido muchas las veces en las que se ha hablado de reformar la entidad sin ningún cambio posterior.
“Al revisar las normas que han implicado cambio de estructura podría sintetizarse en que hay mucha indecisión sobre la estructura que debe tener la entidad. En algunos casos con un rumbo y en otros devolviéndose según el director de turno. Desde 1998, hay una inserción cada vez más importante de la Policía en la Dian, desde 2000 ha asumido cada vez más el lenguaje y una orientación hacia el servicio y se fracasó en el tema de funcionamiento de regionales”, opinó.
Otros aspectos
Otro de los puntos esenciales para el buen funcionamiento de la DIAN es el de ampliar su planta de personal. De acuerdo con un estudio de Función Pública, la entidad debería contar con 17.767 funcionarios para poder operar de manera adecuada.
“A pesar de tener 9 mil 600 funcionarios y estar en 52 ciudades, cuando se hacen los estudios comparativos con otros países, encontramos que países como México Chile y Perú, tienen casi el doble de funcionarios. Por esto, ya presentamos un proyecto a la Función Pública, soportado por un estudio serio de carga de trabajos que evidencia la necesidad de contar con 7.000 funcionarios más”, aseguró Romero.
Esta situación se agrava aún más cuando de esa planta actual de personal se estima que más de 40% de los funcionarios está próximo a pensionarse, es decir, que en dos o tres años se desvincularían de la entidad. Ante estas evidencias, el director de la Dian dijo en el Foro “Evasión Fiscal ¿Debe ser penalizada?”, elaborado por LR, que tiene la tarea de garantizar un relevo generacional con gente preparada para que los sucesores de esos funcionarios que tienen un valioso conocimiento aprendan de ellos.
Además, según un estudio elaborado internamente por la DIAN, si la planta actual de trabajadores se ampliara solo en 3 mil 074 personas, el recaudo tributario podría subir hasta en $6,7 billones.
El informe lo establecía de la siguiente manera: si la productividad anual de un servidor público en fiscalización tributaria es de $1.566 millones y se adicionan 2.710 servidores, la productividad ganada sería de $4,2 billones.
Adicionalmente, si a ello se le suma la productividad actual de la administración de cartera, que es $6.883 millones por 364 servidores adicionales, el resultado era de $2,5 billones y, por ende, la suma total de $6,7 billones.
Retos de la entidad
En aras de reducir la evasión, Romero también tiene planteado establecer normas adicionales para asegurar que los incumplidos paguen a la autoridad tributaria. En concreto, una de sus ideas que podría poner en marcha es la de empezar a penalizar con cárcel a todos los evasores de impuestos en el país.
“Es un tema de evolución y madurez del país. En 1997, se empezó con la cárcel para el contrabando y los agentes de retención. Después empezó a regir la cárcel para quienes recaudaban el IVA pero no lo consignaban y, en la Tributaria de 2016, se amplió para los que no cobraban ni IVA ni las retenciones teniendo que hacerlo”, dijo Romero.
Además de liderar la próxima ley de financiamiento en materia tributaria, también serán otros retos futuros de la administración tanto la implementación del sistema aduanero como la masificación de la factura electrónica, que debería estar lista para todas las empresas al comienzo del próximo año.
Respecto a este último, el director de la DIAN ha declarado que firmó un acuerdo con la compañía Microsoft para poder tener todas las facturas en la nube y garantizar que los servidores de la entidad no van a colapsar; y que también selló un acuerdo con el servidor de la implementación de la factura en Chile y en México para tener un proceso de alto nivel.
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